Fotomultas, efectivas para prevenir accidentes, pero deben modificar proceso de cobro: organizaciones
Difícilmente las autoridades de tránsito podrán incentivar la reducción de velocidad como el sistema de video vigilancia vial de la Ciudad de México, aseguran un conjunto de organizaciones ciudadanas como México Previene, Reacciona por la Vida, Transita Segura y El Poder del Consumidor, que se pronunciaron a favor de su operación.
Pero el sistema de fotomultas ha despertado el encono de la ciudadanía porque les arrebata la posibilidad de poder apelar, es decir, violan su derecho de audiencia.
El cobro de multas sin previo aviso se ha vuelto una práctica común de la secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México a través de las cámaras de seguridad vial que operan desde noviembre de 2015.
Por ello el juez Fernando Silva García emitió una sentencia de inconstitucionalidad contra las fotomultas el pasado 6 de marzo, el hecho sacó a relucir nuevamente en la agenda ciudadana las quejas contra la medida de vigilancia.
La principal de ellas es que el tiempo de notificación de una fotomulta es de 15 días en promedio de acuerdo con el gobierno capitalino, pero hasta de 30 días según los conductores pues, aunque se genera en cinco días, el tiempo restante es lo que tarda en llegar a domicilio.
Algunos conductores reciben la noticia mientras intentan realizar la verificación de su auto, una vez generada la multa el sistema los cataloga como deudores se encuentren o no enterados, lo que bloquea el trámite de la verificación hasta que se solvente el pago.
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La recurrencia de esa clase de bloqueos fue precisamente el argumento del juez Silva del octavo distrito en materia administrativa para declarar que los artículos 9, 60, 61, 62, 64 del Reglamento de Tránsito violan el derecho de audiencia y defensa de los ciudadanos.
Lo que significa que el proceso de cobro de las fotomultas no permite a los ciudadanos defenderse o apelar antes de tener que pagar las fotomultas.
En respuesta, legisladores llamaron a un punto de acuerdo para eliminar el cobro de las fotomultas por parte del gobierno capitalino, entre ellos, los senadores Mario Delgado y Mariana Gómez del Campo.
Pero organizaciones civiles especializadas en movilidad urbana y apoyo a víctimas viales salieron a la defensa de las fotomultas.
Enviaron una carta a los senadores para recordarles que el exceso de velocidad es la primera causa de incidentes viales en el país con el 34% del total, así como la primera causa de muerte entre niños de 5 y 14 años; la segunda en jóvenes de 15 a 29 años.
Si se eliminan las fotomultas no quedaría otra política pública en su lugar y con sólo 1,444 agentes de tránsito sería imposible vigilar el cumplimiento de todas las reglas, aseguraron las organizaciones ciudadanas.
En cambio, el proceso para cobrar las fotomultas podría transformarse para ser más justo con los conductores, proponen las organizaciones.
La Ciudad de México es el octavo estado de la República con el mayor número de muertes por accidentes de tránsito, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Por su parte la subsecretaria de Planeación de la secretaría de Movilidad Vial, Laura Ballesteros, aseguró que no se daría marcha atrás con las fotomultas pues han permitido reducir en 20% el número de muertes por hechos de tránsito.
Durante 2016 se registraron más de 876 mil fotomultas que representaron ingresos por 1,180 millones de pesos, de los cuales el 46% se destina al pago de la compañía proveedora del servicio Autotraffic, que tiene la concesión de los sensores de velocidad y cámaras desde su inicio de operación hasta el 31 de diciembre de 2017.
MÁS INFORMACIÓN: Carta a senadores Mario Delgado y Mariana Gómez del Campo sobre las fotomultas de organizaciones en pro de la seguridad víal, 10 de marzo de 2017.
MÁS INFORMACIÓN: Gaceta Parlamentaria, año XX,número 4736-IX, Mesa directiva de la Cámara de Diputados, jueves 9 de marzo de 2017.
