Dinero, vacunas y votos
Dos de las acciones de gobierno que más rendimientos electorales podrían darle al actual régimen se están debilitando: las transferencias de dinero y la vacunación contra el COVID-19.
En la primera, se está erosionando la percepción de que sólo el gobierno federal es garantía de recibir efectivo. En la segunda, el monopolio de la vacunación no está cumpliendo los objetivos que las propias autoridades se han marcado. Esto da pie a que eventos locales, como la tragedia de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, o su manejo a nivel nacional, aumenten su influencia relativa en las elecciones por venir.
Desde la oposición, el ahora presidente López Obrador condenaba el uso del presupuesto público para dar ayudas personalizadas y así ganar votos. Hoy, en el gobierno, reprueba que la oposición use la promesa electoral de repartir dinero mediante tarjetas individuales, práctica en la que se ha distinguido su administración. La razón es simple: si los votantes perciben que la posible recepción de transferencias en efectivo deja ser el monopolio de un partido o candidato, se erosiona su poder de convencimiento para obtener el voto.
En 2017, con base en la legislación electoral aún vigente, el INE prohibió la entrega de tarjetas que ofrecían la promesa de beneficios a cambio del voto. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revirtió esta disposición, de forma inapelable, abriendo la puerta a que las tarjetas, sin fondos, funcionaran como propaganda electoral. Esto ha empujado a que prácticamente todos los partidos políticos usen esta estrategia, con lo que han comenzado a dejar de diferenciarse en este rubro.
Monetizar la propuesta electoral y el ejercicio del voto empobrece las políticas públicas y la democracia. Dar dinero no sustituye la provisión de servicios publicos ni fortalece su acceso como un derecho. Así, por ejemplo, el transferir efectivo no reemplaza una buena estrategia de vacunación, ni transmite que el acceso a los servicios de salud oportunos es un derecho universal. Por ello, los retrasos y promesas incumplidas de la vacunación contra el COVID-19 cobran gran relevancia.
Hasta el momento el 8.6% de la población ha recibido un esquema completo de vacunas, porcentaje notoriamente inferior al 17.7% contemplado en el plan original de vacunación. Más grave es que se han lanzado promesas que rutinariamente se incumplen. Por ejemplo, en febrero el secretario de hacienda anticipaba que entre junio y julio se alcanzarían 80 millones de vacunados, pero para abril 30 el presidente enmendó este pronóstico a 50 millones. Posteriormente, en mayo 12, cambió la previsión a poco más de la mitad de lo antes dicho y luego las autoridades sanitarias la recortaron exactamente a la mitad y la pospusieron un mes más.
La vacunación no va según lo previsto y la difusión de sus logros cada vez recurre menos a cifras y más a agradecimientos forzados al presidente. No hay datos de las dosis aplicadas por entidad federativa y, en contraste, los reconocimientos públicos a la obligación del gobierno de proporcionar vacunas se multiplican, como los de la jefa de gobierno de la Ciudad de México o el lider del partido oficial en campaña.
Aunque la experiencia en los puestos de vacunación ha mejorado notablemente respecto a su inicio, no serán tantos los votantes que muestren agradecimiento electoral por estar vacunados. Esto, y el bombardeo de diversas promesas de recibir efectivo, debilitan el uso partidista de políticas públicas nacionales clave. Una consecuencia de lo anterior es que los factores locales y su manejo político más amplio, de por si de la mayor importancia, cobrarán aún más realce para decidir por quién votar.
Mala noticia para los candidatos que evaden respuestas concretas a problemas inmediatos y para los gobernantes a los que les estallan tragedias sin mostrar capacidad de respuesta.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
