Autoridades pueden ubicar a tus seres queridos con un celular
Las cámaras que los vigilaban viajaban con ellos y no lo sabían.
A través de insistentes mensajes de texto y links que prometían proporcionar información de su interés, en 2016 se implantó en los teléfonos de los activistas Simón Barquera, Alejandro Calvillo y Luis Manuel Encarnación el programa de espionaje Pegasus, de acuerdo con un reporte del Laboratorio Ciudadano de la Universidad de Toronto.
El software es capaz de registrar toda la información guardada en un dispositivo: mensajes de Whats App, ubicación, grabar conversaciones telefónicas, así como activar micrófono y cámara para vigilar el entorno.
Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública; Calvillo, fundador de El Poder del Consumidor y Encarnación, ex director de Fundación Mídete, han realizado una constante labor para promover que se aumente el impuesto a las bebidas azucaradas que se estableció en México desde 2014, aunque no se ha podido comprobar que esa sea la causa del espionaje.
Aunque Pegasus es comercializado por NSO Group, una empresa israelí que proporciona herramientas especializadas en seguridad nacional y lucha contra el crimen cibernético a gobiernos, el reporte de Laboratorio Ciudadano no identificó al emisor de los mensajes que recibieron los activistas.
De izquierda a derecha: Simón Barquera, Alejandro Calvillo y Luis Manuel Encarnación
Si bien no hay una ley mexicana que conceda a las autoridades judiciales el uso de programas como Pegasus, existen otros mecanismos que les permiten acceder y monitorear información de los ciudadanos a través de sus celulares, mismas que violan la privacidad en pro de la seguridad.
La Ley Federal de Telecomunicaciones contempla mecanismos para que las autoridades puedan acceder a los metadatos de los celulares, intervenir un teléfono o solicitar la geolocalización.
Una solicitud de la Procuraduría General de la República o la Policía Federal al proveedor de telefonía móvil es suficiente para que puedan acceder a los metadatos: duración de las llamadas, nombres de las personas con quien se habla, ubicación del lugar desde donde se llamó o emitió un mensaje, entre otros.
Con esa información a la mano las autoridades pueden conocer la rutina semanal de alguna persona y hasta ubicar a sus seres queridos o a sus socios, ya sea con información de ayer o hasta de dos años atrás.
El artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión obliga a todas las empresas de telecomunicaciones a -entre otras cosas- conservar por dos años los metadatos de las comunicaciones de todos los usuarios y entregarlos a las autoridades que los requieran.
Aunque se necesita autorización judicial para que las entidades de gobierno puedan solicitar los metadatos de un celular, sólo 1% de las 41 mil peticiones que se realizaron entre 2013 y 2015 contó con una, de acuerdo con los datos que obtuvo la organización R3D especializada en derechos digitales de los mexicanos, a través de solicitudes de información.
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Además, empresas como Telcel, AT&T y Movistar deben contar con un área disponible las 24 horas para atender requerimientos de información, localización geográfica e intervención de comunicaciones privadas.
Las autoridades realizaron 3,181 solicitudes de intervención a dispositivos móviles de 2013 a 2015, siendo más frecuentes las del Centro de Investigación y Seguridad Nacional con 2,002; la Procuraduría General de la República con 866 y Policía Federal con 255 solicitudes.
El 94% de las solicitudes fue autorizada por un juez según los datos del reporte “El estado de la vigilancia,” elaborado por R3D.
Sin embargo, el número de autorizaciones no es equivalente al número de dispositivos vigilados.
También entre 2013 y 2015 le fueron autorizadas a la Policía Federal 205 intervenciones pero vigiló 1,781 dispositivos, pues una sola solicitud puede incluir a múltiples personas o dispositivos.
Y la vigilancia no disminuyen en cuestión de geolocalización, durante los mismos años la organización reportó casi 12,000 ejecuciones de ese método de vigilancia, siendo la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y la PGR las instituciones más recurrentes en su uso.
MÁS INFORMACIÓN: Programas de espionaje fueron usados contra promotores de un impuesto a los refrescos en México, The New York Times, 2017.
MÁS INFORMACIÓN: El estado de vigilancia, R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, 2016.
