La Audiencia Nacional imputa a la constructora FCC, de Carlos Slim, por sobornos de hasta 82 millones en Panamá
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a FCC, constructora participada por Carlos Slim y Esther Koplowitz, por delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales.
La investigación pone el foco en el presunto pago de comisiones de hasta 82 millones de euros en Panamá para la adjudicación de líneas del metro y un complejo hospitalario entre 2010 y 2014, pesquisas que salpican también a la empresa Odebrecht, gigante brasileño de la obra pública tras el que se ocultaba una de las mayores redes corruptas de Latinoamérica.
En el caso de FCC, el juez se apoya en el relato de la Fiscalía Anticorrupción para explicar cómo tres de sus mercantiles constituyeron un consorcio con la multinacional Odebrecht que participó en el concurso de obras en Panamá. Moreno dirige así el procedimiento contra FCC Construcción S.A, FCC Construcción Centroamérica SA. y Construcciones Hospitalarias SA., que disponen de cinco días para designar representante, abogado y procurador.
Como adelantó El Confidencial, Anticorrupción investiga desde 2017 las adjudicaciones que logró este consorcio -un 55% de Odebrecht y un 45% de FCC-, causa que se abrió a raíz de la querella contra un asesor jurídico Odebrecht.
Los primeros indicios, corroborados con información aportada por las autoridades suizas, revelan que los participantes en las contrataciones amañadas, todos ellos altos directivos de FCC y Odebrecht, diseñaron un esquema de corrupción que consistió en sobredimensionar el suministro de acero necesario para las obras de las dos líneas de metro y de la Ciudad Hospitalaria de Clayton, facturándolo así al doble de su precio real.
"Los indicios revelan una transgresión radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente a la libre y recta competencia en la contratación internacional”, subraya el magistrado.
De esta forma, la red obtuvo los fondos necesarios para pagar dádivas a empleados y políticos de Panamá, desvío de dinero que se hacía a través de sociedades pantalla administradas por directivos de FCC y de Odebrecht.
"Los indicios revelan una transgresión radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente a la libre y recta competencia en la contratación internacional”, subraya el magistrado
Cuatro personas ya han declarado en el juzgado como investigadas por delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales: "Actuaron desviadamente durante cuatro años, periodo temporal en el que se comprometió el pago de más de 82 millones de euros, a través de transferencias de las propias cuentas de la mercantil FCC, contabilizadas y visadas con varias firmas y autorizaciones de su cúpula directiva”".
Tras tener conocimiento de la investigación, la propia FCC entregó en 2019 dos denuncias en las que apunta además a que varios altos directivos de estas mercantiles, todos ellos ya cesados, también incurrieron en prácticas corruptas en trece obras que licitaban en Panamá, Costa Rica, Salvador y Nicaragua.
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Entre los políticos a los que salpica la investigación, la propia responsable de la asesoría jurídica de FCC aseguró el pasado julio ante la Fiscalía que "los documentos que adjuntaba a la denuncia habían servido de cobertura formal para la salida de fondos de la compañía hacia Mauricio Cort como testaferro de Martinelli, ex presidente de Panamá, para el pago de comisiones exigidas por este último para permitir a FCC operar en Panamá".
Pero sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda corresponder a los exdirectivos que "actuaron bajo el paraguas de las referidas mercantiles", el juez argumenta que la investigación “debe trascender a la compañía porque no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa”.
El juez concluye así que las tres mercantiles de FCC deben ser investigadas en la causa por su presunta responsabilidad penal: “Presumiblemente conocieron y participaron en la vertiginosa generación de sobrecostes en los contratos del suministro del acero para los Proyectos del Metro de Panamá y Ciudad Hospitalaria de Clayton. Fondos que fueron destinados a los presuntos pagos de corrupción a través de una secuencia de sociedades instrumentales y circuito de cuentas bancarias para acabar abonando esas ganancias ilícitas en pagos de corrupción encubiertos como comisiones comerciales y a terceros responsables políticos y empleados públicos”.
*(Contenido publicado con autorización de El Confidencial)
