Salario mínimo: ayer, hoy y mañana
*En coautoría con Edgar Pérez-Medina y Fernando Ricalde Zamora
En el 2014, el Gobierno de la hoy Ciudad de México reabrió la discusión a nivel nacional en torno al salario mínimo. Sus décadas de deterioro lo habían deprimido agudamente, y distaba de cumplir con la Constitución de 1917 al respecto: “ [el salario]…debía ser lo suficientemente alto para satisfacer las necesidades normales de la vida de un obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como el jefe de una familia”.
El estudio "Política de recuperación del salario mínimo en México y en el Distrito Federal” fue punto señero en detonar la discusión. Su desenlace -después de casi dos años de trabajo- fue la concertación a favor de elevar el salario mínimo de manera progresiva. La meta inicial era que fuese al menos suficiente para comprar la canasta básica, cuyo nivel calculaba CONEVAL. Con cambios importantes en el texto constitucional que rige los salarios mínimos realizados en 2016-17, la CONASAMI, bajo el presidente López Obrador, dio un notable y persistente impulso al robustecimiento del salario mínimo; impulso que continúa en la actual administración. (Ver Gráfico 1a y 1b).
La rápida recuperación del salario mínimo permitió un avance inédito en el abatimiento de la pobreza en el país. Como muestra la Gráfica 2, en la Zona Libre de la Frontera Norte éste superó las dos y media canastas desde hace dos años, En el resto del país, a mediados del 2026, su alza acumulada lo lleva a cubrir casi dos canastas básicas. Por demás importante, su recuperación es el factor que mayormente explica la caída de pobreza entre 2018 y 2024. (Munguía, 2025).
La meta fijada para el salario mínimo por la presidencia actual es que se eleve a cubrir 2.5 canastas básicas para el 2030. De celebrar, sin duda, pero recientemente enfrenta cuestionamientos. No hay quien pida cancelarla, pero algunos plantean pausar su avance. Otros apuntan a condicionarla a la evolución de la inflación o la productividad a fin de evitar -haciendo eco a objeciones de hace diez años- el llamado efecto faro. Hay objeciones un tanto nuevas, como las que señalan la extraordinaria reducción de la brecha entre el salario mínimo y la media o mediana de los salarios formales.
El propósito de esta nota es examinar la situación al respecto, y sugerir una ruta para que la política de salario mínimo continúe su orientación progresiva de mediano y largo plazo. Comenzamos con un breve recuento de la instrumentación y logro de la política del salario mínimo desde 2018; con énfasis en su evolución respecto a los salarios formales y a la línea de la canasta básica. En ese empeño se hace referencia al papel del Monto Independiente de Recuperación (MIR). Luego de identificar algunos puntos clave de la discusión actual, con liga a la productividad laboral, se cierra con una propuesta de política de salario mínimo; propuesta que exige asignar responsabilidades a ciertas instituciones del sector público y al sector privado, que van más allá de las que tiene y cumple CONASAMI.
El salario mínimo: ¿Cómo se instrumentó su firme repunte bajo la 4T?
2.1 El sustento institucional. El giro radical de la CONSAMI en el 2018 ha sido exitoso en abatir drásticamente la pobreza sin alterar la estabilidad nominal ni deteriorar el mercado laboral. Es reflejo del renovado consenso político y social al respecto, que se fue construyendo con anterioridad; consenso que se tradujo en el sexenio de Peña Nieto en profundas modificaciones legales, incluso constitucionales, ligadas al salario mínimo. Entre ellas destacan dos. La primera fue la creación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en enero de 2016, como unidad de referencia en pesos para desvincular “al salario mínimo de los cálculos de multas, créditos, impuestos, derechos y otras obligaciones legales…”, por cierto. incluyendo las pensiones.[1] La segunda innovación clave fue, a partir de diciembre de 2016, en que CONASAMI pasó a fijar el alza anual del salario mínimo con base en dos componentes: i) el Monto Independiente de Recuperación (MIR) anualmente determinado como un monto en pesos mexicanos (crucial no fijarlo en porcentajes), y ii) un alza porcentual que se aplica al Salario mínimo el año anterior más el MIR.
El diseño del MIR tuvo como objetivo que fuese un instrumento que contribuyese de manera significativa a robustecer el salario mínimo pero que, a la vez, repercutiese lo menos posible en los demás salarios. Para ello, por ley, se le excluía de toda negociación contractual de éstos. Ese diseño le da al MIR un par de rasgos peculiares. Por un lado, al no generar presiones inflacionarias vía efecto faro en otros salarios, su aporte al alza del salario mínimo empuja poco los costos laborales incluyendo el de la canasta básica. Por otro, al no repercutir en los demás salarios, tiende a recortar la brecha del salario mínimo frente a la mediana de ellos. En este proceso, qué tanto se reduce dicha brecha depende, en parte, del poder efectivo en las mesas de negociación de la clase trabajadora organizada y su dinámica sindical vis a vis la clase patronal. En parte de la política laboral en general.
La Gráfica 3 y la Tabla 1 muestran la evolución del salario mínimo nominal, en pesos corrientes, y su composición en la parte del MIR y la parte restante (calculadas por métodos alternativos). La gráfica hace un ejercicio contrafactual que distingue el alza del mínimo que se hubiera dado con base solo en el factor de fijación porcentual; y el resto se asignado como residuo al MIR. Bajo este método, el aporte acumulado del MIR es mayúsculo; tres cuartas partes.
Por su parte, los cálculos del monto -no acumulativo- en la Tabla 1 identifican un aporte anual del MIR entre el 5 y el 13% del salario mínimo; mucho menor pero significativo.
Tabla 1a. México: Salario mínimo y monto independiente de recuperación, 2016–26
(Pesos por día, ZSMG)
| Año | (1) Salario mínimo del año ($/día) | (2) MIR ($) | (3) MIR × factor de ajuste, (1 + factor) ($) | (4) Col. 2 como % de col. 1 | (5) Col. 3 como % de col. 1 | (6) Factor de fijación fijado por CONASAMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 73.04 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 4.2% |
| 2017 | 80.04 | 4.00 | 4.16 | 5.0% | 5.2% | 3.9% |
| 2018 | 88.36 | 5.00 | 5.20 | 5.7% | 5.9% | 3.9% |
| 2019 | 102.68 | 9.43 | 9.90 | 9.2% | 9.6% | 5.0% |
| 2020 | 123.22 | 14.67 | 15.40 | 11.9% | 12.5% | 5.0% |
| 2021 | 141.70 | 10.46 | 11.09 | 7.4% | 7.8% | 6.0% |
| 2022 | 172.87 | 16.90 | 18.42 | 9.8% | 10.7% | 9.0% |
| 2023 | 207.44 | 15.72 | 17.29 | 7.6% | 8.3% | 10.0% |
| 2024 | 248.93 | 27.40 | 29.04 | 11.0% | 11.7% | 6.0% |
| 2025 | 278.80 | 12.85 | 13.69 | 4.6% | 4.9% | 6.5% |
| 2026 | 315.04 | 17.01 | 18.12 | 5.4% | 5.8% | 6.5% |
Tabla 1.b Factor de fijación frente a la inflación (INPC, diciembre a diciembre)
(Diferencias en puntos porcentuales).
| Año | Factor de fijación de CONASAMI (col. 6) | Inflación del año previo (dic/dic) | Factor − inflación del año previo (puntos) | Inflación del mismo año (dic/dic) | Factor − inflación del mismo año (puntos) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016* | 4.2% | 2.13% | +2.07 | 3.36% | +0.84 |
| 2017 | 3.9% | 3.36% | +0.54 | 6.77% | −2.87 |
| 2018 | 3.9% | 6.77% | −2.87 | 4.83% | −0.93 |
| 2019 | 5.0% | 4.83% | +0.17 | 2.83% | +2.17 |
| 2020 | 5.0% | 2.83% | +2.17 | 3.15% | +1.85 |
| 2021 | 6.0% | 3.15% | +2.85 | 7.36% | −1.36 |
| 2022 | 9.0% | 7.36% | +1.64 | 7.82% | +1.18 |
| 2023 | 10.0% | 7.82% | +2.18 | 4.66% | +5.34 |
| 2024 | 6.0% | 4.66% | +1.34 | 4.21% | +1.79 |
| 2025 | 6.5% | 4.21% | +2.29 | 3.69% | +2.81 |
| 2026** | 6.5% | 3.69% | +2.81 | 3.45% | +3.05 |
Notas. la inflación del 2026 es la tasa anual a septiembre (3.45%), no un dato de cierre. Inflación del año previo.
Fuentes: Elaboración propia con base en fuentes diversas.
Hay consenso en que el alza histórica del salario mínimo en México de 2018 a la fecha, no detonó elevadas presiones inflacionarias, ni destruyó empleos, ni fomentó la informalidad laboral. La evidencia para la zona fronteriza tampoco detecta impactos adversos (Campos-Vázquez y Esquivel, 2021: Duval, 2026). Los brotes inflacionarios de 2021-22, post-pandemia tuvieron otro origen. Los incrementos contractuales de los salarios formales siguieron más a la inflación y al factor de ajuste fijado por CONASAMI, sin influencia perceptible de la evolución del MIR. Los puestos afiliados al IMSS pasaron de 18.5 a 22.5 millones entre 2016 y mediados del 2026 (Gráfica 4), a pesar del retroceso en 2020 por la pandemia.
El lento avance del empleo formal en estos años responde más a la debilidad persistente del crecimiento de la economía mexicana que a la evolución salarial. De hecho, en 2026 el PIB per cápita está apenas por encima de su nivel real en 2018.
Salario mínimo y mediana de salarios formales
El alza del salario mínimo -con su apoyo en el MIR- recortó brechas tanto con la línea básica de pobreza como con el resto de la estructura salarial (Gráfica 5). Frente al salario medio de los afiliados al IMSS, el mínimo pasó del nivel equivalente al 25.1% al de 50.2%. Frente a la mediana, de ser equivalente al 40.7% de ésta pasó al 64.3%. De 2018 a lo que va del 2026, el mínimo creció 153.3% en términos reales, y la mediana de salarios formales en 60.2%. El alza del poder adquisitivo del salario mínimo fue mucho mayor que la del resto de salarios, en parte gracias al MIR, pero también asociada a la debilidad de la clase trabajadora en las mesas de negociaciones contractuales.
Consecuencia de esta dinámica diferencial es la compresión de la distribución salarial en los niveles bajos. Los puestos remunerados con un monto de hasta dos salarios mínimos pasaron de ser 36% del total al 66% de éste. Esta compresión es objeto de preocupación, como han manifestado algunas organizaciones sindicales y empresariales. Según reportan, hay efectos adversos en cuanto a incentivos a la capacitación y a la promoción en niveles bajos de la escala. Otros advierten ciertos efectos fiscales también adversos sobre cargas del ISR.
Para fines de política pública es indispensable subrayar que la razón del salario mínimo respecto de la mediana ya supera el rango de 35%-60% que la OIT documenta para economías desarrolladas, y se acerca al umbral superior del de 50%-66% que identifica en muchos países. Como advierten diversos expertos, cuando el salario mínimo se acerca excesivamente -aunque no hay consenso sobre cuál es un umbral excesivo- a la media/mediana de los salarios formales se complica (más no se imposibilita) elevarlo con intensidad por sus posibles efectos adversos, en costos e inflación.[2] Al respecto, Banco de México (2025b) resalta que el MIR contuvo la repercusión del alza del salario mínimo en gran parte de la estructura salarial, salvo en la franja con salarios de hasta dos mínimos; que hoy concentra alta proporción de los asalariados formales. En otras palabras, en el contexto actual se acota el espacio para continuar con igual intensidad la trayectoria de fortalecimiento del poder adquisitivo real del salario mínimo, sin apoyo de otras medidas.
La meta presidencial es elevar el salario mínimo para que cubra 2.5 veces la línea de pobreza. En la zona de la frontera norte ya se satisfizo. Cumplirla en la Zona del Salario Mínimo General (ZSMG) exige que el salario mínimo general, de ahora al 2030, suba 25% más que lo que suba la Línea de Pobreza por Ingresos Urbana (LPIU). De manera muy burda, se requiere que en las cuatro ocasiones que le quedan a CONASAMI para decretarlo, el salario mínimo vigente para el año, suba alrededor de seis puntos más que lo que suba el costo de la canasta básica. Para complicar las cosas, recientemente la LPIU ha aumentado más que el INPC. Y se ve afectada proporcionalmente más que ésta con el encarecimiento (estacional o no) de los alimentos. Un tema ligado al espectro es la heterogeneidad regional en cuanto a cobertura del salario mínimo y compresión de la distribución salarial.
El reto de la CONASAMI, y en realidad del gobierno, es decidir qué combinaciones del MIR y del porcentaje de fijación permiten una trayectoria del salario mínimo en 2027-30 que amplíe su cobertura para llegar a 2.5 canastas básicas y, a la vez, dejar de recortar su rezago frente a la mediana/media salarial formal. Todo ello monitoreando la evolución de presiones inflacionarias y de los impactos adversos, arriba señalados, por la compresión de la distribución salarial en la parte baja. Lograrlo en el contexto actual, o más bien irlo logrando, es un desafío que exige coordinación con otras políticas públicas, entre ellas la industrial y la macroeconómica, y un ratificado pacto social comprometido con mayor bienestar de los trabajadores, tanto los que ganan el mínimo como los que no.
Al respecto, de las combinaciones de los instrumentos a disposición de la CONASAMI, el MIR cumplió su doble función de: i) robustecer el salario mínimo e ii) incidir lo menos posible en la pauta de los demás salarios. Diversos estudios indican que, dada la compresión salarial, en cuanto a su segunda función el MIR ha perdido parcial más no total relevancia. Será responsabilidad y mérito de CONASAMI decir cuánto se apoyará en el MIR en la transición al 2030. Una propuesta es reducir el MIR de forma gradual y predecible: en 2027, 75% del monto de 2026; en 2028, 50% del de 2027; en 2029, 25% del de 2028, y en 2030 cumplida la meta, dejarlo en “modo avión” hasta nuevo aviso. Es decir, sin suprimirlo del marco institucional.
Eliminar el MIR sería un error por cuatro razones. Primero, ya se ha demostrado que puede operar en cero. Segundo, porque permite ajustar el salario mínimo ante aumentos de la canasta básica superiores a la inflación general, sin modificar el factor porcentual que sirve de referencia para otros salarios. Tercero, porque eliminarlo obligaría a canalizar todos los incrementos mediante ese factor, con posibles repercusiones en las negociaciones salariales. Cuarto, porque restablecerlo, si volviera a ser necesario, exigiría nuevas reformas legales y acuerdos entre los sectores involucrados.
Así que, como el paraguas, es mejor tenerlo para cuando se necesite, aunque no se use por un tiempo. En ese caso, debe acompañarse de una cláusula explícita para su reactivación. Esta puede basarse en la evolución del poder adquisitivo del salario mínimo, de su brecha con la media/mediana del salario medio, o de consideraciones macroeconómicas respecto, por ejemplo, a la inflación y estado del mercado laboral.
En su toma de decisión sobre cómo combinar los instrumentos disponibles, es recomendable que CONASAMI cuente con estimaciones lo más precisas posibles de los riesgos y efectos de profundizar la concentración de trabajadores en los niveles salariales más bajos. El análisis de experiencias internacionales permitiría complementar la evidencia disponible para México y orientar mejor sus decisiones.
Salarios mínimos y productividad laboral
El lento crecimiento de la productividad laboral en México ha sido y sigue siendo una preocupación acuciante. Se le señala tanto como causa o consecuencia del lento crecimiento de la economía, y es intenso el debate en torno a sus determinantes. Y ahora cobra nueva relevancia en la discusión sobre la política de salarios mínimos y la meta fijada para éste.
Una de las principales críticas a los aumentos del salario mínimo es su creciente desconexión con la productividad laboral, estancada desde hace décadas. Según cifras recientes del Banco de México, entre 2019 y el segundo trimestre de 2026 el costo laboral unitario aumentó 25%, mientras la productividad permaneció prácticamente sin cambios (Informe trimestral abril-junio de 2026).
Sin pretender resolver el debate en torno a los determinantes de la productividad, las remuneraciones y la participación del trabajo en el ingreso nacional, la Gráfica 6 muestra que la productividad laboral en el país lleva décadas, literalmente décadas en letargo. Desde principios de los años ochenta, prácticamente no ha recuperado dinamismo, tanto durante el desplome del salario mínimo real y de la participación del trabajo en el ingreso nacional como durante los años de la llamada Cuarta Transformación.
Y la comparación se ve fatal respecto a su valor en 1981; ya no se diga lo que ha caído en relación a los competidores en los mercados mundiales de manufacturas. La Gráfica 6 revela, además, una estrecha relación de largo plazo entre la productividad laboral y el capital por trabajador. Ambos indicadores perdieron dinamismo desde principios de los años ochenta, aunque el deterioro de la productividad ha sido mayor. Para 2025, el capital por trabajador superaba apenas 4.4% su nivel de 1981, mientras que el producto por trabajador se encontraba 22% por debajo.
La conclusión es clara: para elevar sostenidamente la productividad laboral en México es indispensable aumentar el capital por trabajador mediante una mayor inversión en activos fijos. Cualquier estrategia para impulsar la productividad debe colocar en el centro la inversión pública y privada. Sin ella, difícilmente podrá lograrse una transformación estructural que permita a la economía alcanzar mayores niveles de productividad y crecimiento sostenido.
En consecuencia, de seguir la argumentación previa sobre la productividad laboral como obstáculo para seguir elevando el salario mínimo, la información reportada en la Gráfica 6 muestra que la solución al problema es menos responsabilidad del trabajador que de quienes deciden y ejecutan los proyectos de inversión: el sector privado y el público. Paradójicamente, no es el trabajador quien puede detonar ese proceso que lleva a la mejora sostenida de la productividad laboral. Es el empresariado junto con el sector público quienes tienen el papel central en el proceso de acumulación de capital, y de formación de marcos institucionales y climas de certidumbre propicios a la inversión. Sin más y mejores máquinas, plantas y fábricas, equipo e infraestructura, no hay forma de que adquiera dinamismo alguno. Impulsar la inversión en capital fijo es responsabilidad tanto del sector privado como del sector público.
Esto nos devuelve al desafío de alcanzar la meta del salario mínimo para 2030. La CONASAMI tendrá mayores posibilidades de lograrla si la política salarial se articula con una estrategia industrial que impulse la inversión en capital fijo. Este impulso elevará el producto potencial y -al subir el cociente capital trabajo- la productividad laboral, removiendo una complicación que algunos críticos han señalado. En esa misma dirección, la política industrial debería impulsar la eficiencia y competitividad de los sectores que producen los bienes y servicios de la canasta básica. A su vez, la política fiscal, en coordinación con las políticas agropecuaria e industrial, podría contribuir a mitigar el impacto de las fluctuaciones de precios de productos esenciales. Así, una mayor productividad ayudaría no solo a elevar los salarios, sino también a preservar su poder adquisitivo.
En otras palabras, alcanzar la meta del salario mínimo para 2030 y sostener sus avances en el largo plazo no puede depender únicamente de la CONASAMI. Se requiere una política integral de Estado que articule las políticas salarial, industrial, fiscal y de inversión. Más aún, impulsar sostenidamente la inversión pública y privada exige un compromiso compartido entre gobierno, empresarios y trabajadores. En otras palabras, un nuevo Pacto Social.
Este Pacto, esta política de Estado, deberá comprometerse a impulsar la inversión para insertar a la economía mexicana en una senda de crecimiento elevado y sostenido, con empleos formales y remuneraciones dignas, con especial énfasis en los salarios mínimos. Estos objetivos no son ajenos a los del Plan México. ¿Están ya sentadas las bases del Pacto Social necesario para alcanzarlos?
Referencias
Cabrera-Hernández, F., y Duval-Hernández, R. (2026). Minimum wage and job transitions in Mexico (IZA Discussion Paper No. 18443). IZA Institute of Labor Economics. https://docs.iza.org/dp18443.pdf
Campos-Vázquez, R. M., y Esquivel, G. (2021). The effect of doubling the minimum wage on employment and earnings in Mexico. Economics Letters, 209, 110124. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.110124
Gobierno del Distrito Federal. (2014). Política de recuperación del salario mínimo en México y en el Distrito Federal: Propuesta para un acuerdo nacional. Gobierno del Distrito Federal, agosto de 2014.
Moreno-Brid, J. C., Pérez-Medina, E., Márquez Calderón, A., Avelar Velarde, E., y Castolo Martínez del Campo, J. (2024). Salario mínimo en México: reto de la nueva administración. Economía UNAM, 21(61), 115–131.
Munguía Corella, L. F. (2025). El salario mínimo en México: hacia dónde. Nexos. https://www.nexos.com.mx/?p=84528
[1] Desde entonces el valor de la UMA se actualiza al inicio de cada año por INEGI, según el alza porcentual diciembre-diciembre del año previo del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), y se aplica “…para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores…”. (INEGI, 2026).
[2] Cuando el mínimo está muy por debajo -como era el caso mexicano en 2016- dichos efectos adversos son insignificantes (Campos-Vázquez y Esquivel, 2021).
*Edgar Pérez-Medina y Fernando Ricalde Zamora. Facultad de Economía, UNAM. Las opiniones son responsabilidad exclusiva de los autores.
Juan Carlos Moreno-Brid
PhD, Cambridge University; Maestría, CIDE; Matemático, UNAM. Profesor Titular C, Facultad de Economía UNAM, Investigador Nacional (SNII-III). Ex-Director Adjunto de CEPAL en México. Co-fundador de World Economic Association, miembro del: Grupo Nuevo Curso de Desarrollo (UNAM), Consejo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Instituto para el Desarrollo Industrial y la Transformación Digital (INADI), Global Development Policy Center- Boston University, International Development Economic Associates (IDEAS). Especializado en temas de desarrollo, crecimiento y políticas macro con énfasis en América Latina.
