Entre la complacencia y el 'bluff'
El presidente López Obrador acaba de anunciar que va a presentar al Congreso reformas constitucionales en materia judicial, electoral, sobre la disolución de órganos autónomos, ajuste del salario mínimo y pensiones, entre otras, pero sabe que no cuenta con los votos suficientes para ser aprobadas.
Sorprende que de manera súbita quiera hacer cambios que no hizo en los últimos cinco años, pero también se entiende que quiera seguir dictando la agenda política en un año electoral cuando ya no es candidato a la presidencia. Al final, es un animal político.
Se le pueden dar muchas interpretaciones a este movimiento por el lado político, pero por el lado económico, no hace mucho sentido, ya que sólo genera incertidumbre.
La reforma más preocupante es la de las pensiones. El presidente ha dicho que lo que busca es que los trabajadores puedan jubilarse con una pensión equivalente a su último salario, es decir, tener una tasa de reemplazo del 100 por ciento. Eso no ocurre en ningún país. Ya se hizo una reforma al sistema actual en 2020, la cual incrementa la contribución de los patrones de manera gradual hasta 2030, y se espera que la tasa de reemplazo pueda ser, en promedio, de alrededor del 62% para entonces. López Obrador insiste que es insuficiente. Un objetivo loable, pero alguien tiene que pagar la diferencia, ya sea, el gobierno aportando más, o el trabajador, trabajando por más tiempo. No hay lonche gratis.
El presidente ya anunció que podría ser a través de una mayor aportación por parte del Gobierno. Eso significa sin duda alguna, un mayor costo fiscal. No hay forma de negarlo. Comprometerse a cubrir pensiones en dicha magnitud podría ser muy oneroso, y puede generar presiones futuras de varios puntos del PIB.
En ese sentido, los mercados no creen que esta reforma pase y sea aprobada. El hecho que el presidente haya anunciado que es “una reforma constitucional” y que sea “para cubrir pensiones al 100%” la hizo una reforma no creíble desde el principio, ya que Morena no cuenta con los votos necesarios. Todo el paquete se percibe como una cuestión política-electoral y que finalmente quedaría estacionado en el Congreso, siendo utilizado como un instrumento para acusar a la oposición de obstaculizadora. En ese sentido, el mercado ni se inmutó e ignoró el anuncio. El tipo de cambio se ha movido únicamente por cuestiones globales en los últimos días.
Y ahí mi preocupación. Los mercados siguen con un optimismo basado en que Morena ganaría la presidencia, victoria delimitada por una oposición que quizás gane espacios en el nuevo Congreso, y AMLO quedaría en la historia, con su proyecto en el olvido. Y todos nos enfocaremos en el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. A otra cosa. Suena bien.
Me parece que es muy apresurado pensar en dicho escenario. Sería bueno esperar a ver qué se anuncia el próximo 5 de febrero. Es importante recordar que una potencial reforma en pensiones no necesita un cambio constitucional. Sería sólo cambiar la Ley del IMSS y del ISSSTE. El Gobierno tendría que hacer bien el cálculo de cómo quiere aportar para que todos los trabajadores, en promedio, realmente puedan aspirar a jubilarse con una tasa de reemplazo cercana al 100%.
Si no, efectivamente, esta reforma sólo sería un ardid del presidente. Caso contrario, la reforma puede ser una bomba para las finanzas públicas y un éxito electoral para Morena, que le traería votos para una victoria mucho más holgada para López Obrador, cambiando la probabilidad de los escenarios para junio próximo. Cuidado.
Por ahora el mercado sigue complaciente y ajeno a lo que pasa en México, quizás llamando a un bluff de AMLO. Ya veremos si es sólo parafernalia o algo más fundamental.
Marco Oviedo
Economista y Estratega Senior para América Latina en XP Investments (Brasil). Cuenta con una amplia experiencia en mercados financieros y política macroeconómica. Anteriormente fue jefe de Investigación Económica para América Latina en Barclays. En el sector público mexicano fue asesor económico de la Presidencia de la República durante el gobierno de Felipe Calderón y director general adjunto de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Oviedo es doctor en Economía (Ph.D) por la Universidad de Yale.
