Economía

Crisis sumirá en la pobreza a 21 millones de mexicanos más; urge plan económico de emergencia: CEEY

Los expertos convocados por el CEEY estiman que la recuperación gradual de la economía vendrá hacia 2021 con un crecimiento similar al originalmente esperado para este año (1%).

31-03-2020 17:23 Por : Arena Pública
El CEEY plantea créditos fiscales y del IMSS para las empresas, condicionados a la preservación del empleo por al menos 6 meses; subsidios temporales a las empresas formales con problemas asociados con el Covid-19 y créditos blandos de la Banca de Desarrollo para Pymes.
El CEEY plantea créditos fiscales y del IMSS para las empresas, condicionados a la preservación del empleo por al menos 6 meses; subsidios temporales a las empresas formales con problemas asociados con el Covid-19 y créditos blandos de la Banca de Desarrollo para Pymes.

Las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19 para México podrían ser devastadores, especialmente para los más pobres.

A los 61 millones de mexicanos sumidos en la pobreza por ingresos, se podrían agregar otros 21 millones producto del freno económico, la pérdida de empleos y la quiebra de empresas. "Lo anterior se traduciría en que más de 82 millones de personas en el país carecerían del ingreso necesario para alcanzar un mínimo de bienestar", dice con contudencia el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) en un documento dado a conocer este martes.

"El escenario anterior es más que posible -y podría ser peor- si se repiten las secuelas de la crisis financiera que asoló a la nación en 1994", advierten los investigadores del CEEY en el documento "Hacia un plan integral para atender las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus en México" producto de una deliberación entre un numeroso grupo de especialistas que se llevó a cabo, virtualmente, el pasado 27 de marzo a fin de plantear propuestas de solución para enfrentar la crisis económica que se avecina.

El CEEY hace eco de los pronósticos de contracción económica de diversos centros de estudios del sector privado que, en promedio, esperan que la economía mexicana retroceda 3.4% en el año, derivado de las medidas sanitarias adoptadas por el gobierno para contener la expansión del virus. Y por si ello no fuera suficiente, el desplome reciente de los precios petroleros se añade como un factor negativo para las debilitadas finanzas públicas.  De allí que, para el Centro, la recuperación gradual de la economía vendrá hacia 2021 con un crecimiento similar al originalmente esperado para este año (1%).

En este contexto, el CEEY estima que una fuerte caída en el ingreso por habitante de 4.5% en el año, con lo que "se espera una reducción del total de las remuneraciones a asalariados, formales e informales, de 1% del PIB"; unos 12 mil millones de dólares; con un impacto relevante sobre el bienestar de las familias.

Esta caída junto al desplome petrolero y la fuerte devaluación del peso mexicano registrada en las últimas semanas, configuran una coctél por demás peligroso con impactos sobre la inflación y la calificación soberana de la deuda mexicana.

Ya en días pasados, la calificadora Standard & Poor's redujo la calificación soberana de México en un peldaño, además de que puso en perspectiva negativa la calificación, sujeta a una nueva rebaja si no cambian los factores que la llevaron al 'downgrade'.  Una nueva rebaja de Moody's -que bajó la calificación de México en junio pasado- complicaría el manejo financiero para el gobierno por el golpe que viene con el Covid-19, según han señalado diversos analistas en los últimos días.

 

Acciones limitadas 

Si bien el gobierno mexicano -con transferencias de ingresos, agilización de partidas de gasto y un esquema de créditos a Pymes- y el Banco de México -recortando la tasa de referencia- han reaccionado frente a este escenario, éstas acciones "aún son limitadas", dice el documento presentado por el CEEY.

La preocupación de los investigadores del Centro y de los especialistas a los que convocó, radica en que "el esquema de instrumentación (del gobierno) no ha sido lo suficientemente claro como para que de hecho alivie a quienes más resentirán los estragos: las micro, pequeñas y medianas empresas (cerca de 4 millones de unidades económicas) y las 61 millones de personas bajo la línea de pobreza por ingresos".

Y es que para los analistas, las actividades relacionadas al turismo, la construcción, los comerciantes minoristas y el sector financiero, serán particularmente afectadas.

Pero la pregunta que salta, cuando se trata de programas de emergencia desde el tesoro público, es si existen suficientes recursos para enfrentar este enorme reto.

El CEEY, apoyándose en los cálculos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), plantea echar mano del endeudamiento público -y que es factible- en 2.2% del PIB; se está hablando de poco más de 26 mil millones de dólares. Otros países de América Latina están dedicando importantes recursos con el mismo fin. Chile dedicará recursos equivalentes a 4.7% del PIB; Brasil, 2.2%, Argentina, 1.5%, entre otros.

Una fuente complementaria de recursos provendría -propone el documento- del remanente de operación del Banco de México, generada principalmente por la depreciación del peso frente al dólar; a la vez que se faculte al banco central a comprar títulos de deuda del sector privado no financiero, a fin de dotar de liquidez a la economía.

 

Transferencias, subsidios, créditos blandos...

Las medidas de ayuda -fiscal y crediticia- que plantea el CEEY para el sistema de salud, así como para las Pymes y los trabajadores, son precisas aunque su monto aún es incierto. Estas van -en un abanico amplio- desde el fortalecimiento presupuestal de las unidades de salud, especialmente en los estados con mayores carencias; hasta transferencias monetarias directas a trabajadores que cayeron en el desempleo.

Para los trabajadores también contemplan un subsidio fiscal único, inmediato y de monto fijo, así como una tregua fiscal por un año a personas físicas, ampliación de créditos a la palabra, y programas de empleo local de emergencia, particularmente en zonas rurales.

Para las empresas se plantean créditos fiscales y del Seguro Social, condicionados a la preservación del empleo por al menos 6 meses, subsidios temporales a las empresas formales con problemas asociados con la pandemia, y créditos blandos de la Banca de Desarrollo a pequeñas y medianas empresas.

Pero, una vez pasada la crisis económica provocada por el Covid-19, la tarea urgente para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, será -dice el CEEY- la implementación de una reforma hacendaria que dé estabilidad de largo plazo a las finanzas públicas y, sobre todo, que ofrezca -de una vez por todas- una seguridad social universal y de calidad, tantas veces pospuesta, y que explica -en gran medida- la desigualdad y pobreza que hoy enfrentan millones de mexicanos.