Programas sociales y resultados electorales

16-06-2021 11:45

Los resultados favorables para la coalición gobernante en las pasadas elecciones están lejos de explicarse por la compra de votos o el agradecimiento simple de los votantes a sus políticas.

Múltiples factores determinan los patrones de votación, pero ni el intercambio de votos por beneficios personalizados luce decisivo, ni la acción gubernamental ha sido tan inocente como para dejar a los electores libres de incentivos de último momento.

En casi todas las entidades federativas del país comienzan a desahogarse cientos de reclamos por la supuesta compra de votos, una magnitud no despreciable que, sin embargo, palidece ante las más de 150 mil casillas que funcionaron sin contratiempos, de acuerdo al INE.

Por otro lado, durante el primer trimestre de 2021, el gasto en programas de subsidios se incrementó en 18%, en vez de que se mantuviera sin cambios respecto al mismo periodo del año previo. Esto sería una buena noticia si el gobierno federal se propusiera aumentar los apoyos ante la emergencia económica. Pero no, la política sigue siendo reducir su total del año, aunque el 37% de él se desembolsó justo antes de las elecciones, según México Evalúa.

Los programas sociales al menos benefician a uno de cuatro hogares en el país, de acuerdo al último censo de población, por lo que su incremento tiene un impacto significativo. De los votantes que se beneficiaron de estas políticas 55% votaron por la coalición gobernante, contra 39% de quienes no fueron sus beneficiarios, según la encuesta postelectoral del periódico El Financiero.

Es claro que el gasto social no se traduce automáticamente en votos, pero influye en el ánimo de los electores. Si el mayor gasto en programas sociales se realizara con transparencia estaríamos en un caso simple de ciclo político presupuestal, es decir, de expansión del gasto público coincidente con el periodo electoral para maximizar las probabilidades de ganar o retener posiciones de poder.

Los ciclos políticos presupuestales revelan una conducta oportunista, pero pueden mantenerse dentro de la legalidad, aunque con un costo para la ciudadanía. Así, por ejemplo, el incremento de las transferencias de dinero puede restringir la provisión de servicios públicos básicos. Este costo estuvo presente en el primer trimestre de 2021, pues el gasto en salud, aún con la pandemia de COVID-19 vigente, se subejerció 6.4% respecto al previsto.

Más grave es que la expansión del gasto en programas sociales se realice en una oscuridad procedimental que le acerca a torcer las reglas vigentes. En el caso del gasto en programas de subsidios 29% del desembolsado el primer trimestre de 2021 se realizó sin reglas de operación, y el resto con reglas más laxas que en administraciones anteriores. Esto ha permitido que más que se tripliquen los programas en donde no se especifica su distribución geográfica, lo cual favorece su manejo clientelar.

Los programas sociales del actual gobierno se han planteado como inmunes a desviaciones sistemáticas de sus objetivos por su carácter universal. En la práctica, sin embargo, la defectuosa identificación de sus potenciales beneficiarios y la posibilidad de presentarlos como concesiones del presidente, y no como derechos, se suman a los problemas antes expuestos.

De esta forma, en el peor de los casos los programas sociales se han planteado como un regreso a los lejanos tiempos de cruda manipulación electoral, y en el mejor como más del mismo comportamiento convenenciero de la pasada administración.