Dilemas fiscales en las campañas presidenciales

Dentro de un año en México ya habrá presidenta o presidente electo.

Estoy seguro de que desde los primeros días su equipo económico se pondrá a trabajar en uno de los paquetes económicos (para 2025: Criterios Generales, Iniciativa de Ley de Ingresos, Proyecto de Presupuesto de Egresos) más difíciles de la historia reciente. Ojalá no tengamos que esperar hasta junio de 2024 para empezar la discusión fiscal. Evitemos campañas (y precampañas) llenas de lugares comunes y carentes de contenido.

El sistema fiscal mexicano vive un momento complejo. Necesitamos saber qué piensan las candidatas y los candidatos al respecto y sus propuestas. Tocará a la ciudadanía y medios de comunicación presionar a fin de obtener respuestas. Me voy a concentrar en tres asuntos muy específicos y, posteriormente, en algunos de índole general.

Pemex. ¿Qué vamos a hacer con la empresa? El presente fue un sexenio desaprovechado. Nunca se presentó un plan con visión de mediano plazo. Se le dieron muchos apoyos, transferencias, reducción en los derechos que paga. Lo observado es que no logró recuperar producción, y que cada vez le cuesta más trabajo refinanciar su deuda y esto ocurre a tasas lastimosas.

Para angustiarnos más, se ve débil con precios del barril relativamente altos, una caída importante en los precios internacionales (puede ocurrir en próximo sexenio) metería a Pemex en quiebra técnica. Si esto ocurriera al principio del sexenio, esperemos no sea el caso, la flamante secretaría de hacienda viviría dilemas terribles, con sabor a Ley de Herodes.

Economía

Reforma fiscal ronda en el gobierno de Sheinbaum

El sistema de pensiones. No quiero repetir argumentos[1]. Sí recalcar que las adecuaciones a las pensión no contributiva, la tasa de crecimiento en sistema de beneficios definidos y las nuevas reglas de las afores (retiro por sistema de contribución definida) van a presionar de manera grave las finanzas públicas durante los próximos años.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP) proyecta un gasto público en pensiones de 6.1% del PIB. Muy probablemente el gasto siga aumentando como porcentaje del PIB durante el próximo sexenio. De no tomar medidas, la hacienda pública va a estar arranada la siguiente administración. Las reformas a pensiones conllevan una economía política muy desgastante. Obviarlo no va a resolver nada.   

Organización y financiamiento del sistema de salud mexicano. Hubo exceso de mortalidad en años recientes y amplios sectores de la población padecen desatención severa. Peor aún, la caída del INSABI y el cambio por IMSS Bienestar ha generado una confusión enorme.

Es probable que la reforma social más importante del próximo sexenio concierna al sistema de salud. De entrada, y mientras se organiza el nuevo sistema, hay un faltante de aproximadamente 1% del PIB como piso, si es que el IMSS Bienestar va a operar[2]. ¿Cómo se va a financiar eso? Las candidatas y candidatos tienen que ser claros al respecto, el fingir que estamos bien puede hacerlos perder tiempo valioso.

Los problemas anteriores son graves y también urgentes. Independientemente, la pregunta de fondo es otra y debe aparecer. ¿Qué proyecto fiscal proponen? Hay un fuerte riesgo: la tentación inercial, dejar todo como está y en todo caso “parchar” según la necesidad. Ya basta de parches. Al país le urge una reflexión fiscal profunda, repensar nuestro contrato social desde la hacienda pública. En mi opinión al menos cuatro elementos deben sustentar esa reflexión.

Primero, un modelo de gasto que sea explícito respecto a prioridades y sostenible. Aquí de entrada se tiene que reconocer que no “alcanza para todo”. Nos toca revisar que en las campañas vengan cosas realistas También que va a existir una tensión entre corto y largo plazo (inversión versus programa sociales) y entre diferentes generaciones (por ejemplo, hoy día el gasto en primera infancia es una diminuta fracción del gasto dedicado a pensiones).

Segundo, tenemos que ampliar el espacio fiscal, aumentar la recaudación. En principio que la discusión este abierta a múltiples opciones. Probablemente, al final resulte una combinación de combate a evasión, revisar gastos fiscales, ajustes de tasas y cambios en la administración tributaria. Esperemos que la progresividad sea un criterio imperante. La idea de que al recaudar sólo debemos considerar eficiencia y que la equidad viene por gasto público, acumula cada vez más evidencia contraria.

Tercero, el rol de los gobiernos subnacionales, particularmente entidades federativas. Aprovechar la discusión actual del “Modelo Hacendario Estatal para la Cohesión Social”[3] para delimitar responsabilidades y mejorar la relación fiscal entre la federación y las entidades federativas. Es un tema largamente postergado, independientemente de quien llegue a la presidencia en 2024, el asunto se vuelve toral.

Cuarto, una modernización y replanteamiento del sistema de renta (personas físicas) y la seguridad social. Priorizar formalidad, con subsidios, e incluso considerar impuestos negativos (transferencias). Muchos programas sociales deberían incorporarse al sistema de renta vía registro federal de contribuyentes o algo similar. También en la medida que venga de la mano una mayor bancarización, se tienen ganancias desde eficiencia hasta mejoras en la seguridad.

El próximo sexenio tiene grandes retos en materia fiscal y poco margen de maniobra. Nos toca a la sociedad presionar para que las campañas políticas brinden propuestas; y, como especialistas, debemos evaluar de manera objetiva y transparente, su pertinencia y viabilidad.

* Profesor Investigador, Líder de la Iniciativa para la Transición Económica y Demográfica (ITED), Tec de Monterrey (@hectorjuanvp)