Gasto público a favor de los ricos
Las cifras oficiales ponen en duda el que esta administración esté ocupándose de disminuir las desigualdades sociales. El gasto público no se está fortalecienco distributivamenteo de acuerdo al discurso de aumentarlo en mayor medida a los más pobres. Al contrario, en gran medida se está erosionando su potencial de generar una mayor igualdad.
En 2021 el CONEVAL mostró lo poco efectivo que resultan las transferencias monetarias para reducir la pobreza. Ahora, la Secretaría de Hacienda permite ver un problema más amplio del gasto social en su conjunto, de acuerdo a su estudio “Distribución del pago de impuestos y recepción del gasto público por deciles de hogares y personas, resultados para 2020”.
El gasto en desarrollo social está perdiendo efectividad para reducir las desigualdades. Mientras en 2018 el 40% de la población más pobre en promedio aumentaba en 10.4% su ingreso gracias al gasto social, para 2020 esta cifra se redujo a 6.2%. En contraste, la población restante, que antes aumentaba su ingreso un 1.9% por este gasto, ahora lo incrementa 3.5%.
De 2018 a 2020, en salud, el cambio del Seguro Popular al INSABI no presentó cambios distributivos, el IMSS moderó su sesgo hacia los relativamente más ricos, y los servicios para empleados públicos lo aumentaron. En educación, el gasto en estos servicios favoreció a hogares más pobres en los niveles de primaria y media superior y se moderó el sesgo a favor de los más ricos, en términos relativos, en la educación superior.
Estos cambios resultarían poco significativos de no ser porque el gasto en salud y educación se redujo como proporción del gasto en desarrollo social, de 52.6% en 2018 a 49.9%, en 2020 mientras el gasto en protección social (que incluye importantes transferencias monetarias) aumento de 36.3% a 40% en el mismo periodo.
El problema con esta recomposición del gasto en desarrollo social es que los recursos para ciertos programas sociales no sólo aumentaron la proporción que representan en el total sino que empeoraron su distribución.
Para empezar, hay programas de transferencias monetarias que abiertamente se inclinan a dar más dinero a los que más ingreso tienen, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Hacienda. Tal es el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro en su modalidad de capacitación para el trabajo y en becas universitarias.
Por otra parte, programas sociales que sustituyeron a los de administraciones pasadas han reducido notablemente su capacidad redistributiva. Tal es el caso de las Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, que han resultado ser hasta 28% menos efectivas que el programa PROSPERA para hacer llegar los apoyos a las personas con menores ingresos.
Quizás el dato más desconcertante del reporte es la transformación de las pensiones a adultos mayores de apoyos a los pobres en zonas rurales en transferencias con un gran sesgo hacia los relativamente ricos en zonas urbanas. Una ilustración anecdótica de esta situación es que he encontrado algún pensionado del bienestar en la Ciudad de México teniendo educación superior y ejerciendo su profesión en su propio negocio.
Una univerzalización de los derechos sociales mal entendida, y una operación ineficaz de la política social son responsables de que a pesar de haberse incrementado el gasto en desarrollo social en 9.2% en términos reales, entre 2018 y 2020, la desigualdad del ingreso siga prácticamente intacta.
En vez de contraponer el objetivo de atender igualmente a toda la población a la focalización que excluye grandes grupos, la política pública debiera aplicar la sencilla idea de dar más a quien menos tiene. Esta progresividad esta muy debilitada en la política social actual.
Adicionalmente, la capacidad de gestión para atender a quienes más carencias sociales presentan ha estado ausente, asunto sobre el cual Censo del Bienestar ha sido emblema de ineptitud. Minar la limitada capacidad que existía para dirigir la política social a quienes con más urgencia debían beneficiarse de ella ha sido muy costoso.
Este gobierno ha dejado pasar la oportunidad de combatir la desigualdad social con algo más que retórica. De seguir por este camino, terminará entregando una peor situación de la que heredó.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
