Las cuentas pendientes de la política social
En enero de 2019, a unas semanas de iniciada la presente administración, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias advertía que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, una iniciativa que consideraba relevante y oportuna, adolecía de dos debilidades clave.
En cuanto a su diseño “Las becas para capacitación laboral, al ser más elevadas que las educativas, proporcionan un incentivo para abandonar los estudios en edades críticas”. En lo que respecta a su operación, la dificultad estribaba en “La implementación precipitada, con poco tiempo de planeación, de un programa ambicioso de alcance nacional en un contexto del mercado laboral afectado por la inestabilidad, la informalidad y la baja productividad del empleo.” (ver reportes sobre el programa en www.ceey.org.mx).
El 9 de febrero pasado el CONEVAL refrendó los temores señalados años atrás. En su reciente Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, señaló que la beca otorgada por este programa tiene el riesgo de que “..derive en la deserción escolar al tratarse de un incentivo económico más alto” que las becas escolares al mismo grupo de población.
Adicionalmente, la semana pasada la Auditoría Superior de la Federación reportó que para 2019 dicha política opera con listados de beneficiarios deficientes, otorgamiento indebido de apoyos a empleados públicos, duplicidad de becas, ausencia de supervisión de becados, inexistencia de lugares de trabajo y/o capacitación, y sin poder acreditar el cumplimiento de los objetivos del programa.
El caso de Jóvenes Construyendo el Futuro es pertinente no porque sea representativo de la política pública del presente gobierno, sino porque es tal vez su mejor exponente, el que ha tenido el marco conceptual y el diseño de mayor coherencia, y aún así enfrenta problemas severos en su planteamiento y operación.
El conjunto de la política social, en comparación, parece un naufragio. En su concepción, quizás su falla más clara es lo señalado en el informe del CONEVAL: “Si bien existe una clara intención del Gobierno Federal para construir un sistema de bienestar universal que atienda de manera integral los derechos humanos, los programas que lo conforman han tendido a enfocarse en las transferencias directas de apoyos económicos más que en la prevención, mitigación y atención de dichos riesgos que limitan el acceso a derechos.”
Puesto de otra forma, la política social carece de ambición histórica, concentrándose en el expediente fácil de repartir dinero en vez de hacer efectivos derechos como los de un acceso efectivo a los servicios de salud o a una educación de calidad.
La ASF se suma a la dura evaluación que hace el CONEVAL, y ambas instituciones identifican lo endeble de los programas sociales que parten de un Censo de Bienestar mal concebido, peor ejecutado y con información de los beneficiarios duplicada y sobreestimada, lo que lo hace prácticamente inútil, al menos como guía de aciones orientadas al bienestar de las familias.
La lista de deficiencias en la política social detectada por la ASF es larga. A manera de ejemplo, se pueden mencionar la adquisición de medicamentos para el sector salud sin reglas ni estudios: la construcción de universidades sin cumplir los requisitos definidos por el propio ejecutor del programa educativo; falta de acreditación del pago de la mayoría de las pensiones a adultos mayores; más de mil millones de pesos sin aclarar en apoyos para siembra de árboles frutales y maderables; otros miles de millones irregulares por subsidios y compra de trigo, maíz y frijol; y, deficiente diagnóstico en la sustitución de los apoyos a las estancias infantiles por transferencias directas a las familias.
La política social, aún antes del reto de la pandemia, se muestra como una colección de improvisaciones mal ejecutadas. Esto, eventualmente, se traducirá en un costo político para la presente administración. Pero más importante que ello es el enorme costo en bienestar que se está inflingiendo a una sociedad aún esperanzada en poder superar la desigualdad y la pobreza, mismas que la orillaron a elegir un cambio que está muy lejos de materializarse.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
