México avanza en transparencia, pero la pandemia resaltó los retos pendientes
Aunque ha crecido el universo de transparencia y acceso a la información en México, persisten problemas estructurales importantes.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en los Ámbitos Federal y Estatal (CNTAIPPDPF-E) 2021, con datos que describen el panorama de la transparencia durante 2019 y 2020.
De inicio, se puede ver una importante expansión del universo de transparencia. En la versión del censo que analizó el escenario de 2016, se contabilizaron poco menos de 22 mil solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales recibidas. Durante 2019, se recibieron más de 104 mil, un avance de casi cinco veces en menos de un lustro.
El ecosistema de transparencia en el país es “muy destacable con respecto a otros países", dijo Fernanda Avendaño, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). "Tanto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) como todos los órganos a nivel estatal y todos los órganos de transparencia tienen prácticas muy buenas que sí ponen a México en una posición reconocida”, resaltó Avendaño.
Sin embargo, aún existen problemas importantes, tanto extraordinarios como estructurales, que impiden a México alcanzar mejores resultados en materia de transparencia y acceso a la información.
De estos retos, el que tiene el impacto más evidente es la pandemia. De acuerdo con Aura Ruiz, directora de Telecom del Centro de Estudios e Investigación en Asuntos Públicos (CEIAP), “el censo nos demuestra que hay un impacto en el interés de la información pública por la pandemia, porque las solicitudes de información bajaron y también hubo un impacto en la respuesta de las autoridades”.
Fuente: Inegi
El otro gran pendiente en materia de transparencia es que persiste una reticencia de ciertas instituciones a cumplir con sus obligaciones de acceso a la información. De acuerdo con Laurence Pantin, coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, se observa frecuentemente que las instituciones públicas utilizan “actos de simulación. […] Intentan pedir prórrogas, piden aclarar la información que ya es bastante clara, etcétera. Buscan para intentar desincentivar [a la ciudadanía] que siga pidiendo y aclarando, porque implica un esfuerzo extra”.
Esto es claro también en las estadísticas de 2019 y 2020 del Inegi. Si bien el número de solicitudes recibidas por el Inai y los Órganos Garantes (OG) de transparencia en el país para el año pasado se redujeron sustancialmente, el número de resoluciones por casos de ampliación de tiempo de respuesta, incompetencia o declaración de inexistencia se mantuvo casi igual.
Fuente:Inegi
Oportunidades de mejora
Muchos de estos problemas han sido identificados anteriormente, y desde hace años, por agentes externos. Y frecuentemente se señala a las acciones de los estados como un punto de especial preocupación.
Tanto un análisis de Freedom House sobre el panorama de México en 2020 como un estudio retrospectivo del ecosistema de transparencia en el país entre 2015 y 2018 encabezado por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) concluyeron que un problema crucial en el acceso a la información era la inconsistencia en la implementación de las reglas a nivel estatal.
Fernanda Avendaño rechaza que la situación de los estados sea única. Dice que, tomando como referencia los resultados del Índice de Riesgos de Corrupción del IMCO, también hay fallos importantes en materia de transparencia a nivel federal. Avendaño sugiere, a partir de observaciones a las instituciones de escala nacional, mejorar el ecosistema de transparencia en México a futuro.
“Se está volviendo complejo la captura de información […]. Cuando estos procesos no están homologados o se deben realizar varias veces, lo que termina pasando es que no se publican los datos en ninguna de las plataformas, y no cuentas con la información completa. [Debemos buscar] cómo homologar procesos para que la captura no se vuelva imposible, evitar que las instituciones no puedan cumplir, y tengamos acceso a la información”, argumenta.
La pandemia también trajo claridad respecto a lo que pueden hacer el Inai y las OG para no dejar a la población sin acceso a la información y mecanismos de transparencia en medio de eventos disruptivos.
Según Laurence Pantin, “sí, entendemos que hay algunas cosas que no se pueden cuando vivimos un momento de crisis. Pero lo que nos ha enseñado la pandemia es que debemos priorizar […] y encontrar qué esfuerzos debemos hacer para no dejar a la población sin información crucial […]. No podemos cerrar todo y decir que suspendemos los plazos y a ver si en tres meses podemos acceder a la información. No debe ser así, tenemos que prepararnos”.
Esta visión está en línea con lo que agentes como el Poole College of Management han propuesto para el sector privado bajo el concepto de “Operational Resilience”: La capacidad para seguir operando con la mayor normalidad posible poco después de un evento inesperado, incluso si no se ha logrado resolver todavía.
Pero el último elemento de mejora para el ecosistema de acceso a la información tiene que ver con un problema que el Wilson Center Mexican Institute apuntaba desde que se aprobó la Ley General de Transparencia: el nivel de acceso efectivo a los datos de instituciones públicas.
En términos generales todavía se percibe la transparencia como un tema reactivo, dice Aura Ruiz. Si bien se publica cierta información, la calidad de ésta no siempre es la óptima y, para otorgar más datos, la responsabilidad se deja en la ciudadanía, abunda la analisa del CEIAP.
En este sentido, reafirma que el ecosistema de transparencia “tendría que tener otras rutas, no solo para que las retomen los OG sino también los sujetos obligados, [como] sistemas de entrega de datos abiertos que le permitan a las autoridades a reducir sus cargas de solicitudes de información. Es decir, cambiar a un sistema proactivo en el que entregan la información abierta, accesible y reutilizable para la ciudadanía y así sumar al bienestar público”, plantea Ruiz.
