El principio de Hazlitt: la factura invisible de mirar solo el aplauso inmediato

Para entender por qué tantas políticas económicas bien intencionadas terminan mal, basta volver a una idea formulada hace ocho décadas por Henry Hazlitt. En 1946 propuso una regla simple: las políticas públicas deben evaluarse por sus efectos de largo plazo y sobre el conjunto de la sociedad, no por su impacto inmediato ni por el beneficio visible para un grupo específico.

La regla sigue siendo ignorada. No porque sea errónea, sino porque incomoda. La política suele premiar lo contrario: medidas que producen resultados rápidos, generan titulares favorables y permiten al gobernante presentarse como contrapeso de un mercado descrito, casi por inercia, como abusivo. La economía, en cambio, no responde a narrativas. Responde a incentivos, restricciones presupuestales y decisiones cuyos efectos rara vez son inmediatos.

Hazlitt advirtió dos sesgos recurrentes en la política económica: el cortoplacismo y la miopía distributiva.

El cortoplacismo es el más evidente. Aparece en políticas diseñadas para mostrar resultados rápidos, aun cuando comprometan el desempeño futuro. Es habitual en periodos electorales: proyectos de infraestructura anunciados con ambición —hospitales inconclusos, carreteras sin mantenimiento, sistemas de transporte con viabilidad limitada— que luego se abandonan por falta de recursos o de prioridad política.

El mismo sesgo explica la recurrencia a subsidios y programas sociales generalizados, controles de precios o topes administrativos. Estas medidas suelen evaluarse por su efecto inicial: si el precio baja, si la inflación se modera o si se reduce la presión social. Cuando eso ocurre, la política se considera exitosa y el análisis se detiene.

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Los efectos relevantes aparecen después: cuando el subsidio o los programas erosionan los ingresos públicos, cuando la falta de mantenimiento deteriora activos existentes o cuando los controles generan escasez y distorsionan decisiones de consumo e inversión. Ese “después” rara vez tiene defensores. No produce beneficios políticos inmediatos y queda fuera del debate.

Por eso Hazlitt insistía en una virtud poco apreciada en la política: evaluar consecuencias en el tiempo. Preguntarse qué ocurrirá más adelante, quién absorberá el costo y qué incentivos se están alterando.

El segundo sesgo es menos visible, pero más rentable políticamente. Consiste en juzgar una política por el grupo que parece beneficiarse de manera directa, sin examinar el costo total ni su distribución real. Cuando una medida se presenta como favorable “al consumidor” o “a los más vulnerables”, el debate suele cerrarse. Las objeciones se leen como insensibilidad social. Hazlitt llamó a esto miopía distributiva: fijarse en el beneficiario inmediato e ignorar al pagador futuro.

El llamado “subsidio” a la gasolina en México es un ejemplo claro. No es una transferencia directa, sino una reducción parcial o total del IEPS aplicado a cada litro de gasolina y diésel. Cuando la autoridad fiscal otorga un estímulo, recauda menos impuesto; cuando lo retira, el gravamen vuelve a cobrarse completo y el precio final sube. El alivio es inmediato y políticamente atractivo, pero el costo se refleja en menores ingresos públicos.

Ese menor precio implica recursos que dejan de destinarse a mantenimiento carretero, transporte público o infraestructura que podría reducir la dependencia del automóvil. Además, el mecanismo es regresivo: los hogares de mayores ingresos, que consumen más combustible, capturan una mayor proporción del beneficio. En la práctica, el Estado renuncia a la recaudación para abaratar el uso del vehículo privado. Se protege al consumidor promedio, no al más vulnerable, y se sacrifica gasto público con retornos sociales más altos. Es miopía distributiva en versión fiscal.

Los controles de precios completan el patrón. Cada vez que un bien encarece, reaparece la tentación de “poner orden” por decreto. El efecto inicial suele ser el esperado: el precio se estabiliza y el alivio es inmediato. El gobierno aparece como árbitro eficaz. Pero los precios son señales. Cuando se suprimen, la respuesta suele ser escasez, menor calidad o desabasto. El costo no desaparece: se pospone.

El consumidor protegido hoy es el mismo que mañana enfrenta menos opciones y precios más altos cuando el control se vuelve insostenible. Ese mañana rara vez ocupa espacio en el debate público. No es un problema de implementación, sino de análisis. El error de fondo es confundir intención con resultado. Que una política busque ayudar no garantiza que lo haga. Que sea popular no la vuelve correcta. Que alivie hoy no la hace sostenible.

El principio de Hazlitt exige responsabilidad: evaluar políticas más allá del aplauso inmediato y reconocer que toda decisión pública implica costos. La pregunta relevante no es si una medida ayuda, sino a quién beneficia, a costa de quién y durante cuánto tiempo.

El cortoplacismo no es solo un error de diseño: es un desperdicio de recursos escasos. En México, durante años se privilegió la estabilidad inmediata, postergando sus consecuencias. Hoy, ese largo plazo empieza a alcanzarnos. Las presiones fiscales aumentan, los márgenes se estrechan y las soluciones fáciles se agotan. Pensar a largo plazo, en una política dominada por la narrativa y el gesto, se ha vuelto incómodo, aunque cada vez más necesario.