Límites y Riesgos del Salario Mínimo
Hay tres indicadores clave del agotamiento de la política de aumentos del salario mínimo como instrumento redistributivo: el aumento en la inflación, el incremento en el desempleo y la expansión del trabajo informal. Al mes de septiembre, la información disponible muestra que todos ellos se han deteriorado. Esto no necesariamente significa que ya no hay margen para aumentarlo apreciablemente para 2026, pero sí que es prudente calibrar cuidadosamente su subida y tomar medidas para que su aumento sea sostenible con base en la productividad.
El aumento en los salarios mínimos eleva los costos de la mano de obra, particularmente donde se utiliza trabajo de baja calificación. Esto, sin embargo, no necesariamente se traduce en inflación, pues algunas empresas absorben tales aumentos al no ser una parte sustancial de sus costos o al participar en mercados poco competidos que les permiten mantener ganancias sustanciales. Las empresas intensivas en trabajo no calificado o en mercados competidos suelen trasladar los aumentos a los precios, a riesgo de desaparecer.
Al primer semestre de 2025, el cambio anual del índice del Costo Unitario de la Mano de Obra del INEGI había sido entre 1.6% en las manufacturas y 11.3% en el comercio al mayoreo. Dado que los servicios representan la mayor parte de la producción de la economía, el aumento en el costo de la mano de obra se sitúa cerca del 6%. Esto se ha asociado a una inflación subyacente (que descarta precios volátiles o administrados por el gobierno) del 4.28% entre septiembre de 2024 y el mismo mes de 2025, mayor que la registrada hace un año.
Por otra parte, los aumentos en el salario mínimo y su efecto sobre los costos laborales pueden desanimar la contratación de trabajadores. A mayor costo laboral hay más incentivos para sustituir el trabajo por procesos automatizados o de autoservicio. Los cajeros automáticos de pago en estacionamientos o las cajas de autoservicio en supermercados son formas de ahorrar trabajo y sus costos asociados. Esto puede traducirse en un incremento en la tasa de desocupación o en el número de trabajadores obligados a trabajar en la informalidad.
Para septiembre de 2025, la tasa de desocupación fue del 3%, ligeramente mayor que la registrada en el mismo mes de 2024. Sin embargo, la población subocupada, aquella que desea trabajar más de lo que su empleo actual le permite, se ha reducido, lo que hace suponer que aún no hay un efecto claro de reducción de las plazas de trabajo asociadas a los incrementos del salario mínimo. Aun así, el número de ocupados ha crecido en menos de un millón de personas por año, concentrándose en actividades con una remuneración entre uno y dos salarios mínimos.
Lo que es más preocupante es el incremento del trabajo informal. Del segundo trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2025 se perdieron 285 mil empleos formales y se crearon casi 400 mil informales. La tasa de informalidad laboral pasó del 54.2% al 54.9%, de septiembre de 2024 al mismo mes de 2025. Esto puede ser indicativo de que un gran número de empresas o decidieron pasar al sector informal o contrataron en condiciones de informalidad a un mayor número de trabajadores ante los costos del empleo formal.
La inflación, el estancamiento del empleo y el incremento de la informalidad no necesariamente obedecen al comportamiento del salario mínimo, pero le imponen limitaciones a su alza. Factores como la inseguridad pueden estar elevando los costos de las empresas, la incertidumbre económica puede frenar la creación de empleos, o regulaciones locales pueden desanimar el empleo formal. En cualquier caso, los riesgos de que el salario mínimo agrave estos problemas aumentan cuando los indicadores de estos rubros son desfavorables.
Si en el futuro se desea que las tendencias de la inflación, el desempleo o la informalidad no detengan los aumentos del salario mínimo, es necesario establecer los umbrales de tolerancia a estos problemas en el futuro inmediato. También se requiere que los subsecuentes aumentos se basen en políticas de incremento a la productividad, empezando por la inversión en infraestructura básica y la mejora de los servicios de salud y educación que permiten a las personas desempeñarse con un mayor capital físico y humano en su trabajo.
Rodolfo de la Torre
Ha sido Director de Movilidad Social del CEEY, Coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
