Problemas de salud en las campañas
La persistencia y agravamiento de los problemas del sistema de salud son un campo propicio para la autocrítica por parte de la candidata del oficialismo y para evitar la simple añoranza del pasado por parte de la candidata de la oposición. Ambas podrían hacer fácilmente propuestas que rebasaran los infructuosos esfuerzos y malos resultados de este sexenio. Hasta el momento poco se observa en las campañas en este sentido.
Entre 2018 y 2022 el número de personas sin derecho al acceso a los servicios de salud se elevó de 20 a 50 millones de personas. Esta situación coincide con la reducción de 46% de las consultas en el sector público para las personas sin seguridad social y el aumento del uso de los servicios privados de salud hasta ser los que mayoritariamente utiliza la población, ya sea con o sin acceso a los servicios públicos.
Los problemas del sistema de salud provienen en buena parte de su falta de recursos. Las pasadas administraciones tuvieron un gasto público en salud de alrededor de 2.9% del PIB, cuando el requerimiento para tener un sistema de amplia cobertura y calidad es más del doble. El gobierno actual no ha incrementado esa cifra e incluso ha tenido importantes subejercicios de su gasto en salud.
Otro problema del sistema público de salud es su fragmentación en múltiples instituciones (IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y otros), cada una con sus propias funciones de captación de recursos, regulación de actividades y prestación de servicios. Estos actores duplican funciones respecto a un sistema centralizado y tienen una pobre coordinación entre sí, dificultando que los recursos de unos puedan ser aprovechados por otros.
Finalmente, el sistema de salud da un trato diferenciado a los asalariados formales y sus familias respecto al resto de la población. Los primeros reciben en general mejores servicios en virtud de las contribuciones que realizan a la seguridad social junto con empleadores y gobierno, mismas que elevan el costo de la formalidad. Los segundos no ven cumplidos de la misma forma su derecho a los servicios salud, que se supone es universal.
Una propuesta sólida de mejora de los servicios de salud pasa por un compromiso claro de elevar sus recursos, idealmente aumentando en medio punto del PIB cada año lo dedicado al sistema, aunque al menos la mitad de esto podría alcanzarse en la siguiente administración. Esto permitiría reducir el gasto de bolsillo de las personas, particularmente el realizado por aquellos con menos con menos ingresos en emergencias médicas.
Por otra parte, si bien la centralización completa del sistema de salud es compleja, lenta y tal vez no sea deseable para todas las funciones, algunas tareas pueden avanzar. Por ejemplo, se puede centralizar la captación, administración y dispersión de los recursos a todos los participantes en el sistema y construir un organismo que obtenga y coordine la información sobre los recursos y beneficiarios de todas las instituciones involucradas.
Finalmente, otra propuesta a construir es el camino a la unificación de los servicios de salud para asalariados formales y el resto de la población. Esto significa ir financiando cada vez más los servicios de salud mediante impuestos generales en vez de contribuciones laborales y acercarse a un paquete único de servicios de salud para cualquier ciudadano mexicano, independientemente de su condición laboral.
La candidata oficialista no necesita una autocrítica feroz para construir una propuesta creíble, tan sólo comprometerse a un mayor financiamiento a la salud, anunciar mejoras administrativas clave y plantear un verdadero derecho universal a la salud. Se trata de trascender la condición laboral de las personas aliviando la carga de contribuciones de los trabajadores y dando fin al trato diferenciado a los usuarios de los servicios de salud públicos.
La candidata opositora, aunque menciona elevar el gasto en salud a 7.5% del PIB, requiere ir más allá del regreso del Seguro Popular. Este esquema, aunque centralizaba algunos recursos, mantenía la fragmentación del sistema de salud y el trato diferenciado respecto a los asalariados formales. Además, careció de mecanismos de información y monitoreo que evitaran desvíos de recursos y una ruta para converger a un sistema unificado.
Hasta el momento, en materia de salud, observamos una candidata reacia a reconocer los problemas, implicando con ello su continuidad, y otra planteando soluciones que quedan cortas.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
