Economía

¿Por qué no servirá solo fijar un precio máximo para el gas LP?

El presidente López Obrador puso sobre la mesa la posibilidad de poner un precio máximo al gas LP dados los fuertes incrementos observados en los últimos meses.

07-07-2021 06:20 Por : Arena Pública
Para octubre de 2020, se consumían alrededor de 750 mil toneladas de gas LP al mes, en cifras de Amexgas (Foto: Pixabay)
Para octubre de 2020, se consumían alrededor de 750 mil toneladas de gas LP al mes, en cifras de Amexgas (Foto: Pixabay)

ACTUALIZACIÓN, 07/07/2021 a las 10:05 AM: Se agrega el plan de AMLO para su nueva empresa de gas LP.


El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió discutir este martes el precio del gas licuado de petróleo, o gas LP.

Este miércoles 7 de julio, durante su conferencia matutina, el presidente anunció que abriría su propia empresa para lidiar con esta problemática. De acuerdo con El Financiero, esta compañía se llamará Gas Bienestar y tendría el objetivo de distribuir este combustible a un "precio justo". También dijo que no se sacará a las empresas privadas del mercado; pero sí dijo que su compañía debería mejorar la competitividad en el sector. Incluso reafirmó su promesa de establecer precios máximos en el futuro. 

El mismo presidente puso sobre la mesa este tema a finales de la semana pasada. Durante su conferencia matutina del viernes 2 de julio, AMLO afirmó que este insumo era el único en la categoría de combustibles que había aumentado su precio, por lo que consideraría ponerle un tope.

Figuras destacadas de su partido lo han respaldado en esta meta. Durante el fin de semana, Alfonso Ramírez Cuéllar, legislador de Morena y coordinador del Grupo de Trabajo por la Transición Hacendaria de la Cámara de Diputados, dijo en un comunicado citado por Expansión que iba a proponer un cambio regulatorio para fijar los precios máximos del gas LP.

Lo anterior solo aplicaría cuando dichos aumentos no sean a consecuencia de los cambios de precio del combustible en el mercado internacional. Sin embargo, Ramírez Cuellar no parece haber especificado qué proceso tiene pensado implementar para evaluar este fenómeno.

El legislador también quiere reformar la Ley de Ingresos de la Federación para permitir a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) intervenir en los precios del gas LP en cuanto la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inicie un proceso en materia  de competencia dentro del sector; y no esperar hasta después que se concluya la investigación.

Necesario, lidiar con precios de gas LP

Es evidente la necesidad de la intervención gubernamental en este mercado con grandes disparidades en sus precios. El más reciente análisis de Profeco, citado por Milenio, muestra que hay una diferencia de más del 27% entre el precio más asequible y el más alto a escala nacional para el gas LP en cilindro. En el caso del gas LP estacionario, la diferencia está por arriba del 35%.

Más importante aún, el precio de este combustible ha aumentado significativamente en el transcurso de los últimos años, según datos de la misma CRE. Al 30 de noviembre de 2017, un día antes que AMLO asumiera la presidencia, el gas LP estacionario tenía un costo de 10.12 pesos promedio por litro. En su versión cilíndrica, su valor ascendía a 18.81 pesos por kilogramo.

Para el corte del 31 de mayo pasado, la CRE registraba un precio de 12.66 pesos por litro y de 23.61 pesos por kilogramo respectivamente. Es decir, un crecimiento de poco más del 25% en ambos casos en lo que va del sexenio de AMLO. Cierto, el aumento no responde necesariamente a las decisiones que ha hecho el actual presidente, pero no deja de ser una preocupación importante para el mandatario.

Esto, especialmente cuando se considera el corte populista de sus políticas y el impacto que el fuerte aumento del gas LP ha tenido en la economía familiar. Estimaciones de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) para octubre del año pasado, citadas por Energía a Debate, indicaban que la demanda nacional promedio correspondía, en 60%, al consumo doméstico.

No solo eso, sino que el gasto de las familias en este insumo es desproporcionadamente alto. En cálculos de La Jornada, considerando un salario mínimo de 141.7 pesos diarios y un consumo mensual de gas LP de 20 litros a 25 pesos por litro, una familia tendría que dedicar casi 12% de sus ingresos a este insumo. Según Money Management International, preferentemente la gente no debería gastar más del 10% en el pago de todos los servicios; incluidos luz y agua.

No a los subsidios

La idea de subsidiar el gas LP para asegurar que los precios se mantengan en un nivel aceptable es tal vez la más directa para resolver este problema a favor de las familias, pero también es una de las opciones más criticadas.

Desde un punto de vista económico, indica un estudio del Instituto Nacional de Ecología, subsidiar bienes y servicios es costoso y no incentiva el desarrollo de sus respectivos sectores.

El documento apunta que, entre 2005 y 2009, México gastó el 1.5% de su PIB en controlar los costos de energías, incluyendo el gas LP. Como se mantuvo un precio artificial para gasolinas, diésel y gas LP, se provocó un consumo más alto al “socialmente óptimo”, que directamente impactó la capacidad presupuestaria del Gobierno.

Según el Instituto Nacional de Ecología, también se eliminaron incentivos a la innovación. El  estudio apunta que “las distorsiones de precios desincentivan la adopción de tecnologías para el ahorro de energía y/o reducción de emisiones contaminantes (tecnologías más eficientes) porque las hace artificialmente menos rentables. Así, al cambiar las señales de precios, esas distorsiones se eliminan (o se reducen) haciendo más rentables las alternativas tecnológicas más eficientes y abriendo paso al desarrollo de nuevas actividades económicas y la creación de nuevos empleos”.

La relación entre los subsidios a combustibles fósiles y la dificultad de adoptar tecnologías más verdes en todo el mundo es un tema que se ha tocado también recurrentemente, y no solo en el tema del gas LP.

Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE) y entonces el economista en jefe de la organización, decía en 2015 (en una entrevista con EFE, retomada por El Periódico de la Energía) que los subsidios de los gobiernos a este tipo de energías, aunque presuntamente dirigidos a apoyar a los segmentos más pobres de la población, mayormente benefician a agentes de ingresos medios o altos. Incluso reafirmó que los países que ignoraran las energías renovables “invertirán de manera equivocada o perderán oportunidades de negocio”.

Otros agentes simplemente apuntan que subsidiar al gas LP es la decisión incorrecta porque el problema de fondo tiene una naturaleza distinta. En una entrevista con El CEO, el analista Arturo Carranza apunta que las alzas en el precio de este combustible parten, parcialmente, de problemas de infraestructura. La solución ideal sería dejar que los agentes del mercado “analicen su eficiencia y su cadena de valor para detectar oportunidades de negocio”.

Lo anterior es todavía más evidente considerando el escrutinio bajo el que ha estado la industria nacional de gas LP a lo largo de los últimos años. La Cofece tiene activas tres investigaciones por prácticas anticompetitivas, una de oficio por el alto precio del insumo, otra por actividades monopólicas absolutas y otra por un monopolio relativo. En otras palabras, hay vicios dentro de la industria que no podrían repararse solo con subsidiar este insumo. Al contrario, cualquier apoyo económico directo del gobierno incluso podría preservar e incentivar estas prácticas.

¿Cuál es la solución?

Parecería evidente que la vía legislativa, empoderar a Cofece para eliminar las prácticas ineficientes y anti-competitivas en el mercado del gas LP y así fomentar un entorno más dinámico (y por lo tanto, más benéfico en precios para el consumidor final), es la más eficiente en este problema.

Sin embargo, hay dos barreras importantes. Primero, estos procesos toman tiempo. Solo la investigación por prácticas monopólicas absolutas, iniciada en agosto de 2017, apenas emplazó a los probables responsables en marzo pasado. Todavía falta resolver manifestaciones, desahogar pruebas y presentar alegatos para que la Cofece pueda resolver el caso. Y aún entonces, la multa máxima para los responsables sería un 10% de sus ingresos.

No solo eso, sino que varios agentes no tienen fe que el Gobierno Federal vaya a seguir este camino, independientemente de si se instauran subsidios o no. Pero aún si se optaran por medidas alejadas de los subsidios, el reto de la economía familiar se mantendrá en el fondo.

Incluso la misma Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), comentando sobre la eliminación gradual de control de precios en otros insumos combustibles dentro de México hasta 2017, afirma que esta decisión lleva a que se traslade el costo en la fluctuación de precios directamente a los consumidores; en beneficio de las finanzas públicas del país y del medio ambiente.

La solución no es sencilla y varios agentes del mercado lo saben. En una entrevista con Arena Pública, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), apunta que en el largo plazo es necesaria una transición energética, a fuentes renovables e insumos en donde México pueda ser más independiente energéticamente. En especial en el tema del gas LP, una de las exportaciones más fuertes que se hacen desde Estados Unidos.

Pero en el contexto inmediato, la vía más efectiva para cuidar la economía de las familias es la conciliación. Rivera asegura que “la mejor forma de regular los precios es con la negociación con los principales distribuidores. Deben ser citados por la Secretaría de Economía o por el Gobierno y hacer un cabildeo para llegar a un acuerdo. Averiguar en qué cosa se les puede ayudar para que puedan volver más asequible sus productos y tener un mejor autocontrol. No puedo hablar por la industria, pero sus problemas deben de tener. Y creo que el mejor camino que se puede explorar es que se les trate de apoyar, a cambio de que ofrezcan un mejor panorama de precios”.  

Ésa es la respuesta inmediata. Pero hay otros temas a considerar. También en entrevista con Arena Pública, Adriana García, coordinadora de análisis económico en la organización civil México, ¿cómo vamos?, admite que la inflación no-subyacente, donde se contemplan a los energéticos (y por extensión, al gas LP), continúa elevada. Sin embargo, reafirma que sí hay una tendencia a la baja. Eventualmente, afirma, el precio de este combustible debería converger en su nivel pre-pandemia.

Pero fuera de esperar a que el mercado siga su curso, García reafirma que no se puede ver el tema del gas LP como un fenómeno aislado. Se debe considerar “en el contexto de la recuperación económica. Necesitamos que el Gobierno implemente planes que incluyan la creación de empleos formales, inversiones en infraestructuras, tal vez la construcción de poliductos. Así se podrán ofrecer mejores servicios a los mexicanos. Es una solución de mediano plazo, ideas que aumentarán el bienestar de la población a futuro”.

Ya sea con Cofece o con los mismos líderes del sector de gas LP, todo apunta a que el Gobierno de México deberá entablar una conversación con agentes clave para tomar acciones planificadas para los próximos meses, en la intención de apoyar a las familias. Cualquier otro camino no será suficientemente rápido o sustentable para ninguno de los jugadores involucrados.