Las iniciativas de Sheinbaum
En la última semana, la presidenta Claudia Sheinbaum envió dos iniciativas de ley de la más alta importancia para la economía del país.
El miércoles de la semana pasada envió al Senado una iniciativa para expedir una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión; y el viernes despachó también al Senado una iniciativa para reformar la Ley Federal de Competencia Económica. Ambas iniciativas son consecuencia del paquete de 20 reformas constitucionales que lanzó el presidente López Obrador durante el último año de su mandato, y que ha retomado la presidenta Sheinbaum, prácticamente a la letra.
Sobre estos textos, habrá mucha que tela que cortar en los próximos días, con un gran ruido político -por cierto- que ya domina los medios y las redes sociales, de uno y otro bando.
Aquí, solo quisiera apuntalar dos primeras ideas acerca de las iniciativas que, si seguimos el curso de las anteriores, seguramente serán aprobadas sin cambios en lo esencial en los próximos días y semanas.
La primera: Las iniciativas dejan en claro que la desaparición del IFT y de Cofece se dio por razones de control político. En una lectura atenta de ambas iniciativas se advierte que la intención era eliminar la autonomía constitucional que ostentaban el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Y es que los textos que el Ejecutivo envió al Congreso no son nuevos, son prácticamente los mismos que los contenidos en las leyes actuales.
Las iniciativas plantean algunas modificaciones al diseño institucional de los anteriores organismos, ciertas adecuaciones normativas y modificaciones en los procedimientos, pero nada que no se haya podido hacer desde el legislativo con los organismos autónomos.
La segunda: Las iniciativas responden a una política del gobierno de mayor intervención estatal en la economía. La conformación de un organismo transversal poderoso, como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y de un organismo antimonopolios que responden al Ejecutivo, sin ningún contrapeso ni rendición de cuentas, solo agiganta la figura del Poder Ejecutivo frente a los ciudadanos y a las empresas. Un caldo de cultivo para la corrupción entre los poderes políticos y económicos.
Esperar que las iniciativas se modifiquen sustancialmente en un Congreso dominado por el oficialismo es una ingenuidad. Lo mismo que esperanzarse en las prometidas mesas de diálogo para la nueva ley de telecomunicaciones. No ha ocurrido en los últimos años.
Si bien hay empresarios locales que gustan jugar con estas reglas del capitalismo de cuates, que se reforzarán con estas leyes; lo cierto es que ambas iniciativas, junto con la reforma judicial, serán nuevas barreras institucionales para el crecimiento económico y que deberán sopesar los inversionistas.
¿Y los jueces?
Con una agencia antimonopolios dominada de principio a fin por el Ejecutivo, también habrá que imaginar a los empresarios defendiendo sus casos frente a los nuevos jueces de competencia económica surgidos de la reforma judicial, con escasos conocimientos en la materia y/o con ‘padrinos’ que los pusieron allí.
La neta
Hasta ahora, ¿cuál es el resultado neto para México del diálogo con el gobierno de Trump en materia de aranceles, más allá de una narrativa de no confrontación?
*Esta columna se publica simultáneamente en diversos diarios del país de Organización Editorial Mexicana, OEM.
Samuel García
Editor y economista. Fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y 'El Universal'. Director fundador de 'Infosel'. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Máster en Periodismo Digital. Columnista, comentarista y consultor para diversos medios en México.
