Mucho ayuda el que no estorba

Esta película ya la conocemos. La experimentó nuestro país hace poco más de cuarenta años cuando el gobierno federal producía desde hidrocarburos y acero hasta autos, bicicletas y electrodomésticos. De igual forma ofrecía servicios de telefonía, televisión, banca y transporte aéreo y ferroviario, entre otros. Los resultados fueron desastrosos. Hoy, el Ejecutivo persiste en su idea de promover iniciativas que incrementen el “bienestar” de la población, aunque no pasen la prueba de la risa.

En este último episodio de la cruzada por cambiar una situación que deja al primer mandatario como un demagogo y mentiroso, según sus propias palabras, se ha propuesto que Petróleos Mexicanos, la empresa productora de hidrocarburos más endeudada en el mundo (113 mil millones de dólares), se encargue de vender gas licuado de petróleo de puerta en puerta para garantizar precios bajos a la población.

Es evidente que hay toda clase de problemas con esta decisión que, por cierto, se da un par de días después de la cuestionable decisión de la Secretaría de Energía por otorgar el fallo en favor de PEMEX para operar el yacimiento Zama compartido con el consorcio liderado por Talos Energy.

La nueva empresa Gas Bienestar es una pieza más del rompecabezas de la política energética nacionalista que persigue la actual administración. La intervención del Estado en el mercado de gas LP no es incorrecta, mas sí lo es la premisa de la cual parte.

A decir del Ejecutivo, el precio del energético se ha incrementado en el tiempo porque su incipiente mercado opera bajo condiciones de baja competencia donde un conjunto pequeño de empresas captura los beneficios en detrimento de los consumidores. Además, en él ocurren diversas prácticas anticompetitivas que pudiera argumentarse rayan en acciones pandilleras, ya documentadas incluso previo a la liberalización del mercado en 2017.

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Entonces, ¿debería intervenir el Estado en este mercado? Si. ¿Debería hacerlo el gobierno federal a través de una entidad oscura y onerosa como PEMEX? No. ¿Debería además operar la intervención a través de un control de precios? Por supuesto que no.

Comencemos en el sentido contrario de estos planteamientos. El control de precios que pretende establecer el Ejecutivo a través de Gas Bienestar no favorecería a la sociedad. En primer lugar, porque genera una distorsión de mercado en la que perjudicaría a competidores legítimos (no todos operan como mafia) que no estarían en condiciones de ofrecer el energético a los precios artificiales a los que Gas Bienestar lo haría. En segundo lugar, hay evidencia de que los subsidios a fuentes fósiles de energía son regresivos, es decir, benefician a aquellos sectores de la población que no lo necesitan. Finalmente, se trata de una fuente fósil de energía, por lo que la propuesta básicamente es pagar por contaminar.

México importa prácticamente el 70% del gas LP que consume, el cual tiene como precio de referencia el precio Mont Belviu. En los últimos cuatro años la producción de gas LP de PEMEX se ha caído en 37%. Esto significa que si PEMEX opera descuentos en Gas Bienestar tendrá que hacerlo con pérdidas. Y esas pérdidas tendrán que sumar a las que crecen a pasos agigantados en la empresa productiva del Estado en sus otras de sus líneas de negocio.

Por último, sí existe un pendiente en la intervención del Estado en mercado de gas LP. Pero la mejor intervención que podría hacer es a través de la habilitación de acciones que faciliten el desarrollo de una red de distribución de gas natural para los consumidores domésticos e industriales. El gas natural es más barato, más seguro y menos contaminante.

El costo de oportunidad que tendrán las pérdidas de Gas Bienestar puede ser alto, como apuntaba Víctor Ramírez Cabrera el día de ayer, y puede ser utilizado en un sinfín de mejores proyectos que esta tropelía. Al Ejecutivo le encantan los dichos y la sabiduría popular; alguien le debería recordar que mucho ayuda el que no estorba.