¿Cómo repensar la economía ante la crisis ambiental?

A pesar de sus altos costos y la creciente frecuencia de emergencias ambientales, los gobiernos aún no invierten lo suficiente en enfrentar el cambio climático.
23 Agosto, 2023
Marcha a favor del medio ambiente, septiembre 2019 (Foto: Pexels)
Marcha a favor del medio ambiente, septiembre 2019 (Foto: Pexels)

Además de las inusuales olas de calor que hemos vivido este verano, ahora hay que sumar nuevas emergencias climáticas. Veamos tres estampas.

Primero, el 8 de agosto en Hawaii, un incendio descontrolado arrasó la comunidad de Lahaina en la isla de Maui, dejando un saldo de 39 muertes y un costo aún preliminar de más de 5 mil millones de dólares. Para dimensionar esta cifra, equivale a aproximadamente al 7% del PIB de la isla.

Segundo, la semana pasada más de 200 incendios azotaban el Territorio del Noroeste Canadiense. La capital del territorio, la ciudad de Yellowknife, con sus más de 20,000 habitantes, fue evacuada. Lo leyó bien, la capital administrativa de una provincia en Canadá fue completamente evacuada por temor a sufrir el mismo destino que Hawaii.

Tercero, la tormenta tropical Hilary tocó tierra en Baja California el 20 de agosto, con destino al sur de California. Hilary fue la primera tormenta tropical en llegar a California desde1939. Y no solo eso, la temporada de ciclones apenas inicia y hoy al menos cinco ciclones se están formando en el Atlántico.

Existe un consenso en que los recientes eventos climáticos tienen una conexión con el cambio climático. No son eventos aislados, sino todo lo contrario, son fenómenos que se están volviendo más frecuentes y que traerán consigo un altísimo costo humano y económico.

La gran contradicción al evaluar este tipo de eventos es que una vez que se han materializado los daños, es evidente que era más barato prevenirlos que afrontar el costo de la inacción, que es altísimo. Sin embargo, a pesar de que año con año vemos estos costos ambientales como una realidad, nos resistimos a invertir más dinero para evitar los peores efectos del cambio climático.

Hay muchas razones por las cuales esto ocurre, pero en esta ocasión me gustaría discutir cómo algunas de nuestras más ideas arraigadas sobre la economía pueden afectar de manera muy negativa la forma en que abordamos el reto medioambiental.

El valor económico es uno de los conceptos centrales en la economía. La noción más comúnmente aceptada es que el valor económico es aquello capaz de generar bienestar. En una economía de mercado, el valor puede aproximarse a través de los precios. Un precio alto implica una mayor generación de valor en un entorno económico dado. Por ejemplo, si los diamantes tienen un precio mayor que el agua, esto refleja una mayor valoración de los diamantes, dada su abundancia relativa en comparación con el agua. Esta valoración no es absoluta. En un desierto donde el agua es escasa, esta podría ser más valiosa que los diamantes y tener un precio mayor.

Sin embargo, el precio no siempre refleja el verdadero valor de las cosas, ya que el mercado puede fallar. ¿Cómo es que puede fallar el mercado? Un ejemplo es lo que los economistas llaman 'externalidades'. Una externalidad se da cuando la conducta de una persona o empresa afecta el bienestar de un tercero. Por ejemplo, si una fábrica de autos contamina, esta genera un efecto negativo sin que la comunidad tenga posibilidad de limitarla.

Otro fallo de mercado que puede explicar la problemática ambiental son los bienes públicos. Un bien público, a diferencia de un bien privado, es aquel bien que al consumirse no se agota y que no puede cobrarse. Desde esta óptica, hay ecosistemas que ofrecen servicios ambientales, como la captura de carbono, que todos disfrutamos y no se pueden cobrar.

La idea de las externalidades y los bienes públicos se encuentran presentes en un gran número de problemas económicos. De hecho, existen soluciones muy claras para resolver situaciones cuando el mercado falla. Para el caso de las externalidades, es posible imponer impuestos y subsidios, de forma que el valor de mercado coincida con su valor económico.

También es posible crear un nuevo mercado, como en el caso de las emisiones de CO2, de manera que pueda asignarse un precio a las emisiones y así quien contamine tenga que pagar su costo. Sin embargo, cuando hablamos del medioambiente, muchas veces la realidad es que estos conceptos tan útiles en algunas discusiones pueden no ser del todo adecuados.

Por ejemplo, para arreglar una externalidad primero tenemos que tener una buena idea de su valor en términos monetarios. Generalmente, estas mediciones se hacen a través de su impacto, positivo o negativo, en la producción. El costo de una externalidad negativa, por ejemplo, la contaminación, se puede relacionar con su impacto en la productividad, o los servicios ambientales de un ecosistema con el valor monetario de dichos servicios en un proceso productivo.

El valor económico del medio ambiente también incluye dimensiones sociales, culturales y personales que desempeñan un papel crucial en la creación de comunidades resilientes y sostenibles. Asimismo, es importante reconocer que la conservación del medio ambiente puede tener un valor en sí misma. Esto resulta particularmente relevante en cuanto al valor de un ecosistema para las comunidades que lo habitan.

Es cuestionable si los economistas realmente pueden medir el valor monetario de todas estas dimensiones. La realidad es que, en la práctica, los economistas terminamos haciendo supuestos heroicos para asignar un valor al medio ambiente, y terminamos con números que en el mejor de los casos son aproximaciones burdas a su verdadero valor y en el peor, indicadores erróneos.

Este no es el único problema. Ante la magnitud de los retos medioambientales a los que nos enfrentamos actualmente, incluyendo el cambio climático, la deforestación y la destrucción de ecosistemas completos, algunos autores como la economista italoamericana Mariana Mazzucato cuestionan la noción misma de fallas en el mercado y su verdadero alcance.

Una falla de mercado, por definición, es algo que puede corregirse con una intervención. Sin embargo, la magnitud de problemas tales como el cambio climático sugiere que hay verdaderas fallas estructurales en nuestras economías, imposibles de corregir con intervenciones focalizadas. Se requiere una reestructuración profunda de las instituciones económicas.

Un ejemplo está en el enfoque para tratar el problema de los bienes públicos ambientales. El alcance de los servicios ambientales que ofrece un ecosistema, como por ejemplo el Amazonas, convierte a este sistema en un verdadero bien público global. En principio, la gestión de un bien público puede llevarse a cabo desde un gobierno, pero en el caso de un bien público global no existen instituciones supranacionales que tengan la capacidad de gestionar su protección, conservación o distribución de beneficios económicos.

La discusión sobre bienes públicos globales es relativamente nueva, aunque ha tomado tracción recientemente, sobre todo entre los organismos multilaterales de desarrollo. La discusión se centra en cómo medir el valor de estos bienes públicos globales y cuánto se necesita invertir para conservarlos. Existen esfuerzos muy serios en estos momentos a nivel internacional que reconocen que el cuidado del medio ambiente y el combate al cambio climático requieren una nueva arquitectura global para su gobernanza, gestión y financiamiento.

Para entender por qué no invertimos lo suficiente en enfrentar el cambio climático, a pesar de sus altos costos y la creciente frecuencia de emergencias ambientales, debemos considerar que nuestras concepciones actuales sobre la economía están desactualizadas. Para encontrar soluciones verdaderamente efectivas, es esencial repensar la economía y empezar a diseñar instituciones que se adapten a esta nueva realidad.

Roberto Durán-Fernández Roberto Durán-Fernández Roberto Durán Fernández es profesor en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Es economista por el ITAM, cuenta con una maestría en economía por la London School of Economics y se doctoró por la Universidad de Oxford, especializándose en desarrollo regional. Ha sido consultor para el Regulador de Pensiones del Reino Unido, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y la Organización Mundial de la Salud. En la iniciativa privada colaboró en la práctica del sector público de McKinsey & Co y la dirección de finanzas públicas e infraestructura de Evercore. En el sector público fue funcionario en la SHCP y en el Banco de México.