El foco de atención
El presidente López Obrador enfrenta severos problemas sociales y económicos y sin embargo goza de una considerable aprobación general de su mandato.
Esto lleva frecuentemente a investigar e intentar conciliar las discrepancias entre resultados y percepciones, lo cual es comprensible. Sin embargo, más importante que ello es reenfocar el análisis en las políticas públicas de este gobierno, pues de ello se deriva establecer si el país continuará o no por una senda catastrófica.
En lo que va de 2020 los homicidios y feminicidios en el país se encaminan a sumar 25 mil asesinatos, el número oficial de fallecimientos por COVID-19 se aproxima a las 90 mil muertes y el aumento en la pobreza se estima para este año en más de 10 millones de personas. Estas tragedias se situan en niveles nunca antes vistos en las administraciones recientes, con lo que los ciudadanos se enfrentan a riesgos de seguridad, de salud y económicos traducidas en expectativas de un peor futuro.
Al mismo tiempo que se presenta uno de los peores momentos para la vida del país, la aprobación presidencial se sitúa en 59% de los encuestados, de acuerdo al promedio de diferentes sondeos sobre el el tema. Esta cifra, aunque inferior a la que en su momento registró Felipe Calderón, similar a la de Vicente Fox, y significativamente superior a la de Peña Nieto, ha venido disminuyendo desde inicios de 2019, pero aún resulta notablemente elevada para las circunstancias.
Sin prejuzgar sobre lo adecuado o no de las medidas adoptadas por este gobierno y la posible trayectoria de su grado de aceptación ante sus retos, se pueden establecer cuatro combinaciones posibles entre políticas públicas y la aprobación presidencial: inadecuadas medidas con baja aprobación del presidente, adecuadas medidas gubernamentales con baja aprobación presidencial, adecuadas medidas con elevada aprobación del presidente e inadecuadas medidas gubernamentales con elevada aprobación presidencial.
Las primeras dos, aunque no se materializan hoy, dada la considerable popularidad del presidente, son útiles como referencia. Un gobierno que hace mal las cosas y es sancionado con la reprobación pública es una buena noticia dentro de una democracia. Si, eventualmente, esto se traduce en pérdidas electorales, la sanción se convierte en una obligada corrección de rumbo.
Este camino, sin embargo, se puede modificar aún si llegara a ser uno de políticas públicas adecuadas, aunque cuyos resultados no alcanzara a percibir el electorado. Esto es precisamente a lo que se refiere el segundo escenario.
Desaprobar a un gobierno, aún con medidas que son en último término correctas es una falla posible para un sistema democrático, al cual le convendría estar en la tercera combinación de elementos, con aprobación pública de transformaciones benéficas.
Sin embargo, la peor combinación posible de circunstancias es la de un gobierno cuyo manejo de los asuntos públicos es en detrimento del bienestar social y aún así goza de aceptación generalizada. Esto significa que la posible corrección de rumbo llegaría una vez que las acciones de gobierno han hecho un daño considerable.
Buena política pública no es sinónimo de elevada aceptación ciudadana, ni viceversa, y aunque la aprobación presidencial no se traduce mecánicamente en votos para sus acciones o sus aliados, puede jugar un papel crucial para la continuación de las medidas gubernamentales en juego.
Es por ello que, independientemente de los recursos desplegados para mantener la aprobación ciudadana por parte del presidente, el foco de atención debiera estar en la calidad de las políticas públicas que pueden prolongarse en el tiempo.
En particular cabe preguntarse si la militarización es la respuesta adecuada a la inseguridad, si la prioridad presupuestal dada a la salud se está traduciendo en un manejo adecuado de la pandemia, y si se está enfrentando la crisis económica con todo el énfasis que merece. Las respuestas no son positivas, pero corresponden al rumbo favorecido, hasta hoy, popularmente.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
