Sorteando la crisis económica del COVID: Bonos Vinculados

29-04-2021 12:23

Distintas voces, entre economistas renombrados y Think Tanks mexicanos, propusieron al inicio de la crisis del COVID-19 incrementar el gasto público para intentar salvar el empleo y la quiebra de empresas, sobre todo aquellas de tamaño micro y pequeño.

México fue uno de los países que menor apoyo económico brindó en este respecto. Nuestro gobierno destinó la mayor parte de los escasos recursos para aliviar el impacto económico de la población pobre (lo que no se cuestiona), con sus problemas en la dispersión del dinero. El medio de financiamiento fue principalmente mediante la reasignación del gasto público, así como de un incremento de la recaudación tributaria, los recursos de fideicomisos públicos que extinguieron, y de los remanentes del Banxico (los dos últimos estarán ausentes en el 2021).

Más allá de si este camino fue el adecuado o no, las presiones de gasto persistirán en los siguientes años, debido a lo lento que será la recuperación para alcanzar los niveles precrisis. Esto sucederá para prácticamente toda América Latina y el Caribe.

Recuerde que durante la crisis de la deuda externa originada por México en los 1980s, los organismos multilaterales forzaron un ajuste leonino de las finanzas públicas. México, por ejemplo, alcanzó superávit primarios de más de 6% del PIB para poder cubrir el costo financiero de la deuda. Es cierto este superávit se obtuvo entonces ayudado por la desincorporación de más de 1,000 empresas paraestatales. Aún así, el esfuerzo fiscal para cumplir con las obligaciones de deuda soberana fue enorme durante toda la década de los 1980s e inicios de los 1990s.

Hay quienes incluso afirman que el lento crecimiento de México en los últimos 30 años tiene su origen en esos programas de ajuste diseñados por el FMI (Krugman el más notable); esto es así porque para alcanzar esos superávit primarios, se tuvo que dejar de construir infraestructura pública por alrededor de 15 años, tan necesaria para el desarrollo del país, lo que nos puso en una desventaja competitiva a nivel internacional.

Hoy, en muchos países de América Latina (y aquellos de bajo ingreso en general), el costo financiero de la deuda es un lastre para aliviar los efectos de la pandemia. Por ejemplo, en México para 2020 el costo financiero de la deuda ascendió a 3% del PIB. Esta cifra es la cantidad que proponían aquellos que llamaban para la instauración de un programa de alivio económico, que mencionamos arriba.

Hoy día, el FMI ha cambiado radicalmente su enfoque y propone incluso reestructuraciones de la deuda que incluya diferimiento de pago de deuda.

Para ello, algunos organismos como el propio FMI y la CEPAL proponen la emisión de bonos vinculados a alguna variable que vaya con el ciclo económico, como el PIB, Ingreso Nacional, Exportaciones y/o precio de commodities.

Estos bonos permitirían sortear las crisis involuntarias en el futuro. Se pagarían más intereses en épocas de vacas gordas, y mucho menos (o suspensión temporal) en las de vacas flacas. Incluso se les puede asociar eventos como la ocurrencia de desastres naturales adicionales a crisis económicas importadas.

A la globalización le faltaron instrumentos como éstos. Aunque tardíamente, estamos aprendiendo a que es necesario diseñar instrumentos financieros que permitan sortear estos eventos.

Argentina firmó uno de estos bonos en 2005 y de ahí se pueden extraer lecciones. En efecto, en ese país, cuando hubo cambio de base del cálculo del PIB, se distorsionó el bono. No obstante, ahí hay lecciones para perfeccionarlos.

Alternativamente hace un par de meses un grupo de connotados economistas (P. Bolton, L. Buchheit, P-O. Gourinchas, M. Gulati, C-T Hsieh, U. Panizza y B. Weder di Mauro) propusieron una suspensión temporal del servicio de la deuda condicionado a que esos recursos (en el caso mexicano el 3% del PIB) se inviertan en acciones para aliviar los efectos de la pandemia -salud y económicos-.

El mecanismo sería crear un Fondo de Alivio Crediticio con el monto de servicio de la deuda, manejado por el Banco Mundial, para cerciorarse de que efectivamente ese recurso se utilice en aliviar los efectos de la pandemia. A esto le llaman Necesidad, y en su artículo muestran que incluso está en el interés de los acreedores aceptar este tipo de esquemas.

En suma, en caso de introducirlos, países como México podrían destinar más de dos puntos porcentuales como proporción del PIB a aliviar los estragos de la crisis económica generada por el COVID.

Todavía es tiempo, pues las estimaciones de volver a niveles precrisis señalan que lo haremos hasta alrededor del año 2024 (coincidencia con el año electoral). Nuestras autoridades hacendarias podrían aprovechar la disposición de los organismos multilaterales para reestructurar al menos parte de nuestra deuda pública externa.