Solo 6% de delitos son cometidos por mujeres, pero son sancionadas con mayor severidad
Los órganos de seguridad pública y de procuración de justicia siguen actuando con fuertes disparidades de género. Los ejemplos abundan.
Uno de cuatro elementos de seguridad pública estatal en México son mujeres, cuando ésta población representa casi la mitad de las víctimas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2021. Entre los resultados más destacados resalta que, de los 224 mil 923 efectivos entre las instituciones de seguridad pública a nivel estatal, alrededor de 55 mil 290 son mujeres.
Es decir, solo 24.6% del personal de policía en los estados es parte de la población femenina, aún cuando a nivel nacional (en datos también del Instituto) representan a poco más de la mitad de la población total de México. Al mismo tiempo, cabe destacar que el porcentaje de efectivos mujeres a nivel estatal ha mejorado ligeramente con el paso del tiempo. En 2010, la tasa de participación de este sector demográfico entre las fuerzas de seguridad pública estatal era de 17.99%.
Pero estos resultados sí hablan de una profunda disparidad de género entre hombres y mujeres en el sistema de seguridad pública, que se extiende también a las instancias de procuración de justicia. De acuerdo con el reporte de Hallazgos 2020. Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México del centro de investigación México Evalúa, apenas cuatro de las 33 fiscalías en el país son dirigidas por mujeres. Entre los tribunales de justicia, solo cinco de 33 tienen una mujer al frente.
De acuerdo con Chrístel Rosales, investigadora senior del programa de justicia de México Evalúa, estas cifras son una “clara muestra que estas organizaciones no son ajenas a los efectos de construcción de género que hemos venido observando […]. Las propias instituciones no están favoreciendo condiciones de igualdad para hombres y para mujeres […] y que podrían estar teniendo un efecto en la manera en que se concibe y aplica la justicia”.
Esta reflexión resuena con las estadísticas que demuestran la proporción desmedida en que las mujeres tienden a ser víctimas del delito. Según el mismo CNSPE 2021, las instituciones estatales de seguridad pública atendieron poco más de 211 mil víctimas. Al menos 47.3% de ellas fueron mujeres, una tasa a la que se le podría llegar a sumar hasta 39.1% de los casos donde no se especificó el sexo de la víctima.
Más importante aún, Inegi identificó a las “mujeres víctimas de discriminación o de violencia por razón de género” como el grupo de víctimas más vulnerable entre los casos atendidos por las instituciones de seguridad pública estatal, con 10 veces más casos que el segundo grupo vulnerable más numeroso, los adultos mayores (20 mil 733 vs dos mil 344 casos).
Trato desigual a mujeres en seguridad y justicia
Las brechas de género no se limitan a una sub-representación de mujeres entre los elementos de policía y una sobre-representación entre las víctimas de delitos. También es claro que el sistema de justicia tiene sesgos importantes en cómo trata a hombres y mujeres una vez que entran al sistema.
En datos de Inegi, apenas el 6% de los delitos y faltas cívicas detectadas por las autoridades de seguridad pública estatal son cometidos por mujeres. A pesar de eso, las instancias de procuración de justicia tienden a ser mucho más severas con la población femenina a la hora de determinar castigos por casos graves. De acuerdo con México Evalúa, mientras que solo el 27.1% de los hombres reciben sentencias de 21 años o más, la proporción se eleva a 37% para las mujeres.
También parece haber un trato más duro con las mujeres que pretenden integrarse a las tareas de seguridad pública estatal. Además que hay una desproporción notoria entre ambos géneros en los ingresos a programas de formación inicial (casi siete mil hombres frente a tres mil 700 mujeres en 2020), la tasa de deserción entre cadetes femeninas fue de 15.65%. Entre sus contrapartes masculinas, la deserción fue de solo 13.8%.
Y entre las mujeres que ya se integraron a las tareas de seguridad pública estatales, parece que es muy difícil que tengan movimientos verticales. En 2020, según el CNSPE, se llevaron a cabo 49 ceremonias de reconocimiento a escala nacional, celebrando las acciones de poco más de cinco mil 200 efectivos. Solo mil 146 fueron para mujeres, alrededor de 22% del total. La proporción de mujeres que recibió un ascenso como parte de este reconocimiento fue aún menor: 8.43%.
En este contexto, Chrístel Rosales afirma que muchos estos fenómenos son expresiones de “estructuras del sistema de justicia que perpetúan la discriminación contra las mujeres, que dan un trato desigual, y que terminan reproduciendo muchos de los factores de violencia de género”.
Para empezar a repararlas, la especialista de México Evalúa señala que es crucial trabajar en sistemas de medición y visualización del problema, para poder tener claridad de las dimensiones de éste y llevar a cabo acciones precisas que puedan resolverlo.
Pero también reafirma que es crucial “pensar las políticas públicas, en especial las que tienen que ver con seguridad y justicia, con unos lentes de género. Seguir pensando que la ley es neutral, que la operación de las instituciones es pareja para todas, termina invisibilizando estas desigualdades, estas brechas, esta discriminación. Queremos justo lo contrario: repensar las políticas de seguridad y justicia con un lente de género para ir revirtiendo [la tendencia]”.
