Transiciones justas: energética, tecnológica y fiscal
Recientemente se ha utilizado cada vez más el término de transición justa, que se relaciona principalmente con la transición energética.
De hecho, el término transición justa tiene su origen en el marco de discusiones sobre cómo efectuar una transición energética para poder cumplir las metas ambientales establecidas en las distintas agendas de desarrollo, como el Acuerdo de París y la Agenda 2030, sin que estos cambios sean más costosos para las poblaciones vulnerables. Sin embargo, hoy dicho término puede entenderse como una demanda por una transición del sector productivo en su conjunto.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define este concepto de la siguiente manera: “Una transición justa implica maximizar las oportunidades sociales y económicas de la acción climática, al tiempo que se minimizan y se gestionan cuidadosamente los desafíos, incluso a través de un diálogo social eficaz entre todos los grupos afectados y el respeto de los principios y derechos laborales fundamentales”. Yo añadiría a la tecnología de manera más explícita a esta definición.
Una transición a sistemas energéticos más sostenibles se ha vuelto una necesidad apremiante en todos los países del mundo, independientemente de su nivel de desarrollo, pues los retos medioambientales como el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad se han profundizado y serán más graves con el tiempo. Es por ello que urge la adopción de economías y sociedades más ecológicas, resilientes y neutrales en términos climáticos.
Es esencial reconocer que los aspectos medioambientales, sociales y económicos están estrechamente vinculados, y deben ser abordados de manera integral en la transición justa. Esto implica aumentar y complementar la política energética y climática, garantizando oportunidades futuras de empleo para quienes podrían verse afectados por los cambios.
Una transición justa significa no dejar a nadie atrás y lograr que la economía sea lo más inclusiva y equitativa posible, creando oportunidades de trabajo decente. Al ecologizar las economías, podemos mejorar la gestión sostenible de los recursos naturales, aumentar la eficiencia energética y reducir los residuos, al tiempo que promovemos la justicia social y abordamos la pobreza, la desigualdad y las diferencias de género.
Por otro lado, es fundamental reconocer que, sin una transición justa, no lograremos una economía baja en carbono y ambientalmente sostenible, esencial para el bienestar de las generaciones futuras. Si no gestionamos adecuadamente esta transición, podríamos enfrentar desigualdad social, descontento laboral, huelgas y disturbios civiles, así como un deterioro de la productividad y la competitividad empresarial.
Para ello, la política pública debe ser un impulsor fundamental, pero también se requiere el compromiso activo de todos los actores del mundo del trabajo: gobiernos, empresarios y trabajadores. Todos compartimos la responsabilidad de desarrollar formas de trabajo innovadoras que preserven el medio ambiente y promuevan la justicia social para las generaciones presentes y futuras.
Por otro lado, nos encontramos inmersos en una evolución vertiginosa de tecnología que también pone en el debate qué tan justa puede ser este otro tipo de transición que converge con la energética. En el reciente documento de la OCDE sobre el panorama del empleo en 2022 se indica que, a pesar de algunos signos de alivio en los mercados laborales, la crisis del COVID-19 ha dejado su huella con una drástica caída del empleo y desigualdades exacerbadas. En este contexto, la inteligencia artificial (IA) juega un papel significativo en el mercado laboral.
La transición justa debe incluir también la evolución tecnológica. Es fundamental desarrollar políticas adecuadas para aprovechar los beneficios de la IA en el trabajo y abordar los riesgos para los derechos fundamentales y el bienestar de los trabajadores. La capacitación y adaptación de habilidades serán clave para aprovechar al máximo los avances tecnológicos, principalmente aquellos relacionados con la acción climática y energética, para reducir desigualdades. La negociación colectiva y el diálogo social serán cruciales para apoyar a los trabajadores y empresas en esta transición hacia la IA.
Para una transición energética y tecnológica justa se piensa, como primer recurso, desarrollar políticas públicas que propicien este resultado. Sin embargo, toda política pública requiere financiamiento, principalmente público, pero con contribuciones del sector privado. Por tanto, deberíamos hablar de una transición fiscal también justa, es decir, generar cambios en el sistema fiscal que sean más progresivos e igualitarios entre la población.
Actualmente, el sistema fiscal mexicano presenta señales de riesgo de insostenibilidad por la presión de gastos comprometidos e ingresos públicos bajos, que dejan un espacio fiscal reducido para generar otro tipo de políticas públicas como lo ha indicado el CIEP en los últimos años (ciep.mx). Esta es la razón por la que necesitamos impulsar una reforma fiscal en el futuro muy cercano, incorporando las perspectivas de transición energética, tecnológica y demográfica.
Es imprescindible que cualquier transición tome en cuenta la dimensión de género y las necesidades de los grupos sub-representados, como jóvenes, indígenas, minorías étnicas, migrantes, refugiados, comunidades LGBTIQ+ y personas con discapacidad para poder denominarla como justa.
La transición justa hacia una economía, medio ambiente y tecnología sostenible no es una opción, sino una necesidad urgente para asegurar un futuro equitativo y próspero. Requiere un compromiso activo de todas y todos, y es fundamental que tomemos medidas de manera conjunta para enfrentar los desafíos sociales y laborales que nos esperan.
Fuentes:
https://www.cepal.org/es/cooperation-topic/transicion-justa
https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/WCMS_824947/lang--es/index.htm
https://read.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2023_08785bba-en#page18
Alejandra Macías
Es economista por la UDLAP y doctora en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM. Ha trabajado en gobierno federal y en organismos internacionales. Tiene experiencia en temas de evaluación, seguridad social y desarrollo social, sobre los cuales ha publicado. Actualmente es directora ejecutiva en el CIEP y se especializa en cambio demográfico y finanzas públicas con perspectiva de género.
