Políticas públicas

Ola de violencia no parará la inversión en el Bajío, dicen expertos

En los últimos 3 años se incrementó fuertemente la tasa de incidencia delictiva en el Bajío, particularmente en Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Guanajuato.

03-02-2022 07:12 Por : Arena Pública
En todo el país, incluido el Bajío, la incidencia delictiva ha crecido en los tres últimos años (Foto: Gobierno de Zacatecas)
En todo el país, incluido el Bajío, la incidencia delictiva ha crecido en los tres últimos años (Foto: Gobierno de Zacatecas)

La ola violencia que estalló en la región del Bajío no asustará a la inversión, la región estrella del desarrollo económico de México; opinan expertos en seguridad pública.

Recientemente la situación de seguridad en el Bajío quedó bajo los reflectores luego que se dieran a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en la que ciudades como Fresnillo, Zacatecas se posicionaron como una de las más inseguras a ojos de su población por las olas de violencia que se desataron visiblemente en 2021.

Si bien algunos analistas económicos y líderes de gremios empresariales han expresado preocupación que la inseguridad pudiera convertirse en un detrimento para la llegada de más inversiones a la región en el futuro, especialistas en seguridad pública afirman que la violencia que se está experimentando en el Bajío probablemente hará poco para desincentivar el desarrollo económico.

“La violencia ciertamente no ayuda” a fomentar inversiones en un país o una región, dice Alejandro Hope, especialista en políticas de seguridad pública, pero “no creo que sea el motor central de las decisiones de inversión. Y no creo que alguna vez lo sea. Por ejemplo, en Colombia  la inversión creció incluso en los peores momentos de la guerra contra Pablo Escobar”, recuerda Hope.

“Si pensamos en la inversión de un ciudadano o de una empresa pequeña o mediana, pues obviamente una crisis de violencia sí espanta la inversión, porque quien tiene 100, 200 empleados o menos no tiene los mecanismos ni las condiciones para enfrentar la extorsión o la presencia del narco”, asegura Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

“En el caso de las grandes empresas transnacionales, que son al final de cuentas las que generan el mayor nivel de inversión, para ellas en realidad [la violencia] es un costo de operación”, agrega Rivas.

De hecho, los altos niveles de violencia podrían estar ligados al proceso de desarrollo de la región. “La violencia en el Bajío habla, de alguna manera, de la articulación entre los mercados legales e ilegales, y específicamente las cifras en violencia letal habla de acuerdos entre el mundo lícito y el ilícito que se rompieron o que se están por negociar, […] y que tienen que ver con el control por parte de actores criminales de actividades tanto legales como ilegales”, dice Romain Le Cour, coordinador del área de Seguridad y Reducción de la Violencia en el think tank México Evalúa.

Este fenómeno es más evidente en entidades como Michoacán y Jalisco. Varios estudios han documentado la acción directa de grupos criminales organizados que, mediante el despojo de tierras y la tala ilegal, buscan extender los campos productivos de aguacate, un producto que ha continuado rompiendo récords de exportación a los Estados Unidos. La relación entre los mercados lícitos e ilícitos en estas actividades de alto valor sería tan influyente, que incluso se ha planteado la teoría que el crimen organizado es una de las tantas razones detrás del alza de precios en algunos productos agropecuarios.

Y el panorama a futuro pinta oscuro: “No creo que haya razón para suponer que veremos un cambio de tendencia en el corto plazo. No hay una política nacional con foco en algunos de los principales delitos”, apunta Alejandro Hope. Más importante aún, las condiciones están dadas para que la violencia continúe escalando en intensidad en el mediano plazo.

Solo en el caso de Michoacán, el mismo gobierno ha reconocido su incapacidad para resolver sus retos de seguridad rápidamente. Y el cansancio entre la población en general ha llevado incluso a que se formen grupos de autodefensa entre los trabajadores del campo en respuesta a la inacción del gobierno, que a su vez pueden detonar más enfrentamientos violentos en las entidades.

Además, de acuerdo con el experto de México Evalúa, la violencia es la forma en la que se expresa la competencia en un mercado ilícito. “Si hoy en día te quieres meter a extorsionar o explotar del limón, del aguacate, del huachicol en el Bajío, enfrente de ti seguramente tendrás un competidor dispuesto a usar medidas y niveles de violencia altísimos, por la evolución de los mercados criminales del país en los últimos 15 años”, explica.

Se acelera violencia en el Bajío... y en el país

El Bajío es una región de gran peso económico en el país. Solo considerando el Producto Interno Bruto (PIB) de los siete estados que conforman el Bajío (Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Michoacán y Zacatecas), la región aporta el 20% del valor agregado bruto, de acuerdo con cifras del Inegi.

Aunque los expertos en seguridad coinciden que esta región del país históricamente ha tenido problemas de seguridad, también advierten que los problemas se han acelerado en los últimos años. Una tendencia paralela a lo que se observa en la realidad nacional.

En los primeros 36 meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la tasa acumulada de carpetas de investigación abiertas por homicidio doloso crecieron en 67.9% respecto a la tasa acumulada para los tres primeros años del sexenio de Enrique Peña Nieto, según el Análisis de la incidencia delictiva 2021 del ONC.

La tasa nacional acumulada de carpetas de investigación abiertas en los primeros tres años de gobierno de AMLO fue 98.6% más alta en comparación a la primera mitad del sexenio de Felipe Calderón. Es decir, ahora hay un mayor registro de delitos que durante la auto-proclamada “guerra contra el narco”, de acuerdo con el mismo reporte.

Incluso si se contrasta la tasa nacional acumulada de carpetas de investigación abiertas del arranque del gobierno de AMLO con la tasa al inicio de la administración de Calderón para los delitos de Extorsión, Robo con violencia, Robo a negocio y Violación, también se perciben cambios de doble dígito porcentual, aunque menos radicales.

Que durante el sexenio de AMLO se esté viendo una ola de violencia más intensa que durante la guerra abierta contra el narco responde a que, de acuerdo con Francisco Rivas, a pesar de los fallos de la política de Calderón, se tenía “una respuesta institucional a la violencia ejercida por los grupos delictivos. Lo que no funciona es no tener una estrategia, dar mensajes contradictorios en torno a lo que se espera del rol del estado frente a los delitos”.

Pero a pesar de que esta ola de violencia bajo AMLO es un fenómeno nacional, destaca la situación del Bajío. “Es realmente uno de los epicentros de la violencia en el país” asegura Romain Le Cour. “Si hiciéramos un mapa de asesinatos del país, el Bajío concentra una incidencia delictiva particularmente preocupante”, agrega.

En los tres primeros años del gobierno de AMLO la tasa de incidencia promedio de homicidios en casi todos los estados del Bajío por 100 mil habitantes, mostró un incremento sustancial respecto a los tres últimos años del gobierno de Peña Nieto, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Consejo Nacional de Población (Conapo).

Particularmente graves son las evoluciones de Zacatecas, Michoacán y Guanajuato, donde las tasas de incidencia promedio de todos los homicidios incrementaron en 48.99%, 25.76% y 24.82% entre 2016-2018 y 2019-2021, respectivamente. También la incidencia de otros delitos letales, como los feminicidios, al igual que actividades criminales que tienden a afectar a las empresas, como el fraude, la extorsión y las amenazas, muestran un comportamiento al alza en su tasa de incidencia promedio.

A eso hay que sumar que el panorama que pintan estas cifras probablemente es en realidad mucho peor. “Para la gran mayoría de las categorías de delitos, existe un subregistro [en el SESNSP]. Esos datos no son la ocurrencia de los delitos, sino los que llegaron al sistema de procuración de justicia y que además derivaron en el inicio de una investigación penal” advierte Paul Frissard, investigador senior del programa de Seguridad y Reducción de la Violencia de México Evalúa.

Si bien en el Bajío se reconoce como una zona con actividades productivas parecidas y un desarrollo industrial similar entre los estados que la integran, esta relativa homogeneidad no se expresa en sus desafíos de seguridad. Mientras que en Guanajuato hay una actividad criminal más ligada en sus inicios al huachicol, en Michoacán se tiene el doble problema de la agroindustria y el narcotráfico, mientras que a Jalisco lo asedian los conflictos que rodean al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y en Zacatecas enfrenta cada vez más homicidios.

Pero, apunta Paul Frissard, en medio de esta heterogeneidad “el Bajío pinta el mapa de rojo más que en otras partes de la República. Tenemos una predominancia de municipios donde creció la violencia letal y no se redujo, comparando el primer trienio de AMLO y el último de Peña Nieto”.