8 decisiones gubernamentales que afectaron a los mexicanos en 2016
La secretaría de Hacienda carga sobre sus hombros la responsabilidad de administrar los recursos financieros del país de tal manera que su buen uso se traduzca en las condiciones necesarias para que sus habitantes tengan una vida digna.
Sus decisiones buenas o no, impactan de manera importante en la vida de los mexicanos.
En Arena Pública hicimos un recuento de las ocho decisiones económicas y financieras tomadas por la secretaría de Hacienda y la presidencia que más afectaron a los ciudadanos en 2016.
1. No recortar el gasto público
La secretaría de Hacienda debió recortar el gasto público.
La merma de ingresos petroleros que se acentuó desde mediados de 2014 por una lamentable combinación entre la disminución de la producción de crudo mexicano y la reducción del precio del hidrocarburo a nivel internacional, dejó un hueco considerable en los presupuestos públicos de 2015 y 2016.
Antes de 2013 los ingresos petroleros representaban más de la tercera parte del total, en los últimos dos años ese porcentaje menguó a poco menos de 20%. Como las lecciones básicas de economía indican a menores ingresos debieron corresponder menores gastos pero no fue así.
Lejos de recortar el gasto, en 2015 la administración pública federal gastó 222,570 millones de pesos extra sobre el presupuesto aprobado para ese año, de acuerdo con los datos de la Cuenta Pública. Ese monto equivale casi al doble de recursos que el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, prometió recortar por 124,300 millones de pesos.
De enero a septiembre de 2016 -los datos más actuales disponibles- el gasto de la administración pública se incrementó 3.8% anual o 214 mil millones de pesos. En los primeros nueve meses del año el gasto extra rebasó en 26% los 169,400 millones de pesos que la secretaría de Hacienda prometió recortar durante el presente año.
Grupos empresariales, organizaciones de la sociedad civil y analistas económicos han sugerido al gobierno federal recortes al gasto público para 2017 de entre 290 mil millones de pesos y medio billón, pero tan sólo el presupuesto de egresos en números corrientes será 2.6% mayor al de 2016, porcentaje que representa 125,018 millones de pesos extra.
Con menores ingresos pero más gastos los recursos tenían que salir de algún lado, la opción de la secretaría de Hacienda en los últimos dos años ha sido crecer la deuda e incrementar el precio de las gasolinas.
2. Gasolinazos recaudatorios
La secretaría de Hacienda decidió incrementar el precio de la gasolina con fines recaudatorios, es decir, para subsanar el hueco que dejó en el presupuesto público la merma de uno de sus principales ingresos: los petroleros.
A lo largo de 2016 la Hacienda impuso tres incrementos a los precios del combustible en julio, agosto y septiembre que lo llevaron a los 13.98 pesos por litro. Para 2017 la dependencia liderada por José Antonio Meade anunció que habrá varios aumentos en el año que variarán por regiones.
Esa decisión incrementará -para empezar- en 21% el precio de la gasolina Magna de año a año. En enero de 2016 costaba 13.16 pesos por litro y el primer mes del siguiente año se elevará en promedio hasta 15.99 pesos.
Los incrementos al precio del combustible han beneficiado a las arcas públicas con ingresos por 460 mil millones de pesos entre enero de 2015 y octubre de 2016 vía el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las gasolinas y el diesel.
El próximo año el monto podría ser igual o mayor ya que la Hacienda no cedió en la imposición del impuesto y lo ubicó en casi 5 pesos por litro de gasolina.
Con los incrementos a la gasolina la Hacienda exprime los bolsillos de los mexicanos, ya que el transporte y los alimentos representan la mitad del gasto de los hogares.
Una segunda afectación viene por el lado de los precios, el costo del combustible es el que más presiona a la inflación. Analistas del sector privado como los de Citibanamex ya pronostican una tasa de 4.8% para el próximo año derivada principalmente del nuevo esquema de precios que implementará la dependencia.
3. Rescatar a PEMEX y CFE
Los rescates de PEMEX y CFE son ganancia para estas y pérdida para la ciudadanía, pues la Hacienda deja de tener en sus manos recursos que pudo haber destinado a salud, educación o combate a la pobreza.
Las dos mayores empresas productivas de Estado se enfrentan a la apertura del mercado energética producto de la reforma de 2013 con sendos pasivos laborales que son un lastre para su producción.
En apoyo a las empresas productivas la secretaría de Hacienda ha destinado 345,280 millones de pesos del presupuesto público para asumir una parte de sus pasivos laborales: 184,200 millones para Petróleos Mexicanos en agosto y 161,080 millones para la Comisión Federal de Electricidad en diciembre.
En conjunto el pasivo asumido en 2016 es 1.1 veces mayor que el presupuesto destinado para la secretaría de Educación Pública por 293,400 millones de pesos el mismo año; 2.6 veces más grande que el presupuesto para la secretaría de Salud por 128,200 millones y el triple que el gasto para sostener a la secretaría de Desarrollo Social por 109,180 millones.
4. Mal momento para liberar el precio de la gasolina
En México la secretaría de Hacienda controla el precio de las gasolinas.
Hasta antes de 2014 era subsidiado con el presupuesto público porque su costo real en el mercado internacional era más alto que en México, pero a partir del último trimestre de 2013 el panorama dio un giro de 180°.
El subsidio se convirtió en una especie de impuesto y ganancia para las arcas públicas ya que el precio real del combustible en el mercado internacional comenzó a disminuir paulatinamente mientras que en México seguía aumentando.
En ese contexto una liberación del precio de la gasolina era pertinente a fin de que se ajustara a la baja conforme el mercado internacional, pero el contexto cambió nuevamente y devaluó la decisión histórica de la secretaría de Hacienda.
Hacia septiembre de 2016 la Organización de Países Productores de Petróleo acordó limitar su producción y el precio de su principal insumo comenzó a apreciarse con pronósticos de incremento paulatinos hacia 2017 que arrastrarán consigo el costo de la gasolina.
La liberación de 2017 no será necesariamente una buena noticia porque los precios de la gasolina podrían incrementarse o quedarse en los niveles que ha fijado la secretaría de Hacienda para enero próximo por 15.99 para la Magna, 17.79 la Premium y 17.05 el Diesel.
5. Incrementar la deuda a niveles preocupantes
Durante la administración a cargo del Presidente Enrique Peña la deuda pública ha seguido una trayectoria ascendente.
Del inicio del sexenio a la fecha el saldo de la deuda en su versión más amplia, es decir, la que incluye los compromisos de la administración pública federal, PEMEX, CFE y otros organismos se elevó 12.8 puntos porcentuales.
Pasó de representar el 37.7% del Producto Interno Bruto en 2012 hasta el 50.5% en 2016. Tan sólo en el último año la deuda se elevó 2.9 puntos porcentuales.
El nivel de deuda actual ha puesto en vilo la calificación crediticia del país, durante el año Moody’s, Standard & Poor's y Fitch Ratings bajaron a negativa la perspectiva de esa calificación.
La disminución se hizo acompañar de una advertencia, si el gobierno no reduce su nivel de endeudamiento las calificadoras podrían recortar también su calificación de capacidad de pago, lo que implicaría un encarecimiento del crédito que México solicitara en el futuro.
6. Decisiones fiscales controvertidas
La presente administración arrancó con la aprobación de una reforma fiscal que causó enojo e indignación entre analistas y empresarios.
Uno de sus cuestionamientos más duros provino del ex secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, quien en mayo de 2014 acusó a la política fiscal de ser un factor de incertidumbre para las empresas. “Lo peor que nos puede pasar es prometer cosas que no se cumplan, que no van a ocurrir”, dijo.
Derivado de la reforma el Presidente Enrique Peña ha emitido decretos para modificar resoluciones tributarias que han causado inconformidad entre la comunidad de abogados fiscalistas por considerarlos controversiales, de acuerdo con los líderes del recién creado Observatorio Académico Tributario dirigido por los abogados fiscalistas Arturo Pueblita y Gabriela Ríos Granados.
Algunos de esos decretos se han combatido vía amparo y han ido a parar a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la imposibilidad de resolverse en los juzgados locales.
Uno de ellos fue el decreto para restringir a entre 47% y 53% la deducción de impuestos que los patrones pueden hacer sobre las prestaciones sociales que otorgan a sus trabajadores, que antes de la reforma era de 100%. En este caso específico la Suprema Corte falló a favor de la Presidencia.
Las resoluciones del máximo tribunal sobre asuntos tributarios también han sido señaladas por la comunidad de abogados fiscalistas por favorecer la lucha tributaria del Estado a costa de la ciudadanía.
7. NO al Consejo Fiscal
La secretaria de Hacienda rechazó -tajante- la recomendación que le hizo el Fondo Monetario Internacional en octubre pasado de crear un Consejo Fiscal Independiente. Un organismo de esa naturaleza representaría para la dependencia una vigilancia y evaluación que hoy no tiene.
Un Consejo Fiscal podría haberle ayudado a restablecer la confianza sobre el manejo de las finanzas públicas que actualmente se ha puesto en duda. La Junta de Gobierno del Banco de México es una de las instituciones que se ha pronunciado al respecto.
En la minuta de la reunión de política monetaria del 13 de octubre la Junta advirtió que existe una “percepción” de que las finanzas públicas se están debilitando, y más adelante la mayoría de los miembros señaló que ese era uno de los principales factores que estaba depreciando al peso frente al dólar.
Analistas y think tanks insistieron en los beneficios de la propuesta a oídos sordos de la secretaría. “La trayectoria reciente de la deuda y la persistencia de los déficit primarios son suficientes en nuestra opinión para que el debate de un Consejo Fiscal sea bienvenido,” señalaron los analistas de Citibanamex.
Pero la respuesta de José Antonio Meade fue clara y contundente: el país no requiere un Consejo Fiscal para demostrar que tiene un buen manejo de sus finanzas, la propuesta no es pertinente, ni necesaria, aseguró en entrevistas para la prensa.
8. Inflación al cielo y peso al suelo
Si bien el nivel de inflación y el tipo de cambio no son decisiones directas de la secretaría de Hacienda, ingresan en el conteo de Arena Pública porque son consecuencia de las decisiones que ha tomado durante los últimos tres años.
Los gasolinazos han sido la principal causa de buena parte de la inflación de 2016 y para 2017 se pronostica que la llevarán a una tasa de 5% a mediados de año y a finales se moderará a 4.3%, de acuerdo con Banco Base.
Por su parte la depreciación de la moneda nacional a niveles históricos de 21 pesos por dólar a la venta en ventanillas bancarias fue consecuencia en gran medida de la desconfianza de los inversionistas en el manejo de la economía y las finanzas públicas por parte de la secretaría de Hacienda.
La principal causa de la desconfianza es que la dependencia dejó crecer el déficit público, es decir, incrementó la deuda sin que elevara al mismo ritmo los ingresos, también que inclumpliera sus promesas de reducir el gasto.
Hoy el discurso oficial responsabiliza de la debilidad del peso al triunfo del republicano Donald Trump como Presidente electo de Estados Unidos, sin embargo, menos del 12% de la pérdida de valor del peso se debe a ese factor y 42% obedece a fenómenos económicos asociados a eventos externos como la baja del precio del petróleo e internos como la debilidad de las finanzas públicas, explica el economista Fausto Hernández.
MÁS INFORMACIÓN: Mega gasolinazo para 2017: recortar el gasto no fue opción, pero sí aumentar precios de gasolinas, 27 de diciembre de 2016.
MÁS INFORMACIÓN: 10 datos económicos que no se cuentan, pero cuentan mucho, 1 de septiembre de 2016.
MÁS INFORMACIÓN: Videgaray renuncia ante presiones por errores en finanzas públicas y visita de Trump, 7 de septiembre de 2016.
