Políticas públicas

Insostenible el aumento de pensiones en México sin una reforma fiscal: Expertos

El problema radica en un creciente gasto en las pensiones, con un presupuesto limitado, con ingresos prácticamente estancados y una economía que no crece.

26-05-2022 17:34 Por : Arena Pública
Para 2023 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público planea aumentar a 303 mil 700 millones de pesos el presupuesto destinado a pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. (Foto: Gobierno de México)
Para 2023 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público planea aumentar a 303 mil 700 millones de pesos el presupuesto destinado a pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. (Foto: Gobierno de México)

Sin una reforma fiscal que incremente los ingresos tributarios, el aumento planeado por el gobierno en el presupuesto público para pensiones de aquí al 2024 es insostenible y pone en riesgo el futuro de los jóvenes pues compromete recursos de otros sectores, dicen expertos consultados. 

Para 2023 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pretende aumentar a 303 mil 700 millones de pesos (MDP) el presupuesto destinado a pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM), lo que representa un incremento de 27.5% con respecto a este año; sin embargo, éste no ha ido acompañado de una reforma fiscal o de alguna fuente de ingresos que respalde los crecientes recursos destinado a las pensiones.

“Nosotros esperábamos una reforma fiscal el año pasado con elementos que pudieran aumentar los ingresos, porque todas las necesidades de gasto van aumentando sin contención, aumentan de manera continua año con año y más las pensiones y con este aumento de la pensión para adultos mayores, pues se reduce más el espacio fiscal”, dijo Alejandra Macías Sánchez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), organización civil que busca incidir en el desarrollo de la economía pública en entrevista.

En 2016 el espacio fiscal (diferencia entre ingresos y gastos comprometidos) fue de 6.6% del Producto Interno Bruto (PIB), en 2018 de 4.2% PIB y en 2020 bajó a 2.4%, según datos de la SHCP retomados por el CIEP.

“Ya se los acabó (el espacio fiscal) y le sigue huyendo a una reforma fiscal, pues por el costo político que esto implica”, señala Enrique Díaz-Infante, director Especialista del Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Ante este panorama, los expertos coinciden en que el financiamiento se ha obtenido con recortes a educación, infraestructura y salud, “lo que nos está generando es que lastimemos nuestras posibilidades de crecimiento como país, estamos comprometiendo el futuro de los jóvenes”, añade Díaz-Infante.

Para este año el presupuesto asignado para educación es de 104 mil 443 MDP, mientras que para salud es de 166 mil 312.8 MDP, en contraste con los 238 mil 014.7 MDP destinados a pensiones. Para 2023, la tendencia es la misma, pues si bien hay un incremento en estos rubros, el mayor aumento se otorga a pensiones con 65 mil 685.3 MDP más que este año, a salud 5 mil 026.8 MDP y educación con 4 mil 101.7 MDP, según datos de la SHCP

“(La pensión) se come casi el 20% del presupuesto y eso desprotege demasiado a las nuevas generaciones, no se está invirtiendo en primera infancia, no se está arreglando la parte de falta de aprendizajes de los niños”, dijo Macías Sánchez.

Aumento de pensionados sin ingresos tributarios

“El envejecimiento poblacional, así como la falta de acceso y uso de esquemas de ahorro para el retiro formales son factores que han afectado la capacidad de las personas y gobiernos para garantizar una pensión suficiente para un grupo significativo de mexicanos. Este es un problema público”, señala el documento El camino hacia adelante para el sistema de ahorro para el retiro en México, publicado en noviembre pasado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO).

En 2019, el 26% de las personas adultas mayores no tenían ni pensión contributiva ni apoyo de programas sociales. Además, solo 23% de las mujeres y 40% de los hombres tienen acceso a una pensión contributiva, según la Secretaria de Bienestar. En febrero de 2022, la población ocupada en la informalidad laboral fue de 30.6 millones de personas y la Tasa de Informalidad Laboral 1 fue de 54.6% de la población ocupada, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

“En un país con altos niveles de informalidad es clave que existan este tipo de apoyos para compensar la falta de acceso a pensiones contributivas. No obstante, para que este tipo de programas sean sostenibles, es necesario que, incluido en la planeación del otorgamiento de los apoyos, se contemplen e identifiquen también las fuentes que financiarán a estos programas -ya sea mediante el uso de deuda, de recursos tributarios u otros mecanismos de financiamiento”, señala el IMCO.

Asímismo, la población mayor de 60 años ha ido en aumento en las últimas dos décadas. En 2020, 10 millones 321 mil 914 tenían 65 o más años, según el Censo de Población y Vivienda, lo que representa al 12% de la población total, en 2010 este sector de la población era de 9.1% y en el 2000 de 7.3% de la población.

Al 31 de agosto del año pasado, 7.8 millones de personas recibieron 2 mil 620 pesos bimensuales, que se incrementaron a 3 mil 100 pesos cada dos meses en 2022, según datos de México Social, organización enfocada en los problemas sociales que afectan al país. Este año aumentó a 3 mil 850 pesos bimestrales y se incrementará 20% anual en 2023 y 2024, según la Secretaria de Bienestar.

La organización añade que “esta cantidad es claramente insuficiente para solventar las necesidades básicas de una persona mayor, más cuando la falta de medicamentos y la desaparición del Seguro Popular han incrementado notablemente el gasto de bolsillo en el renglón salud”.

Sin embargo, este aumento no ha ido asociado con un aumento en la recaudación tributaria: “Eso hubiéramos esperado el año pasado, que nos tuvieron con el discurso de que no iban a aumentar los impuestos durante los primeros tres años, pero la necesidad de ingresos está ahí desde hace tres años y seguirá en el futuro”, comentó Alejandra Macías, quien posee un doctorado en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

En 2021, los ingresos tributarios fueron de 3 billones 566 mil 622 MDP, para el ejercicio fiscal de este año se espera que la cifra ascienda a 3 billones 944 mil 520.6 MDP. En 2016, estos representaron el 24.1% del PIB, en 2018 el 21.8% y 2020 este bajo a 21%, de acuerdo con el CIEP. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestra que la relación ingresos fiscales/PIB en 2020 osciló entre 17.9% en México mientras que el promedio OCDE es de 33.5 %.

En marzo de 2021, se instaló el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria que pretende realizar diagnósticos y propuestas de los temas hacendarios y fiscales en el país.

“Necesitamos urgentemente levantar los ingresos por impuestos para poder financiar esas pensiones de otra manera, pues seguimos recortando el gasto en estos rubros y eso es una injusticia intergeneracional”, apuntó Enrique Díaz-Infante, maestro en Políticas Comparadas y en Política Social, Planeación en Países en Desarrollo por la London School of Economics and Political Science.

La pensión desde las políticas públicas

El problema radica en el creciente gasto de las pensiones, en un presupuesto limitado, con ingresos prácticamente estancados y una economía que no crece. “Se requerirá un presupuesto equivalente a 1.9% del PIB para que en 2024 puedan atenderse los 12 millones de adultos mayores de 65 años en el país. Esto implica que el gasto total en pensiones contributivas y no contributivas se ubicará en 6.5% del PIB”, advierte el CIEP. Actualmente, este gasto oscila alrededor del 5.2% del PIB.

Con este contexto el IMCO propone “transitar de un sistema fragmentado a uno unificado y con interconexión clara entre los diferentes esquemas no sólo reduciría el costo al erario en materia de pensiones (al permitir la eliminación de gastos duplicados en programas sociales y pensiones), sino que también podría incrementar la cobertura del sistema al mitigar el problema de la informalidad laboral”. 

El think tank en políticas públicas añade “incorporar los sistemas de pensiones garantizadas, pensiones contributivas y pensiones universales (asistenciales no contributivas) mediante una reducción en el monto de pensiones garantizadas y en la contribución por parte de los patrones”.

El problema que destaca Macías Sánchez, es que “no tenemos un identificador único de personas” para acceder a estos servicios lo que provoca que se entreguen pensiones duplicadas.

“De generar una mayor coordinación y dinamismo en el sistema, un panorama menos fragmentado, reduciría los costos para el sector público, al eliminar coberturas duplicadas y presentar oportunidades para disminuir el costo de la formalidad”, concluyó el IMCO. Además, se requiere hacer “una focalización más precisa para aquellas personas que realmente necesitan”, según Macías Sánchez.

Díaz-Infante insiste en la necesidad de crear un sistema nacional de pensiones con una autoridad pensionaria que resuelvan los problemas de coordinación entre los diferentes sistemas. “Hacer una reforma fiscal (es fundamental), de otra manera, vamos a estar comprometiendo la capacidad de crecimiento de crecimiento del país y ahondando en las desigualdades, afectando el bienestar socioeconómico de las personas y su movilidad social ascendente”, sentenció el ejecutivo del CEEY.