El problema fiscal que AMLO heredaría a su sucesor
Las pensiones, la deuda y gastos polémicos en el presupuesto público podrían provocar una crisis fiscal en el siguiente gobierno.
Héctor Villarreal Páez, director ejecutivo del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), visualiza un cierre de sexenio “con un sistema fiscal en muchos apuros, para decirlo suavecito, y con una transmisión de riesgos al resto del sistema económico”, advierte el experto.
Un escenario así, sería resultado de la creciente carga (e inflexibilidad) del presupuesto del Gobierno, pero también de una priorización poco óptima del gasto público y de la baja recaudación fiscal.
Ninguno de estos problemas es nuevo. Y aunque también los gobiernos previos han ignorado estas problemáticas, el Presidente López Obrador tiene -observa Fausto Hernández, catedrático del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el capital político para empezar a forjar un camino más adecuado. Sin embargo, ya se han dado señales claras que no se harán cambios radicales a la política fiscal mexicana.
Eso podría significar que el siguiente Gobierno no tenga más salida que abordar el problema, pero sin las ventajas y la voluntad política que podría haberle inyectado el actual Presidente.
Rigidez y carga fiscal
De acuerdo con Pedro Vásquez Colmenares, experto en seguridad social y pensiones, el ejercicio del gasto público en México, históricamente, ha carecido de una valoración cualitativa.
En entrevista, Vásquez Colmenares asegura que “México gasta mal porque siempre gasta un poco más, un poco menos que el año anterior. Simplemente se hacen repeticiones aritméticas de los presupuestos ejercidos los años anteriores, fuera de algunos ajustes. Pero en realidad la base presupuestaria de cada año es muy parecida a los anteriores”.
Y todo apunta a que esto se repetirá una vez más el próximo año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya envió a la Cámara de Diputados la Estructura Programática que se empleará para el Presupuesto de Egresos 2022. El número de programas presupuestarios tiene una variación absoluta anual de solo -0.2%.
Esta rigidez en el ejercicio del presupuesto en México responde a que una buena parte de los gastos ya están “comprometidos”. No es un problema nuevo. En 2003, un reporte del Banco Interamericano del Desarrollo (IDB) apuntaba que el 87.24% del presupuesto público en el país era “inflexible”. De acuerdo con Villarreal Páez, el bloque que “se come” la fracción más grande del presupuesto son las pensiones.
Según cálculos del CIEP, el gasto en pensiones en 2024, sería equivalente a 6.4% del Producto Interno Bruto (PIB). Para cubrir estos gastos, asegura su director, sería necesario usar “todo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y te faltan más de dos puntos del PIB”.
A eso se debe sumar el envejecimiento de la población. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2020 el 12% de los mexicanos tenían 60 años o más, pero las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), auguran que esta proporción será de 21.5% para 2050.
Eso significa que, según Villarreal Páez, el costo de las pensiones seguirá creciendo casi 15 años, “hasta 2034, 2035; y después se mantendrá muy alto. El problema puede durar, tranquilamente, una generación. Son 20 años con un panorama muy complicado. Si fueran uno o dos años, pues sí, hay que apechugarle y ver cómo aguantamos. Pero no es el caso”.
El otro gran bloque de presión a las finanzas públicas, especialmente en el mediano plazo, es la deuda. El economista Fausto Hernández Trillo, profesor e investigador del CIDE, comentó que “la pandemia hizo que todos los bancos centrales reaccionaran y disminuyeran sus tasas. Eso significa que se reduce la carga de lo que tienes que pagar”.
Sin embargo, hay señales de varias de estas instituciones de que podrían volver a subir estas tasas de interés para el final del actual sexenio. Por ejemplo, analistas de JP Morgan y Goldman Sachs apuntaron que el Banco Central Europeo (ECB) y el Sistema de la Reserva Federal estadounidense (FED) podrían hacer ese cambio entre 2024 y 2025.
En este sentido, Hernández Trillo advierte que esa subida de tasas “presiona los intereses que tienes que pagar en tu presupuesto. Incluso desde 2023 se empezará a ver un mayor costo financiero de la deuda”.
Hay un último bloque que contribuye a la rigidez y la presión sobre el presupuesto mexicano: los pagos de nómina. De acuerdo con Vásquez Colmenares, “hay un contrato con cada uno de los servidores públicos de base, que están regidos, en el caso del gobierno federal, por la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que protege estas relaciones laborales. No los puedes quitar, ni desaparecer, ni reagrupar. Hay muchas rigideces en esa ley”.
Y a pesar de la política de austeridad del actual Gobierno federal, estos gastos de nómina han ido creciendo con el paso del tiempo. Solo entre 2020 y 2021 el gasto corriente en servicios personales creció 4.05%, equivalente a casi 53,500 millones de pesos (MP).
Baja recaudación y mala asignación
Al tiempo que estos gastos comprometidos se hacen más grandes, la recaudación fiscal en México es baja. De acuerdo con el Banco Mundial (WB), en 2019 el Gobierno federal captó recursos equivalentes al 13.15% del PIB, una tasa por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) e incluso marginalmente más pequeña que en otros países de América Latina.
Hernández Trillo advierte que esta baja captación de impuestos y recursos para la administración federal es un problema histórico en México. Pero apunta que en el pasado, especialmente en la segunda mitad del sexenio de Vicente Fox, la administración de Felipe Calderón y el inicio del periodo de Enrique Peña Nieto, “no importó mucho porque hubo jauja petrolera. Un país que recauda poco ¿cómo completa el gasto? Pues con ingresos petroleros”, dice.
Pero la producción de Petróleos Mexicanos ha ido decayendo con el paso del tiempo. De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener), la venta de barriles diarios ha caído de 1.4 millones de barriles diarios a finales de 2018 a poco más de 1.07 millones de barriles diarios en lo que va de 2021.
La estrategia para compensar esta caída es clara. En una entrevista con Reuters, Gabriel Yorio, subsecretario de la Hacienda, dijo que cualquier proyecto para reestructurar la recolección de impuestos sería cerrando “huecos fiscales”. Una estrategia que ha funcionado muy bien al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y que permite evitar el aumento de impuestos.
Sin embargo el director ejecutivo del CIEP, advierte que aún con esta reforma del SAT solo se está contemplando recaudar “un punto adicional del PIB, cuando nos vamos a echar 10% solo en pensiones y pago de deuda”. En este contexto, la opción de la administración ha sido priorizar gastos y mover el presupuesto entre proyectos. Pero incluso esta estrategia, dice Villarreal Páez, ha estado mal ejecutada.
El director del CIEP enfatiza que en México “gastamos mal. Casi no gastamos en infraestructura, pero entre lo poco que gastamos está la refinería, el Tren Maya, proyectos que son polémicos en el mejor de los casos; dejando de lado necesidades donde no se está metiendo dinero y a donde el sector privado nunca va a entrar, como la transmisión de electricidad, la red eléctrica, y el problema del drenaje”.
La herencia del gobierno de AMLO
Todos los expertos entrevistados para este reporte reconocen a la actual administración federal, y especialmente al SAT, por el trabajo de recaudación fiscal que se ha hecho en los últimos tres años. Pero al mismo tiempo están conscientes que, por la rígida y creciente carga al presupuesto, simplemente cerrar hoyos y cobrar más a grandes compañías no será suficiente para lidiar con los compromisos del Gobierno y, además, invertir en el desarrollo del país.
En ese sentido, defienden que es necesaria una reforma fiscal de fondo y el gobierno de López Obrador tendría el poder para hacerla.
Hernández Trillo recuerda que, históricamente y a escala global, las reformas fiscales se hacen al iniciar una administración, pues eso permite diluir el costo político. "Es atípico que sucedan al final de un gobierno". Pero también reconoce en AMLO un político fuera de la norma. Para el experto en finanzas públicas, un cambio de este tipo “no lleva tanto tiempo si hay voluntad. El presidente ahora tiene un Congreso donde se hace lo que él dice. Tiene una gran oportunidad de pasar una muy buena reforma fiscal. Pero no lo quiere hacer, ése es el punto”.
La administración que le siga, sea cual sea, probablemente no tendrá la misma capacidad y apoyo político. Pero no le quedará de otra -argumenta- más que salir adelante con una reforma fiscal que le permita hacer frente a los crecientes gastos comprometidos que afronta el Gobierno federal, si no quiere liderar una administración “con muchas restricciones, con poca obra pública o que tendría que reanudar la participación privada; algo que se satanizó”, dice Fausto Hernández.
Irónicamente, señala Vásquez Colmenares, el gobierno de López Obrador “puede decir que le heredaron muchos problemas estructurales, como la crisis de seguridad pública que tenemos hoy. Pero así como ésta administración reconoce hacia atrás desafíos heredados, la próximo tendrá que reconocer retos heredados".
"Y tendrán mucho que ver -dice Pedro Vászquez- con la estructura y orientación del gasto público, las áreas que sí se atendieron y, también, las que se dejaron de atender”.
