Desigualdad y desarrollo perdido
Antes de la pandemia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimaba que las desigualdades en esperanza de vida, escolaridad e ingreso significaban para México perder el 21.3% de su desarrollo humano.
Desafortunadamente, la pandemia y su manejo mantendrán esta brecha, equivalente a un rezago en salud, educación y recursos económicos de más de 30 para alcanzar el desarrollo potencial del país.
En materia de salud, el análisis de García-Guerrero y Beltrán-Sanchez “Heterogeneity in Excess Mortality and Its Impact on Loss of Life Expectancy due to COVID-19: Evidence from Mexico” muestra que el exceso de mortalidad durante la pandemia tuvo el efecto de ampliar las brechas de genero en salud. Las mujeres, con una esperanza de vida al nacer de 78 años antes de la pandemia, la redujeron en menos de tres años en 2020, mientras que los hombres, con una de 72, la vieron disminuir en más de tres años.
Sin embargo, el exceso de mortalidad registrado en 2020 cerró las distancias entre las entidades federativas del país. Los estados del norte, con esperanzas de vida mayores al promedio nacional de 75 años, las redujeron entre tres y cuatro años y medio, mientras que los del sur, con menor esperanza de vida que el promedio del país, tuvieron una reducción entre uno y dos años.
Por otro lado, en 2020, la pérdida de años de escolaridad efectiva debido al cierre de escuelas aumentó la desigualdad educativa, de acuerdo con Vélez, Monroy-Gómez-Franco y López-Calva en “The potential effects of the COVID-19 pandemic on learning”.
Este estudio encuentra que la parte norte-occidente y centro del país, con los niveles de escolaridad más altos, de alrededor de doce años y medio, perdería en promedio dos años de aprendizaje escolar efectivo. En contraste, la región sur, con once años de escolaridad promedio, habría perdido tres años.
Otros estudios también apuntan a que, en materia educativa, los efectos distributivos de la pandemia actuaron en contra de los hogares con menos recursos, al no tener equipamiento o espacio que les permitiera aprovechar las clases a distancia.
Finalmente, la desigualdad en el ingreso está mostrando una gran persistencia, aún cuando la actividad económica se desplomó y esto solía afectar en mayor proporción a los estratos de población más ricos. En el pasado, aunque no inevitablemente, las recesiones afectaban proporcionalmente más a quienes tenían mayores ingresos que a los más pobres.
Si bien la desigualdad del ingreso medida por el INEGI parece haber disminuido de 2018 a 2020, es sabido que esta información subestima los ingresos de los hogares más ricos y suele sesgar tanto el nivel como la tendencia de la desigualdad en la distribución del ingreso. Este sesgo ha sido corregido en el reciente, “Informe sobre la Desigualdad Mundial 2022”, promovido por el PNUD.
De acuerdo al informe, desde 2018 el diez por ciento de la población con mayores ingresos ha captado el 57.4% del ingreso total, mientras el cincuenta por ciento de la población más pobre se ha mantenido con 9.2% del ingreso. Ni el primer año de políticas distributivas del presente gobierno ni la pandemia han hecho mella apreciable en la enorme desigualdad económica.
Al cierre de su cuarto año, es posible que la presente administración llegue con desigualdades en la esperanza de vida, la escolaridad y el ingreso que en balance se parezcan mucho a las de 2018. Esto, que parece un logro, en realidad no lo es, pues, además de los decrecimientos en cada una de las variable asociadas al nivel de desarrollo, hay efectos de largo plazo en la desigualdad que aún están por surtir efecto.
El impacto de largo plazo de haber sufrido COVID-19 mermara en distinta forma el tiempo de vida de la población según su capacidad para atenderse. El abandono escolar y la pérdida de aprendizaje reducirán la productividad de aquellos con mayores desventajas económicas.
Todo ello se traducirá en una desigualdad en el ingreso que no es posible percibir en el corto plazo, y para la cual no se está dedicando, desde ahora, el presupuesto público necesario para prevenirla.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
