2026

El poder político del oficialismo no corre riesgos en 2026 y podrá ampliarlo con reformas como la electoral, pero el agotamiento del modelo de redistribución sin crecimiento podría sentar bases para un deterioro en las elecciones de 2027.
7 Enero, 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum en su primer informe de gobierno (Foto: Presidencia)
La presidenta Claudia Sheinbaum en su primer informe de gobierno (Foto: Presidencia)

La debilidad económica y política de México frente a los Estados Unidos definirá buena parte del escenario en el que se desarrollará el país en este año que comienza. Los cambios nacionales más significativos marcharán al ritmo que marque la administración del presidente Trump; aunque, internamente, proseguirá la concentración del poder gubernamental, el debilitamiento de quienes intentan desafiarlo y las políticas de redistribución sin crecimiento. Este esquema es insostenible, pero es difícil precisar si será crítico para las elecciones de 2027.

Mientras se estima que en 2025 los Estados Unidos crecieron a una tasa superior al 1.5%, México apenas habría superado el estancamiento absoluto. Para 2026, se espera que la economía estadounidense se desacelere y que, en consecuencia, las perspectivas de una recuperación nacional sostenida sean poco optimistas. Las tendencias favorables del consumo interno y las exportaciones evitarían que México tuviera una recaída económica en 2026, pero estos motores estarán debilitándose o serán seriamente amenazados, particularmente este último.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ya está formalmente en periodo de revisión y es de esperar que la administración del presidente Trump presione para ir más allá de nuevos requisitos de contenido estadounidense en las exportaciones de sus vecinos y una mayor apertura de los mercados a las empresas norteamericanas. Es muy factible que empuje en la dirección de una Unión Aduanera, donde Canadá y México no solo abran su comercio, sino que repliquen las medidas proteccionistas de los Estados Unidos hacia otros países, principalmente a China.

México ya ha comenzado a ceder a la presión estadounidense en materia comercial, pues elevará el arancel promedio que aplica a países con los que no tiene un tratado comercial del 10% al 35%. Esto cubrirá a cerca del 8.5% de las importaciones totales mexicanas, de las cuales el 75% provienen de China. Esta medida no solo afectará a los consumidores mexicanos, sino que puede reducir la competitividad exportadora del país al elevar algunos costos de producción nacionales, pese a que algunas empresas ganarían con una menor competencia extranjera.

Las presiones del gobierno de Donald Trump no se detendrán en lo económico. Siendo un año electoral en los Estados Unidos, los temas del crimen organizado y la migración indocumentada resurgirán con fuerza y probablemente conduzcan a acciones inusitadas. La reciente intervención en Venezuela es muestra de ello; y si bien México se encuentra en una circunstancia en donde la diplomacia, la negociación y cierta buena voluntad serán prioritarias en la primera parte de 2026, para el segundo semestre puede haber un escenario menos favorable.

Las nuevas concesiones de México a los Estados Unidos podrán tomar la forma de una política de combate al crimen organizado fortalecida, con gestos en donde incluso alguna figura política sea sacrificada, y donde la contención migratoria se recrudezca. Esto puede traer algunos beneficios internos, pero no se centran en la población mexicana, pues a Trump no le interesa la seguridad del país en sí misma, el combate a la corrupción o la expansión de las libertades políticas de los mexicanos, sino que no le lleguen problemas a través de la frontera.

La debilidad económica solo reforzará el impulso recaudatorio del gobierno y sus políticas redistributivas ante la necesidad de contar con más recursos y consolidar su apoyo electoral. El ánimo fiscalizador, sin embargo, puede ser selectivo para debilitar desafíos políticos, y la política salarial y de transferencias podría ser cada vez menos efectiva ante la pobreza. Sin crecimiento, eventualmente se agotarán las posibilidades de obtener más ingresos públicos, de que aumentar el salario mínimo no sea contraproducente y de que los programas sociales sean financiables.

El formidable poder político que ha alcanzado el oficialismo no corre riesgos en 2026 y podrá seguir incrementándolo este año con nuevas reformas, particularmente con la electoral. Sin embargo, el agotamiento de un modelo de redistribución sin crecimiento bien podría sentar las bases de un deterioro para las elecciones de 2027. No se avizora una crisis económica cercana que precipite un cambio político o viceversa. Estas cuestiones toman un tiempo difícil de precisar, pero el que no sea algo cercano no significa que sea improbable. 

Rodolfo de la Torre Rodolfo de la Torre Ha sido Director de Movilidad Social del CEEY, Coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.

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