¿Terminarán las Afores comprando las plantas de Iberdrola?

La Secretaría de Hacienda y la empresa Iberdrola han señalado que el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) será el instrumento que utilizará el gobierno mexicano para comprar a la española Iberdrola trece plantas generadoras de electricidad con un valor cercano a los 6 mil millones de dólares. El gestor de la operación será el “Mexican Infrastructure Partners” (MIP).

No me considero un experto en energía, de manera que me centraré en el aspecto financiero. Desafortunadamente, los detalles no se conocerán hasta que se divulgue el “prospecto” del vehículo financiero que haría posible esta operación.

Suponiendo, sin conceder, que el Gobierno Federal piensa hacer la compra con los recursos del FONADIN, “el comprador” de las plantas, muchos se han preguntado de dónde van a salir los recursos que le hacen faltan al FONADIN. Algunos inmediatamente piensan que sólo mediante un mayor endeudamiento público. Si esto es así, es inevitable preguntarse por qué es necesaria la participación del MIP en la operación. No tiene sentido. 

El único caso en se justificaría que un gestor como el MIP participe, es mediante la creación de un “vehículo” que capte, entre los inversionistas privados, los recursos que no tiene el FONADIN para concretar la operación.

Al respecto, conviene revisar brevemente el vehículo o instrumento que se utilizaría para llevar a cabo esta operación. En particular, estamos hablando de lo que en la jerga financiera se conoce como instrumentos estructurados. Dentro de esta categoría se encuentran los Certificados de Capital de Desarrollo, mejor conocidos como CKDs, y los Certificados Bursátile Fiduciarios de Proyectos Inversión, CERPIs. Ambos vehículos generalmente son “estructurados” y “gestionados” por un fondo de inversión administrado por privados, como es el caso del MIP.

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Ambos vehículos son bursátiles y emitidos en las bolsas de valores locales. El emisor de estos certificados es un fideicomiso que emite certificados y que a su vez adquieren los inversionistas públicos o privados. Es a través del esquema de llamadas de capital periódicas que se captan los recursos para realizar inversiones en proyectos, empresas o fondos de capital privado. Es decir, los inversionistas que participan en el fideicomiso son los tenedores de los certificados. El valor de mercado de los certificados está determinado en función del valor a mercado de las inversiones subyacentes (proyectos, empresas u otros fondos de capital privado).

La diferencia principal entre los CKDs y los CERPIs radica esencialmente en dos aspectos. Los CKDs invierten en proyectos, empresas y fondos de capital privado que estén dentro del territorio nacional, mientras que los CERPIs pueden realizar el mismo tipo de inversión que el CKD y adicionalmente puede invertir en fondos de capital privado en el extranjero. La segunda diferencia importante entre CKDs y CERPIs es que los únicos inversionistas institucionales que por su horizonte de inversión invierten en CERPIs, son las Administradoras de Fondos para el Retiro (conocidas como AFOREs). El principal inversionista institucional en México son las SIEFORES, es decir, las sociedades de inversión que invierten los ahorros de los trabajadores del sector formal de la economía.

Las SIEFORES han favorecido los vehículos que invierten en fondos de capital privado ya que proveen una diversificación con relación a los proyectos o empresas financiadas. Asimismo, han favorecido la inversión en CERPIS con activos fuera de México. El MIP ha colocado varios CKDs entre las Afores a través de los cuales ha financiado la compra de carreteras, plantas de agua, plantas de energía eólica, etc.

Como se desprende de lo anterior, es probable que, en el caso de las plantas de Iberdrola, se coloque un instrumento estructurado en el mercado obteniendo los recursos para que el FONADIN pueda adquirir las plantas, ofreciendo a cambio a los inversionistas privados que participen el retorno proveniente del arrendamiento de las plantas a CFE. Este esquema ya se ha utilizado en la generación de energía eólica.

Recientemente se filtró al mercado, un borrador de modificaciones a la Circular Única Financiera (CUF) de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), presidida por Iván Pliego, en el que se obliga a que los CERPIs tengan que invertir al menos 40 por ciento de los recursos captados en proyectos o empresas dentro de territorio nacional.

Así que, atando cabos, no se puede descartar la suspicacia de que quienes terminen comprando las plantas de Iberdrola sean, en última instancia, los ahorros de los trabajadores en el Sistema de Ahorro para el Retiro.

Al respecto, es importante destacar que, si bien las AFOREs han hecho una gran contribución al desarrollo del mercado de capitales de nuestro país y han posibilitado el financiamiento de proyectos públicos y privados, la experiencia en términos de los rendimientos obtenidos a favor de los trabajadores es que éstos han sido bajos.

Ilustro con dos ejemplos bien conocidos y que han sido objeto de primeras planas:

(i) La inversión en centros penitenciarios en que el gobierno redujo unilateralmente el pago del arrendamiento en 20 por ciento, y (ii) las inversiones en energía eólica en las que la política energética que favorece la compra de energía a CFE ha tenido un fuerte impacto en la rentabilidad de los recursos que las Siefores invirtieron en este tipo de proyectos de energía limpia, barata y renovable.

Incluso, los rendimientos obtenidos del resto de los CKDs y CERPIs también han sido bajos. Los principales ganadores de estas inversiones no han sido los trabajadores, sino los gestores de fondos que se embolsan una jugosa comisión después de embaucar con prospectos demasiados optimistas a los inversionistas.

Es pertinente recordar que desde el inicio de este gobierno los recursos administrados por las AFOREs han sido una gran tentación. Morena y el Partido del Trabajo han presentado sendas iniciativas para la creación de una AFORE única pública que administre los ahorros de los trabajadores. Más recientemente, hubo una propuesta similar a la de Chile en la que el administrador es un ente público y los responsables de invertir los ahorros del trabajador son fondos de inversión privados distintos de las SIEFORES.  

Lo que ahora quiero destacar que esta tentación no se limita al gobierno en turno. Se extiende a los gestores de fondos de inversión (como el MIP y muchos otros), a la Asociación de Intermediarios Bursátiles (AMIB), a la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP) e incluso a la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).

En varias entrevistas recientes, el nuevo presidente de la AMAFORE, Guillermo Zamarripa, destacó la importancia de que las AFOREs aumenten su participación en los mercados de capital privado con el fin de que realicen una mayor contribución al desarrollo de estos mercados y al financiamiento de proyectos de infraestructura en asociaciones público-privadas.

¿Será que las AFOREs ya están contra la espada y la pared? ¿Quién es el regulador y supervisor que las pone en esa incómoda posición? Pues el mismo que se molestó por la filtración de su borrador que establece la obligación de que las AFORE inviertan al menos 40 por ciento de los ahorros de los trabajadores en el SAR en CERPIs.