Regulación de la conectividad, otro de los desafíos que deja la pandemia
*Por Óscar M. González
La pandemia ha tenido un importante impacto en la infraestructura y los servicios digitales, convertidos en un soporte esencial de la actividad económica y social... A pesar de algunos pronósticos pesimistas, las redes digitales han respondido satisfactoriamente a las demandas generadas en la emergencia. Asimismo, Internet tiene un elevado nivel de penetración en la región (un promedio de 77.2% en 2019, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones) y es uno de los casos más exitosos de apropiación tecnológica de la historia.
Pero no ha sido suficiente. La pandemia ha evidenciado enfáticamente las falencias, los déficits y las asimetrías existentes en materia de acceso a las redes y servicios digitales, en los sucesivo, resolver estas últimas es el gran desafío que debe asumir el ecosistema digital.
Por otra parte, el uso de los datos generados a partir de plataformas, aplicaciones y servicios digitales también ha ocupado un lugar destacado en la agenda de esta coyuntura. Cuestiones referidas a la protección de datos personales, la privacidad, debates sobre la utilidad pública de los datos, la vigilancia y el “patrullaje digital” por parte de los gobiernos, la obligatoriedad de uso de aplicaciones estatales de seguimiento y geolocalización con los consiguientes riesgos para los derechos individuales, han sido motivo de polémicas y profundos análisis.
No es casual que estas dos cuestiones ocupen en este tiempo las principales controversias que se plantean en torno al ecosistema digital y su regulación. En efecto, si bien se presentan a priori separados forman parte de una misma problemática. Hoy, conectividad y datos constituyen los ejes de una “segunda convergencia”, en la cual confluyen principalmente los operadores de las redes de telecomunicaciones y las plataformas y aplicaciones digitales... que confluyen en torno a dos objetivos comunes, la conectividad como infraestructura digital esencial y el uso de los datos y su monetización.
En el marco de esta “segunda convergencia” la regulación debe estructurarse entonces en torno a la conectividad y los datos como sus ejes centrales.
La regulación de los datos amplía su presencia en la agenda digital, con múltiples aristas. Condiciones de uso y monetización de los datos, privacidad, regímenes de protección de datos personales, acceso a datos abiertos, la definición de la utilidad pública o el acceso del Estado a los datos, el alcance de la actividad de vigilancia por parte del Estado, la protección de derechos individuales, etcétera. Se suman a ellas los desafíos y conflictos en torno a la naturaleza transfronteriza de Internet y los datos, así como la compleja aplicación de las normas de defensa de la competencia frente a los nuevos modelos de negocios relacionados a la economía de datos.
El otro eje sobre el que debe articularse la regulación es la conectividad... para ello es imprescindible dejar atrás la regulación por servicios, propia del modelo de “red por servicio” de décadas pasadas desplazado por las redes de nueva generación y la convergencia. Puede atribuirse en gran medida al modelo de “red por servicio” y su regulación el cuantioso legado de normas, reglamentaciones prescriptivas y prácticas regulatorias arcaicas que se han transformado en cargas regulatorias innecesarias y onerosas o, en algunos casos, barreras de acceso al mercado que deben ser eliminadas para facilitar y promover la inversión y la competencia.
Es necesario fortalecer la regulación ex post orientada a la defensa de la competencia en un contexto de mercado de servicios abierto y condiciones de transparencia y no discriminación en el acceso, interconexión e interoperabilidad de las redes. Asimismo, acotar la regulación ex ante limitándola a despliegue de redes, facilidades esenciales de redes y la gestión de recursos escasos, particularmente el acceso y uso del espectro radioeléctrico.
Asimismo, la regulación de la conectividad supone sostener el principio de neutralidad de la red entendido en la práctica y más allá de cualquier idealismo principista, como la no discriminación de contenidos de similares características en la gestión del tráfico de la red.
Otra de las herramientas disponibles para facilitar el despliegue de la infraestructura digital y ampliar la cobertura de las redes y el acceso a las mismas son los programas y recursos del servicio universal.
Con algunas excepciones que seguramente podrán destacarse, las políticas y programas de servicio universal llevados adelante en la región durante los últimos años han sido por lo general ineficientes para contribuir al cierre de la brecha digital. Es necesario reformular políticas y programas de servicio universal para orientarlos con mayor precisión al objetivo de reducir la brecha digital de acceso a las redes.
Este artículo fue publicado originalmente en digitalpolicylaw.com
*Oscar M. González es consultor y abogado especialista en Argentina de regulación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ex Subsecretario de Regulación de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ex presidente de la Asociación Argentina del Derecho de las Telecomunicaciones. Profesor en el Programa de Derecho de Internet y Tecnologías de las Comunicaciones del Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés. Presidió la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones 2017 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
