Tecnologías en seguridad pública: Entre opacidad e inefectividad
No se usa efectivamente la tecnología en seguridad pública en México por la falta de transparencia y coordinación en las instituciones.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) para mayo de este año se había convenido el ejercicio de 7,521 millones de pesos (MP) para los ejes de Equipamiento e infraestructura, el mismo Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Registro Público Vehicular (Repuve).
Estos ejes abarcan varias tareas ligadas directa e indirectamente el uso de Tecnologías de la Información y la Telecomunicación (TIC) en materia de seguridad pública, desde videovigilancia y geolocalización hasta el sistema de llamadas de emergencia, la policía cibernética y el equipamiento tecnológico generalizado de las instituciones. El presupuesto convenido para 2021 es 7.76% mayor al convenido en 2020 y 40.4% arriba del convenido en 2016, el dato más antiguo en el Mecanismo de Evaluación y Transparencia (MET) del SESNSP.
Fuente: SESNSP
Varios especialistas del sector advierten que estos recursos no se están ejerciendo de la forma más adecuada. Lo anterior sería en parte por la falta de una coordinación y estrategia integral de aprovechamiento de las TIC en tareas de seguridad pública, que significa que la capacidad de muchas de las tecnologías y sistemas adquiridos está desperdiciándose.
Pero también hay alarmas en torno a la falta de regulación y transparencia en su uso, que en varias ocasiones ha llevado a un uso poco ético de estas capacidades tecnológicas en contra del bienestar de la población. Lo anterior ha levantado dudas sobre qué tan necesaria es la ejecución multimillonaria de recursos para la adquisición de plataformas tecnológicas en seguridad pública.
En ambas preocupaciones, la conclusión de los especialistas es la misma: Es necesaria una reforma tanto en la legislación como en la forma de que trabajan las instituciones de seguridad pública para hacer más eficiente el uso de estas TIC, sin que esto se traduzca en abusos de poder que afecten directamente a la ciudadanía.
Falta coordinación en la seguridad pública
La infraestructura tecnológica para las fuerzas de policía en México se asemeja en calidad y capacidad a las que existen en otros países líderes en el resto del mundo. Sin embargo, la presencia de las herramientas no necesariamente se traduce en un uso efectivo de las mismas. De acuerdo con Leonel Fernández Novelo, director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), “el proceso de adopción de tecnología para seguridad pública en México ha sido complicado. Muchas veces se duplica lo que se observa en otras partes, pero no se logra conectar realmente con la parte de política pública y hacer policía […], es como comprar una podadora cuando ni siquiera tienes un jardín.”.
No es una preocupación nueva. De hecho, esta implementación poco efectiva de las TIC en tareas de seguridad pública se extiende a los primeros años de esfuerzos concretos para modernizar las policías, con la puesta en marcha de la Plataforma México a inicios del sexenio de Calderón.
Para 2013, estudios apuntaban que aún con el despliegue de herramientas como “aplicaciones de satélites, georreferenciación, datos móviles y sistemas biométricos”, se había detectado la “necesidad de adaptar [los sistemas de información] de manera más puntual a las diferentes funciones de las instituciones de seguridad pública”.
En este sentido, Leonel Fernández apunta que “va más allá de las capacidades que no existen para aprovechar las herramientas, el sistema no permite darles cauce. […] Las policías no tienen el concepto de atacar el delito como gran fenómeno, sino que abordan cada caso por separado […]. Necesitamos una reforma policial completa […] necesitamos un marco normativo que le permita a las policías realmente investigar y utilizar estas herramientas para resolver delitos y generar capacidad de prevención al mismo tiempo que se está resolviendo la investigación”.
Opacidad, confianza y transparencia
El otro gran reto en el uso de tecnologías para tareas de seguridad pública es la discrecionalidad y abuso de poder en la aplicación de estos sistemas. Varios estudios han documentado el uso de TICs en actividades de las fuerzas de seguridad pública, no para la persecución de criminales sino para iniciativas de vigilancia más amplios, que inciden en los derechos humanos de la población.
Estos casos han llevado a que se deteriore la confianza de la gente y las organizaciones civiles en la verdadera utilidad de la tecnología en tareas de seguridad pública. Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) señala que, desde su perspectiva, “no hay evidencia que esas tecnologías hayan sido útiles o que estén redundando en beneficio importante. No vivimos en un país con mayor seguridad, a pesar de 15 años de adquisiciones y gastos exorbitantes en tecnología. Podríamos hacer el caso que ese gasto hubiera sido mejor […] en el fortalecimiento de la policía, en mejores sueldos de elementos, etcétera”.
Pero el ecosistema de seguridad pública en México ya no se puede permitir dejar de invertir en tecnología. Jorge Osorio, director de servicios de consultoría en la firma CSI Consultoría en Seguridad de la Información, apunta que la incidencia del cibercrimen y la necesidad de mayor ciberseguridad (donde el Gobierno de México tampoco tiene un historial perfecto) requerirán mantener y aumentar el presupuesto tecnológico en seguridad pública.
Incluso dejando de lado el cibercrimen, señala, “es difícil que un delito tradicional no pase por un dispositivo, no deje datos en el ciberespacio. Si alguien hace un asalto a una persona y le roba el teléfono, posiblemente lo venda en un portal de internet o lo ofrezca a través de una red social […]. La gran mayoría de los delitos tendrá algo que ver con datos que están en el ciberespacio”.
Aquí también la solución serían reformas a los marcos normativos que aplican para las fuerzas de seguridad pública y su uso de tecnología. Luis Fernando García señala que “en la adquisición [de estas herramientas] debe haber muchos más controles, y en el uso también. Registros, revisión independiente, cosas que ya existen en la regulación de otros países democráticos”.
Reafirma que “si tú le das a cualquier corporación o persona un poder muy amplio, como el que otorgan estas tecnologías, y le das la oportunidad de usarlo de manera secreta y sin rendir cuentas a nadie, casi estás garantizando que esas herramientas serán abusadas”.
Si bien este nivel de responsabilidad y transparencia es crucial para evitar abusos y fomentar la confianza hacia las fuerzas de seguridad pública entre la ciudadanía, Jorge Osorio defiende que se debe encontrar un delicado equilibrio entre transparencia y cierta opacidad técnica.
“Para un cibercriminal, es una mina de oro si se da a conocer públicamente que la base de datos se está resguardando con cierto sistema. Si ese programa llega a tener una vulnerabilidad, al hacker se le está diciendo cómo podría entrar y obtener esos datos. En ciertos casos, no se debería tener tanta transparencia. [La solución sería decir] qué se hace con el dato, pero no con todo el proceso de obtención, la tecnología específica. Eso es lo que a la ciudadanía le da confianza”, dice.
