Mandar por un tubo
Según el INEGI, entre 2022 y 2024 el número de personas que carecía de acceso a agua se redujo en más de 50%. Sin embargo, este gran ‘avance’ procede de un cambio de criterio técnico que subestima la falta de este líquido y en consecuencia es una cuestionable guía para el diseño de políticas públicas. De seguirse tal información parecería razonable recortar los recursos dedicados a la provisión de agua potable de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026. Claramente, no lo es.
De acuerdo con el extinto Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre 2016 y 2022 la población en viviendas sin acceso a agua pasó de 9.1 a 9.2 millones de personas. Sin embargo, de forma abrupta, entre 2022 y 2024, la cifra se redujo a 4.5 millones. Este cambio se debe a una nueva definición de carencia de agua introducida por el INEGI al asumir la medición de la pobreza. Este cambio no sólo altera la comparabilidad de los datos, sino que, de manera más seria cambia los umbrales que determinan una necesidad básica de la población.
Originalmente, el CONEVAL consideraba a una persona sin acceso a agua si ésta procedía de una llave pública, acarreo, pipa, pozo, río o arroyo, sin importar si el viaje final que la hacía llegar a la vivienda o su terreno correspondía a una tubería o a otro medio. Por el contrario, se consideraba que tenían acceso quienes la recibían entubada en la vivienda o su terreno si provenían de fuentes confiables, como la red de agua potable. Para el CONEVAL no sólo importaba la llegada del agua, sino también la confiabilidad de su fuente.
En 2024, el INEGI decidió que cualquier persona que recibiera agua por un tubo tenía acceso a ella, sin importar si procedía de un pozo, un río, otra vivienda o de fuentes irregulares y riesgosas para la salud. Atrás quedó la idea de que el agua debe llegar diariamente a la vivienda, entubada y proveniente de la red municipal o equivalente, y ser apta para beber, cocinar y el aseo doméstico. En la práctica, esto disminuye el estándar de bienestar mínimo de las personas, algo que el CONEVAL difícilmente habría hecho, ya que requería acuerdos de su órgano de gobierno.
Esta situación ha sido analizada por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (EQUIDE) de la Universidad Iberoamericana (ver P. Gaitán, L. Felix y X. García, La inexplicable desaparición de las fuentes de abasto de agua ). Este grupo de investigadores ha concluido que, de seguirse los criterios del CONEVAL, la población sin acceso a agua habría sido de 21.2 millones de personas en 2024, casi cinco veces la cifra reportada por el INEGI, lo que habría aumentado la cifra de pobreza en cientos de miles de personas.
Es muy distinto diseñar políticas hídricas para unos pocos millones de personas que para decenas de millones. El reto es diferente si el problema del agua parece estar reduciéndose rápidamente en lugar de multiplicarse de forma continua. También difiere el indicador de éxito según el criterio adoptado: no es lo mismo proponerse extender la red pública de agua potable, como lo sugería el CONEVAL, que simplemente entubar el agua de colectores de lluvia, lagos y otras fuentes irregulares, como lo permitiría la nueva definición del INEGI.
Un ejemplo de políticas públicas mal encauzadas por información inconsistente sería la reducción del presupuesto para la infraestructura hídrica a cargo de la CONAGUA. Afortunadamente, aunque el PPEF para el próximo año reduce los recursos totales para esta institución en un 4.5%, los destinados a la provisión de agua potable para la población se incrementan notablemente, aunque sin alcanzar los niveles máximos de 2023. Como se observa, el plan presupuestal del gobierno no parece responder a los “logros” reportados por el INEGI.
El INEGI ya tiene varios pendientes de aclaración sobre la información utilizada para medir la pobreza. Además del cambio en la forma de preguntar sobre el acceso a los servicios de salud y la presencia de datos atípicos en el ingreso de los hogares, ahora se suma la modificación de los criterios metodológicos para determinar la carencia de acceso a agua. El INEGI posee la capacidad técnica para hacer las aclaraciones necesarias. Ojalá el instituto no decline o ignore la importancia de una pronta respuesta a estas dudas, incluso si parecen puntillosas o inconvenientes.
Rodolfo de la Torre
Ha sido Director de Movilidad Social del CEEY, Coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
