Reforma a subcontratación generó "cargas administrativas exageradas" a empresas

Las empresas oferentes y contratantes tuvieron que reorganizar su estructura interna pero también adaptarse a nuevas obligaciones frente a las autoridades.
26 Abril, 2022 Actualizado el 26 de Abril, a las 13:59
Las empresas dentro del REPSE están obligadas a enviar informes trimestrales al IMSS e Infonavit. (Foto: Congreso de la Unión)
Las empresas dentro del REPSE están obligadas a enviar informes trimestrales al IMSS e Infonavit. (Foto: Congreso de la Unión)
Arena Pública

A un año de aprobarse la reforma que limitó la subcontratación y medio año de su entrada en vigor, el balance de la nueva legislación es agridulce, especialmente para las empresas. 

En abril de 2021 luego de controversias entre los empresarios y las organizaciones de trabajadores, la segunda gran reforma laboral de este sexenio fue aprobada por las cámaras legislativas tal y como fue enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

De la reforma, criticada por no diferenciar entre los esquemas de subcontratación “legal” e “ilegal”, fue advertido que constituirá una traba innecesaria e incluso una amenaza para la competitividad de las empresas. Y si bien las consecuencias no fueron catastróficas como algunos pensaban, la situación con la nueva regulación no ha sido fácil ni perfecta, en especial para las empresas.

Según el informe “Los desafíos de la reforma de subcontratación” de la consultora Kelly Services el 42% de las organizaciones encuestadas asegura que los incrementos en la carga administrativa y laboral es el mayor reto al que se han enfrentado producto de los cambios en la legislación. 

Antes de la reforma, gran parte de las empresas que se dedicaban a la subcontratación de personal eran utilizadas por las contratantes para manejar su recursos humanos así como todo el proceso administrativo. Esta división del trabajo en algunos casos catalogada como “insourcing”, fue de los esquemas que fueron erradicados. 

Rocío Hernández, directora de consultoría en Compensación de AON, dijo a Expansión que ante la eliminación de estas empresas paralelas las matrices tuvieron que hacer cambios en sus estructuras, concentrando los procesos administrativos y reorganizarlos para adaptarlos a las nuevas condiciones de las plantas laborales, como es el caso del cálculo del reparto de las utilidades, el cual tendría que dividirse entre más trabajadores.

Pero los cambios y el aumento de la carga administrativa no solo se encuentran en la organización interna de las empresas, también en las nuevas responsabilidades a las que la reforma las obliga a los prestadores de servicios cuando deciden integrarse al Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), el padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).  

“Ahora que te registras no solo es registrarte por primera vez, es comprometerte a estar dando información tanto al IMSS como al Infonavit de manera trimestral. Es un mundo de información que la carga administrativa para las empresas subió muchísimo. Más carga de trabajo al final significa más gasto y más personal” comentó en entrevista Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH). 

La reforma, que no sólo implicó cambios a la Ley Federal del Trabajo, sino también a la Ley del Seguro Social y la del Infonavit, establece que los prestadores de servicios especializados deben rendir informes trimestrales a cada una de las instituciones aunque no hayan tenido clientes  en el periodo, lo que en opinión de Márquez Pitol “es una carga exagerada en comparación a lo que había antes”. 

Y si bien el REPSE ha tenido éxito en su intención de crear un registro efectivo del número de empresas que ofrecen servicios de subcontratación -que hasta abril eran 110 en contraste a las 500 registradas antes de la REPSE- la falta de claridad y experiencia respecto a la nueva legislación ha causado que algunas empresas soliciten incorporarse a la REPSE para evitar problemas con la autoridad aunque realmente no lo necesiten. 

“Estos temas han tardado en comprenderse [...] La condición es que si la persona va a estar trabajando en tus instalaciones, la empresa que te da el servicios debe estar registrada en el REPSE, además que el servicio que contrates no debe ser la actividad preponderante de tu empresa [...] A muchos que dan el servicio, sus clientes les dijeron que tienes que tener REPSE para que mi factura sea deducible” señaló el presidente de la AMECH.

Balance para trabajadores aún debe esperar

En el caso de los trabajadores los datos del IMSS adelantan una fotografía completa pero que aún omite ciertos detalles, principalmente respecto al posible impacto de la reforma sobre la generación de nuevos empleos, señala Márquez Pitol.

Los datos de los 5.2 millones de personas en esquemas de subcontratación previo a la reforma son claros y no se esperan que cambien más, detalla el también presidente Comisión de Capital Humano y Seguridad Social de la  COPARMEX.

Según los datos del IMSS, cerca de un millón perdieron su trabajo. Otros 1.2 millones siguieron trabajando a través de empresas que dan obras y servicios especializados, el outsourcing “legal” y 3.1 millones fueron contratados por otro patrón, ya sea para quienes estaban prestando sus servicios o no. 

Si bien el trimestre inicial del 2022 registró una histórica creación de empleo de 385 mil 704 plazas, buena parte de la generación se debió al efecto estacional del periodo de recontrataciones luego de los despidos masivos que suelen registrarse en diciembre, por lo que el verdadero balance no se verá hasta que se cumpla un año de la entrada en vigor de la reforma. 

Pero con los datos hasta ahora disponibles, el presidente de la AMECH señala que hay un dato que es objeto de preocupación y está vinculado directamente a la reforma: el trabajo eventual, que no se ha podido recuperar todavía desde la pandemia.

“Si se expiden lineamientos o normas que dejen claro como sí se les puede contratar a través de servicios especializados ayudaría a que recuperen la formalidad de su empleo”, propone.