El sistema nacional de coordinación fiscal es precisamente eso: un sistema diseñado para que los estados se coordinen fiscalmente. La adhesión a este sistema, que se diseñó en 1978, se llevó a cabo por medio de convenios. Como se sabe, éstos pueden romperse en cualquier momento, pues no son vinculantes.
¿Qué significó la adhesión al pacto fiscal? Más allá de la conveniencia para el país de contar con éste, que resolvía problemas de falta de coordinación que incluía hasta la movilidad de mercancías entre estados, con este convenio los estados “renunciaron a su facultad administrativa de recaudar los impuestos federales”, los que se constituyeron en la recaudación federal participable1, la que en turno se les participa en un porcentaje (20.5%) mediante una fórmula, que ha evolucionado (¿?) con el tiempo. La última modificación la llevó a cabo el presidente Calderón (con Luis Videgaray en el Congreso) y favoreció mucho a los estados poblados (el Edo Mex, principalmente).
El hecho de que, mediante un convenio no-vinculante, hayan solamente cedido la facultad administrativa de recaudar los impuestos federales (es decir, no renunciaron a sus potestades), significa que el convenio se puede romper fácilmente sin ninguna implicación legal.
Si esto sucediera, entonces el gobierno estatal tendría que proponer y aprobar en sus Congresos locales una Ley de Ingresos estatal. Una vez hecho esto, pues tendrían que cobrar los impuestos que haya aprobado su legislatura local.
Como se ve, salirse del pacto fiscal suena fácil, pero el estado tendría primero que proponer una nueva estructura fiscal, aprobarla en su Congreso, y después fortalecer de manera importante una oficina recaudadora de los impuestos. Si bien ya existe un brazo recaudador en los estados, éste no tendría experiencia ni estructura organizacional para recaudar los nuevos gravámenes de la noche a la mañana. Tomaría un tiempo desarrollar una institución eficiente y eficaz, tal y como a regañadientas lo ha hecho el SAT federal.
Así, en el primer año, muy seguramente los estados, aún ricos y pudientes que son los que están amenazando hoy día, sufrirían una caída drástica de sus ingresos. Si bien es cierto que dichos estados reciben menos de lo que generan, en el mediano plazo (al menos 5 años) indudablemente podrían sobrepasar el monto que reciben por concepto de participaciones e incluso aportaciones federales, pero en el corto plazo muy seguramente no podrían cubrir sus obligaciones de gasto.
Y hablando de obligaciones de gasto, éstas están muy indefinidas para los estados, pues nuestra Constitución señala muy específicamente las del nivel federal y municipal, y deja aquéllas referentes a los estados como residuales (que no se especifican). Así, del lado de las responsabilidades podría venir una serie de controversias importantes, que incluirían aquellas referentes a la educación, salud y seguridad pública.
En suma, si bien el pacto fiscal ha pendido de un hilo desde su creación, el tiempo le ha añadido una complejidad de la que no es fácil librarse. La separación del pacto fiscal de la Alianza Federalista sería ciertamente disruptiva para ambas instancias, la federal y la estatal.
En el corto plazo en la transición los estados amenazantes sufrirían mucho, en el mediano plazo (reitero, al menos 5 años) toda la federación se vería afectada, en especial los estados que reciben más de lo que generan, que experimentarían repercusiones mucho muy negativas.
[1] Con el tiempo se han incluido en esta RFP los derechos sobre extracción petrolera y de minería.