Pensiones, el lastre del gasto social en México: OCDE
Las pensiones son un lastre para gasto del gobierno.
Estrechan el margen para que el gobierno federal pueda incrementar el gasto social.
México es el país que menos recursos destina al desarrollo social como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), 8% contra el 20% promedio que destinan los 35 integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“La mayor parte del menor gasto social en comparación con los países de la OCDE se explica por el gasto en las pensiones y, en menor medida, en salud”, aseguró el organismo en enero de 2017.
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El gasto mexicano en pensiones es descomunal. Pasó de representar el 11% del presupuesto de egresos total en 2012 a 15.4% en 2017, mientras que en esos mismos seis años los recursos para desarrollo social pasaron de 0.7% a 0.8% del presupuesto total.
Como pocas partidas presupuestales el gasto en pensiones ha crecido a un ritmo anual de 13% entre 2013 y 2017 al pasar de 457 mil 900 millones de pesos a 754 mil 600 millones, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica publicados por la Secretaría de Hacienda.
El gasto en pensiones rebasa incluso a lo que México atrae de inversión. Los 793 mil 734 millones de pesos que se presupuestaron para pensiones en 2018 triplican el monto de nueva inversión extranjera directa que llegó al país durante todo 2017 por 216 mil millones de pesos.
Cada año aumenta el número de personas que se jubilan con los beneficios del esquema de pensiones regido por la ley de 1973, las llamadas pensiones con beneficio definido, esa es la razón principal del crecimiento del gasto en pensiones.
El gasto en pensiones de México pasó del 11% del presupuesto de egresos total en 2012 a 15.4% en 2017. Foto: Sima Dimitric /algunos derechos reservados.
Bajo este esquema más del 80% de lo que reciben los jubilados por pensión es subsidiado por el gobierno federal. Por ejemplo, un trabajador que gané tres salarios mínimos recibirá 1.6 millones de pesos con un monto aportado de 211 mil pesos, es decir, el gobierno le subsidiará 1.4 millones.
Las pensiones ejercen tal presión sobre el gasto que incluso la Secretaría de Hacienda ha incumplido la Ley General de Desarrollo Social desde 2016. Esta ley le obliga a incrementar el gasto social –por lo menos- al ritmo que crecen los precios de los bienes y servicios medidos por la tasa de inflación.
El presupuesto para desarrollo social (Ramo 20) se incrementó tan solo 1.2% anual en 2018, mientras que la tasa de inflación cerró 2017 en 6.7%, cinco veces más que el gasto social.
Los recursos para desarrollo social disminuyeron 3.2% anual en 2017, mientras que la inflación del año anterior cerró en 3.3%.
Cuando el gasto social crece menos que la inflación entonces los recursos tanto para la operación de los programas sociales como para repartir entre los beneficiarios rinden menos, pues en el mercado los bienes y servicios cuestan más que un año antes.
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El apoyo por 580 pesos que recibirán los beneficiarios del programa Pensión para Adultos Mayores en 2018, por ejemplo, no se han incrementado desde 2014, limitándolos a adquirir bienes y servicios porque la inflación pasó de 4% a 5.3% en ese periodo.
La OCDE ha hecho diversas recomendaciones a México para que incremente y mejore su gasto social. Por ejemplo, destrabar la aprobación del sistema nacional de seguro de desempleo atorada en el Senado desde abril de 2014.
Recientemente le recomendó establecer un impuesto sobre la herencia y sobre actividades perjudiciales para el medio ambiente, así como incrementar los que ya existen sobre la propiedad de los inmuebles. Una medida impopular, hasta hoy ningún candidato presidencial se ha pronunciado sobre subir los impuestos.
Otras recomendaciones han sido facilitar la transición de los beneficiarios de Prospera a un empleo productivo para reducir su dependencia a los apoyos condicionados. Aumentar las aportaciones de los trabajadores a las Afores para asegurar que se reflejan en mayores pensiones.
A pesar de la reforma fiscal de 2013 la recaudación mexicana sigue siendo "insuficiente" para financiar las necesidades de gasto social e infraestructura, asegura el análisis 2018 realizado por la OCDE.
MÁS INFORMACIÓN: Ley General de Desarrollo Social, Última reforma 26 de enero de 2018.
MÁS INFORMACIÓN: México visión general, Estudios Económicos de la OCDE, enero 2017.
MÁS INFORMACIÓN: Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2018, Secretaría de Hacienda, agosto 2017.
MÁS INFORMACIÓN: Getting it right, prioridades estratégicas para México, OCDE, 2018.
