Seguridad, la nueva frontera del T-MEC
La relación México-Estados Unidos se encamina a un punto crítico. El presidente Trump presiona con declaraciones contundentes -“México hace lo que le decimos”- mientras detrás de escena la CIA sobrevuela territorio mexicano y los capos de los cárteles son extraditados a discreción del vecino del norte. Así, la presidenta Sheinbaum se enfrenta a un pulso histórico donde la soberanía, la seguridad y la economía están en juego.
En el trasfondo hay un eventual acuerdo de seguridad en ciernes. Para Trump, representa el triunfo de mitigar el flujo de drogas, eliminar la “amenaza terrorista” de los cárteles, y sellar su frontera sur. Para México, es eliminar la acción unilateral de Trump, el reconocimiento de que la estrategia de AMLO fracasó y de que, en solitario, México no puede doblegar a las organizaciones criminales.
Pero más allá de lo político, este pulso sobre la seguridad es decisivo para una economía mexicana con una altísima dependencia exportadora de Estados Unidos. Y lo es, porque por un lado abre la puerta a recursos, inteligencia y cooperación que México requiere; por el otro, expone la fragilidad institucional de México y mina su posición negociadora en frentes como el comercial.
No es casualidad que Trump haya condicionado el diálogo comercial al tema de la seguridad. El mensaje es claro: sin resultados visibles contra el crimen organizado, los beneficios del T-MEC estarán bajo amenaza. Así, el riesgo es considerable. La renegociación de un acuerdo en 2026 se dará en un clima en el que Estados Unidos ya mostró su disposición a usar la seguridad como palanca para arrancar concesiones en las negociaciones comerciales o de inversión.
La vulnerabilidad mexicana es evidente: la inseguridad encarece operaciones y resta competitividad en regiones enteras. El propio gobierno ha tenido que presumir decomisos millonarios y detenciones de cabecillas para enviar señales de control, pero las alertas de viaje del Departamento de Estado, ahora por “riesgos de terrorismo”, reflejan lo contrario. Cada vez que se actualizan, golpean al turismo, a la inversión, y a las cadenas productivas.
El costo es tangible. Si México no logra contener la violencia y garantizar un mínimo de certidumbre, el nearshoring -la gran promesa de crecimiento- podría esfumarse o, en el mejor de los casos, quedarse en enclaves aislados en el norte y el Bajío. Ninguna empresa quiere instalarse donde su personal, mercancías y logística están bajo amenaza.
La soberanía, bandera de Sheinbaum, enfrenta una paradoja: defenderla sin resultados en seguridad sale caro. Cada señal de deterioro en el estado de derecho, erosiona la confianza, encarece el riesgo y frena la inversión. Pero ceder demasiado en un acuerdo formal puede fracturar a la 4T y exhibir debilidad ante un Trump que negocia con imposición. En ambos casos, la economía termina pagando.
Así que el dilema es evidente en esta amalgama seguridad-economía de la que México ya no puede escapar: Una estrategia que enfrente no solo a los cárteles, sino también a las redes institucionales y políticas que los protegen. Hacerlo, implica un costo interno debido a resistencias y complicidades persistentes. Pero si Sheinbaum decide no asumir ese riesgo, seguirá negociando con Trump desde la vulnerabilidad, arriesgando la estabilidad del Tratado, y prolongando la incertidumbre.
No hay de otra: solo si logra convertir la seguridad en un factor de confianza, podrá defender soberanía sin aislarse y negociar con mayor fortaleza en los meses y años por venir.
Samuel García
Editor y economista. Fundador y director de Arena Pública. Fundó y dirigió El Semanario de Negocios y Economía. Fue director editorial de Negocios del Grupo Reforma y 'El Universal'. Director fundador de 'Infosel'. Fue profesor de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE y del Diplomado en Periodismo Económico de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Máster en Periodismo Digital. Columnista, comentarista y consultor para diversos medios en México.
