Judicialización, el gran reto que enfrenta la libertad de expresión digital
Los recientes cambios legislativos para moderar los contenidos son el mayor desafío en libertad de expresión digital para México y América Latina.
En México, las barreras más visibles a la libertad de expresión en el ecosistema digital suelen estar ligadas al entorno de violencia e impunidad que persiste en el país. Entre descalificaciones y la estigmatización y deslegitimación de los medios de información y Organizaciones No-Gubernamentales (ONGs), así como agresiones más directas, 2021 se estaba perfilando desde su primer semestre a ser el más hostil a las voces críticas del gobierno y los agentes en el poder.
Sin embargo, es cada vez más común que se presenten recursos legislativos que podrían permitir una censura sistemática y directa de los discursos, particularmente en los canales digitales.
De acuerdo con Vladimir Cortés, oficial del programa de derechos digitales en la organización Artículo 19, el contexto actual de libertad de expresión online en toda América Latina se caracteriza por el surgimiento de “iniciativas y una serie de torpezas legislativas […] que podrían ser utilizadas o han sido utilizadas por funcionarios públicos, por políticos, para pedir que se bajen noticias o contenidos que son de interés para la población”.
México no es ninguna excepción en el continente, y la actual tendencia está afectando cómo se percibe el entorno de libertad de expresión digital a nivel local en el resto del mundo. En su reporte Freedom of the Net 2021, la institución Freedom House modificó a la baja la calificación general del país con respecto a su evaluación de 2020.
Específicamente en la vertical sobre si el estado obliga a publishers y gestores de contenido a eliminar contenidos, la organización señaló que México empeoró su calificación porque hay un “número cada vez más alto de remociones de contenido políticamente motivadas”, particularmente en materia electoral.
En este contexto, Grecia Macías, abogada en la ONG Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), lamenta que “no es un tema que se discuta mucho en la opinión pública, porque se le pone más atención a los ataques más directos de la deslegitimación”. Esto es más relevante porque empiezan a surgir cada vez más propuestas legislativas que presuntamente buscan proteger la libertad de expresión en línea pero que realmente la suprimen.
Judicialización del ataque a la libertad de expresión
La creación de leyes que potencialmente pueden limitar los discursos y contenidos disponibles en la discusión pública no es un fenómeno reciente en América Latina. Un estudio de la Universidad de Palermo, Argentina, apunta que en 2010 se aprobó en Venezuela una reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión que buscaba restringir la diseminación de mensajes “que podrían constituir manipulaciones de los medios para crear disgusto social o perturbar el orden social”.
Pero sí parece que este tipo de iniciativas se han acelerado recientemente. Jamila Venturini, directora ejecutiva de la organización latinoamericana Derechos Digitales, afirma que “hay una tendencia en incrementar penas de privación de libertad asociadas a [delitos contra el honor y la honra en los Códigos Penales]. Bolivia intentó en 2020 criminalizar por decreto la difusión desinformación en el marco de la pandemia a partir de una definición genérica. Algo similar pasó en Brasil, aunque el proyecto de ley propuesto sufrió modificaciones y sigue en tramitación. Chile también actualmente discute una problemática propuesta de regulación de plataformas que genera una serie de preocupaciones en relación a sus efectos a la libertad de expresión”.
También en México se pueden percibir estas tendencias. A inicios del año, luego de los ataques al Capitolio de Estados Unidos y que las principales redes sociales le retiraran sus cuentas al ahora ex-presidente Donald Trump, el legislador Ricardo Monreal presentó una nueva propuesta legislativa.
La ley buscaba que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tuviera mayor control sobre plataformas como Facebook y Twitter, con el supuesto fin de asegurar que no pudieran censurar el discurso público a su conveniencia. Una idea que fue criticada por, entre otros, la organización Human Rights Watch; calificándola de “pura y simple censura, y contradice las normas jurídicas internacionales al habilitar al gobierno mexicano a restringir el acceso a algunos sitios web y a decidir qué contenidos pueden o no pueden difundir los usuarios de redes sociales”.
Esta judicialización de las barreras a la libertad de expresión es tan delicada porque, como apunta Jamila Venturini, “el derecho a la libertad de expresión, como cualquier derecho humano, no es absoluto. El marco internacional de derechos humanos reconoce discursos que están sujetos a restricciones y ellos incluyen el discurso de odio. Sin embargo, cualquier restricción debe enmarcarse en los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.
En otras palabras, aunque sí hay expresiones y discursos a los que sí se les debe aplicar un proceso de moderación de contenido, también hay una línea muy delgada entre estos casos legítimos y recursos legislativos que podrían afectar el derecho a la libertad de expresión en canales digitales.
Grecia Macías explica que este problema es tan delicado porque sí “son reprochables los discursos discriminatorios y estigmatizantes que afectan a ciertas personas. Pero también llega un momento en el que eso mismo lo puede decir otra persona sobre lo que yo digo, o cuando yo me quejo de algún actor político. […] Hay que tener mucho cuidado al meter mano”.
El reto del canal digital
Si bien es cierto que la judicialización de estos mecanismos para suprimir la libertad de expresión no solo impacta en los canales digitales, el alcance y velocidad del ecosistema online, así como la generalización y ambigüedad de los conceptos facilita a los gobiernos de América Latina el aplicar sus medidas legislativas con el fin de censurar los discursos incómodos o contrarios a su retórica.
De acuerdo con un reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), muchos países de la región conservan leyes de difamación que recurrentemente se han utilizado para catalogar ciertos contenidos publicados en internet por usuarios y periodistas opositores como ofensas penales. La institución incluso reporta el aprovechamiento de los tratados internacionales en defensa de la propiedad intelectual como una herramienta para limitar la libertad de expresión en línea.
Y en lo que se refiere a la generalización y ambigüedad, hay varios casos específicos de México que la Organización por los Derechos Civiles (ADC) reporta en su estudio Libertad de Expresión en el Ámbito Digital: El estado de la situación en América Latina. En 2011, se encarceló a dos personas bajo los delitos de “terrorismo equiparado” y “sabotaje en contra de la seguridad del Estado” por dar cuenta de rumores de ataques a escuelas locales. Y ese mismo año, Tabasco aprobó una ley para castigar con hasta seis años de cárcel a quien ocasionara “caos o inseguridad social” usando cualquier medio de comunicación masiva.
Si bien estos ejemplos son de inicios de la década pasada, estas estrategias no han desaparecido. En el contexto de la pandemia de COVID-19, tanto organizaciones globales como el Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (Ifex) como estudios de académicos locales destacaron una ola de ataques a usuarios, organizaciones y medios centrados en contener críticas y discursos de oposición sobre el manejo de la pandemia.
En este sentido, concluye Vladimir Cortés, este tipo de agresiones contra la libertad de expresión, en general y en el entorno digital, “demanda una serie de acciones para mitigar y contrarrestar estos fenómenos, así como mantener el diálogo abierto y permanente entre el estado, las plataformas digitales y la sociedad civil para identificar cuáles son las medidas menos restrictivas pero que también garanticen los derechos de quienes habitamos los espacios digitales", asegura.
El experto de Artículo 19 añade, "no todo se resuelve ni removiendo contenidos ni bloqueando a ciertos perpetradores de violencia. Se trata de un conjunto de acciones que se pueden ir introduciendo y retomando que no necesariamente deben pasar por la vía legislativa […] sino que debe responder también a políticas integrales encaminadas a reducir las desigualdades y fomentar mayor igualdad entre las personas. Cambios estructurales”.
