Cae Reforma Eléctrica, pero aprueban fast track nacionalización del litio

El Presidente hizo uso de su “blindaje” ante el rechazo de su iniciativa de contrarreforma eléctrica, para reformar la Ley Minera.
18 Abril, 2022 Actualizado el 18 de Abril, a las 22:09
El precio del litio ha crecido a triple dígito en los últimos años. (Foto: Pexels)
El precio del litio ha crecido a triple dígito en los últimos años. (Foto: Pexels)
Arena Pública

La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para reformar la Ley de la Industria Eléctrica cayó este domingo, pero no así la reforma a la Ley Minera. 

Poco antes de que en la medianoche de este domingo la llamada Contrarreforma Eléctrica fuera rechazada al no alcanzar la mayoría calificada, el líder de la bancada de Morena, Ignacio Mier, hizo público que la iniciativa presidencial para nacionalizar el litio en México llegó al Palacio Legislativo de San Lázaro.

La iniciativa fue presentada y aprobada en lo general este mismo lunes en el Pleno de la Cámara Baja en fast track, es decir, sin discusión alguna, pues las bancadas del PAN, PRI y PRD abandonaron la sesión acusando que no conocen la iniciativa y se trata de un albazo legislativo.

Desde el martes pasado, el presidente López Obrador manifestó que pasara o no la reforma a la LIE, contaría con “blindaje contra la traición” a través de la firma y envío a los legisladores de una iniciativa para nacionalizar este mineral utilizado para la fabricación de baterías y otros componentes eléctricos.  

El primer artículo de la nueva iniciativa propone la creación de un organismo público descentralizado que se encargue de la exploración, explotación y aprovechamiento del litio que será determinado por el poder ejecutivo federal. Según el documento “Modelos de gobernanza del litio en México”, propuestas alternas a las del Presidente contemplaban la creación de una empresa paraestatal bajo el nombre de Litiomex.

En adición de la creación de organismo, el artículo 5 declara “de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, por lo que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia. Serán consideradas zonas de reserva minera aquellas en que haya yacimientos de litio”.

Con estas dos modificaciones, el Estado mexicano tendría el monopolio sobre el llamado “petróleo blanco” en el país, el cuál será considerado un mineral estratégico ante el rápido crecimiento de su uso en la industria tecnológica, desde en la creación de dispositivos móviles como celulares y computadoras hasta en la fabricación de batería para automóviles eléctricos. 

Según diversas estimaciones, el precio del litio en el mercado internacional ha tenido un crecimiento de triple dígito, elevándose de cinco mil 180 dólares por tonelada en 2010 hasta 12 mil 700 dólares en el 2019. Tan solo en el último año, el precio del hidróxido de litio se ha incrementado en 158%. 

La iniciativa presidencial ha sido criticada por algunos analistas quienes la consideran innecesaria, pues el artículo 27 de la Constitución ya establece que los recursos del subsuelo son propiedad de la nación.

De hecho, en otros países de América Latina con grandes yacimientos de este mineral, incluído Bolivia que cuenta con la mayor producción y yacimientos en el mundo, no existe una legislación específica que hable del litio, aunque en el caso de este país andino la legislación sobre el papel del Estado sobre la minería es mucho más extensivo y estricto que en otros.

Solo en Chile el litio si está especificado como un mineral cuya explotación está reservada exclusivamente al Estado debido a su utilidad en la industria militar en el caso del primero, mientras en Perú una Ley aprobada en 2021 lo declaró un mineral estratégico, sin embargo no establece un monopolio sobre la cadena de valor del mineral. 

Capacidad limitada de explotación por parte del Estado 

No obstante, la iniciativa para nacionalizar el litio podría terminar siendo una aventura costosa y de pocos beneficios para el Estado mexicano, advierten expertos. 

Hasta la fecha, según datos de la Secretaría de Economía, no se había producido ni una sola tonelada de litio en el país, ya que los tres yacimientos ubicados en Baja California, San Luis Potosí-Zacatecas y Sonora se encuentran apenas en etapa de exploración por parte de dos únicas empresas, la inglesa Bacanora Lithium y la china Gangfeng Lithium, que es la inversora mayoritaria de esta primera.

Las reservas de litio que se calcula existen en el país aún son debatidas. Mientras algunos estudios como el de Mining Technology señalan que en México existe el mayor yacimiento de este mineral, otros reportes incluídos los de la Secretaría de Economía señalan que los yacimientos son mucho más modestos, aunque todavía posicionan a México entre los 10 principales poseedores de litio. 

El origen principal de las controvertidas cifras se deben a que, a diferencia de Bolivia o Chile donde los yacimientos se encuentran en terrenos salitrosos a baja profundidad, en México los yacimiento más importante como el de Sonora, se encuentran bajo tierras arcillosas que dificultan saber que cantidad del sitio está compuesto por litio y cual por arcilla. 

La naturaleza de estos yacimientos también sería la principal dificultad para poder aprovechar el mineral, pues el Estado mexicano no cuenta con la tecnología necesaria para realizar este tipo de minería y su adquisición resultaría mucho más costosa que el que una empresa privada especializada como Gangfeng lo haga. 

Tan solo la creación de la empresa estatal de explotación del litio costaría unos 300 millones de dólares adicionales al proceso de exploración según estimaciones de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, AC (AIMMGM).

Lo que se discute es la falta de capacidad para explotarlo eficientemente, pues actualmente no se posee tecnología, experiencia, recursos para invertir, ni contactos en las redes productivas que consuman este metal, lo que presupone una dificultad mayúscula para que este tipo de proyectos sean exitosos económicamente”  señala Aleida Azamar, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana en un reporte incluido en el libro Minería en México: panorama social, ambiental y económico.