Las pensiones de las afores: una advertencia (parte I)
Los pasados 10 y 11 de noviembre tuvo lugar el Encuentro AMAFORE 2026 en el Centro Banamex de la Ciudad de México. Su tema fue “La arquitectura del retiro: longevidad, ahorro individual y crecimiento económico”.
Las Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefores) son en conjunto, después de la banca comercial, el principal inversionista institucional del país y cuentan con un potencial enorme para contribuir al desarrollo del mercado de capitales.
Los recursos administrados por las afores ascendieron en septiembre de este año a los 9 billones 76,281 millones de pesos en 70 millones 555,178 cuentas administradas. Estos recursos equivalen aproximadamente a 24.2% del PIB nominal del segundo trimestre de 2026. Al respecto conviene aclarar que poco más de la mitad de los ahorros de los trabajadores se invierten en valores gubernamentales a largo plazo, principalmente bonos de largo plazo, como son los bonos M a 10 años y los Udibonos, por mencionar los más importantes. Esto significa que los ahorros de los trabajares financian al gobierno federal por el equivalente de 12.1% del PIB.
Las afores contribuyen al desarrollo y financiamiento en el mercado de capitales a través de su inversión en instrumentos alternativos y estructurados como los Cerpis, los CKDs (Certificados de Capital de Desarrollo) y las Fibras (en el sector de bienes raíces). Muchas de sus inversiones están destinadas a financiar una amplia gama de proyectos de infraestructura.
En la inauguración del evento el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, destacó varios puntos que son dignos de consideración. En primer término, señaló que el ahorro pensionario en las Administradoras de Fondos de Pensiones para el Retiro (Afore) son un “socio natural” de la inversión en infraestructura. Como he señalado esto es parcialmente cierto.
Sin embargo, conviene aclarar que la experiencia de las inversiones de las Siefores en proyectos de infraestructura mediante CKDs no ha sido la mejor. Los rendimientos que han obtenido en estos instrumentos han sido de alrededor de 4%, muy por debajo de los rendimientos de las inversiones en valores gubernamentales. Este bajo rendimiento se explica en buena medida porque los prospectos de inversión que los manejadores o administradores de fondos presentan a los inversionistas típicamente presentan cifras alegres. En la práctica muchas de estas inversiones en infraestructura han fracasado, lo que se ha traducido en pérdidas. Por ello, la Comisión de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y las propias afores han mostrado animadversión o renuencia a seguir utilizando la figura de los CKDs, inclinándose más por los Cerpis y las Fibras.
En segundo lugar, el titular de Hacienda exhortó a las administradoras a participar en el Plan México de la presidente Sheinbaum. Invitó a las afores a identificar oportunidades en infraestructura, energía, transporte, vivienda e industria. Aunque aclaró que las afores no están obligadas a financiar proyectos específicos y que deben protegerse los intereses de los trabajadores. Añadió que las inversiones deben cumplir evaluaciones financieras, legales, operativas y de riesgos, además de la regulación de CONSAR.
Conviene recordar que una característica del actual gobierno y del anterior es que hasta muy recientemente ha mostrado (y demostrado) una clara animadversión a colaborar con la iniciativa privada en asociaciones público-privadas. Luego entonces pareciera que en el caso de las afores lo que únicamente se busca es que el ahorro de los trabajadores termine financiando los proyectos de infraestructura del Plan México, más que una colaboración estrecha con empresas del sector privado.
Tampoco está de más recordar que el gobierno federal adquirió de Iberdrola trece instalaciones obsoletas de generación eléctrica que ya operaban en México: doce centrales de ciclo combinado a gas natural y un parque eólico, La Venta III, en Oaxaca. Las de ciclo combinado producen electricidad con turbinas de gas y aprovechan su calor para generar electricidad adicional con vapor.
Estas plantas sumaban 8,539 megawatts de capacidad instalada; aproximadamente 87% de esa capacidad ya estaba contratada con la CFE bajo el esquema de productores independientes. La operación de compra se cerró el 26 de febrero de 2024 por un monto de 6,200 millones de dólares, mediante un CKD diseñado por México Infrastructure Partners y con respaldo financiero público. En esta operación dos Afores invirtieron 2,000 millones de dólares de ahorro para el retiro de los trabajadores. Cabe destacar que la compra de las instalaciones de Iberdrola cambió la propiedad de instalaciones existentes; pero, por sí misma, no añadió ninguna capacidad de generación eléctrica al país. Hasta la fecha ni el gobierno federal ni las Afores han informado sobre la rentabilidad de esta inversión en infraestructura.
Al respecto, conviene subrayar que la administración anterior y la actual no han demostrado ser buenos inversionistas en sus proyectos insignia, los cuales se han caracterizado por montos de inversión muy superiores a los originalmente anunciados, pérdidas operativas, una dudosa rentabilidad social y corrupción. De hecho, no sólo han contribuido a un endeudamiento público elevado, sino que, además, se han caracterizado por la ausencia de transparencia y rendición de cuentas, como lo demuestra el hecho de que la inversión en los proyectos de la 4T se ha catalogado como confidencial o reservada por períodos de cinco años o más y que muchos de estos proyectos han sido llevados a cabo por las fuerzas armadas o empresas de dudosa procedencia.
También agrego que, durante mi gestión como presidente de CONSAR, desde diciembre de 2018 a octubre de 2021, no fueron pocas las ocasiones en que los legisladores de Morena y del PT me señalaron en el Congreso de la Unión que los ahorros en las cuentas individuales de los trabajadores deberían destinarse a rescatar a PEMEX, financiar a CFE y a liquidar pasivos de la extinta Luz y Fuerza del Centro.
El secretario también señaló como prioridades cumplir los compromisos pensionarios del Estado, fortalecer el Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB) y garantizar las pensiones no contributivas. Ciertamente las presiones de estos rubros sobre las finanzas públicas son enormes. Esto se presenta a suspicacias por el hecho de que lo haya siquiera mencionado. No viene al caso.
Los recursos del FPB provienen de las cuentas individuales de trabajadores que cumplen 70 años, conforme a la reforma de 2024 impulsada por Luisa María Alcalde. Estos recursos se utilizan para complementar las pensiones de las Afore hasta alcanzar el 100% del salario promedio de cotización durante la vida laboral, siempre que no supere el promedio del IMSS, que, por cierto, ha disminuido a lo largo de este año. Aquí cabe señalar que, si la pensión del trabajador es de 6,500 por ejemplo, pero su salario de cotización promedio es de 7,000 pesos, recibirá del FPB un complemento de 500 pesos, cifra inferior al salario promedio de cotización del IMSS.
Sin embargo, un vistazo al último informe publicado correspondiente al 30 de junio de 2026 y presentado en la sesión del Comité Técnico del 9 de octubre de 2026 señala que el FPB tenía un patrimonio neto de 61,406 millones de pesos. Sus activos sumaban 62,149 millones y sus pasivos, 743 millones. Desde el inicio de operaciones hasta junio de 2026 las devoluciones de ahorro a trabajadores o beneficiarios que los reclamaron recibieron 5,940.5 millones de pesos del FPB.
Más revelador aún es el reducido monto destinado a complementar las pensiones: apenas 521.1 millones de pesos, de los cuales 478.4 millones correspondieron a trabajadores del IMSS y 42.7 millones a los del ISSSTE. ¿Por qué tan poco? Una posible explicación es la elevada movilidad de los trabajadores entre la formalidad y la informalidad laboral. Esta y otras interrogantes sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro las abordaré en mi próxima entrega.