Claves para leer el Paquete Económico 2026
Llega septiembre y, con él, no sólo se va el verano: también arranca una carrera de eventos políticos y económicos que, sin darnos cuenta, nos llevarán directo al cierre del año. En México, el 1º de septiembre no solo marca el regreso al Congreso y el informe de gobierno del ejecutivo, sino también la discusión del Paquete Económico 2026.
Este paquete es mucho más que un trámite legislativo. En un mundo donde varios países enfrentan bloqueos presupuestales —como Estados Unidos o España—, México destaca por algo que vale la pena reconocer: su capacidad de sacar adelante, año con año, un presupuesto aprobado a tiempo. No es poca cosa. Eso le da al país algo valioso en tiempos inciertos: una base de estabilidad.
El paquete económico consta de tres componentes: (1) La Ley de Ingresos (LIF); (2) el Presupuesto de Egresos (PEF) y (3) los Criterios Generales de Política Económica (CGPE). La primera establece de dónde vendrá el dinero —impuestos, derechos, aprovechamientos, endeudamiento—; el segundo, en qué y cuánto se gasta; y los últimos, el marco macroeconómico que sustenta las proyecciones.
La fecha límite para que el Ejecutivo lo entregue al Congreso es el 8 de septiembre. A partir de ahí, comienza una cuenta regresiva estricta. La Ley establece plazos muy claros: la Cámara de Diputados debe aprobar la Ley de Ingresos antes del 20 de octubre y el Senado tiene hasta el 31 para ratificarla. Luego, la Cámara baja retoma el control para aprobar el Presupuesto de Egresos, a más tardar el 15 de noviembre. Todo muy estructurado, al menos en papel.
Este año, habrá especial atención en si habrá cambios en la miscelánea fiscal o en la estructura de los principales impuestos. El gobierno ha reiterado que no habrá reforma fiscal… pero eso no significa que no haya sorpresas menores en el camino. En cuanto al gasto, el foco estará en cómo se reparten los recursos entre programas, sectores y prioridades del gobierno. En los CGPE, lo más sensible son los supuestos macroeconómicos —crecimiento, inflación, tipo de cambio, petróleo, déficit— porque apuntalan la credibilidad de la posición fiscal del país.
En este contexto, cabe mencionar que una de las críticas más importantes que se hacen a los CGPE viene de la estimación que hace la Secretaría de Hacienda (SHCP) del crecimiento. Según el documento preliminar que se envió en abril, la SHCP estima un crecimiento de alrededor de 1.9%. Esta cifra contrasta con el consenso del mercado que está esperando una tasa de 0.5% anual. Para el año que entra, Hacienda plantea un crecimiento de 2% cuando el consenso está en 1.4% anual. Este dato cobra relevancia dado que es el punto de partida para la estimación de los ingresos, así como de las razones del déficit como porcentaje del PIB y de la deuda pública. La credibilidad de las finanzas públicas depende en gran medida de que las hipótesis macroeconómicas sean realistas. De lo contrario, el presupuesto se convierte en un ejercicio aspiracional en lugar de una guía fiscal confiable.
Otro tema que no podemos ignorar es el petróleo. Aunque la mezcla mexicana ya no pesa tanto como antes en los ingresos públicos, sigue siendo una fuente importante. Pero la incertidumbre aquí no viene tanto del precio —que se define por una fórmula legal y factores globales—, sino de la producción nacional. La realidad es que la plataforma de producción sigue a la baja, con problemas técnicos y financieros que limitan cualquier repunte sostenido. Y entonces surge el dilema: ¿hasta cuándo se va a seguir canalizando dinero público al rescate de Pemex? En 2023, los apoyos fiscales a la petrolera representaron casi 1% del PIB. Cada peso que se va ahí es un peso menos para infraestructura, salud o educación.
Por el lado del déficit, el gobierno insiste en su compromiso con la disciplina fiscal. La meta es reducir el déficit a 3.3% este año y a 2.7% el siguiente, con una deuda pública que se mantenga en torno al 52.3% del PIB. Esto es clave, porque la estabilidad macroeconómica de México —esa que tanto valoran los mercados— ha dependido en gran parte de una deuda controlada y reglas fiscales claras.
Pero no basta con tener buenas intenciones o proyecciones optimistas. El Paquete Económico 2026 será, en esencia, una prueba de fuego: ¿se mantendrá el compromiso con la disciplina fiscal?, ¿se presentarán cifras realistas?, ¿se usará el presupuesto como una guía creíble o como un ejercicio aspiracional?
Lo importante es que el debate no se limite a aprobar números por inercia. Detrás de cada cifra hay decisiones con impacto real en la vida de millones de personas. Por eso, el proceso debe ser riguroso, con datos abiertos y discusiones públicas que vayan más allá del tecnicismo. Porque al final, de eso se trata la política fiscal: de decidir colectivamente cómo queremos construir el futuro.
En resumen: la fortaleza fiscal de México no se sostiene únicamente en tener un déficit bajo control. También requiere honestidad en los datos, realismo en las proyecciones y, sobre todo, un compromiso claro con la transparencia. Porque solo así la ciudadanía puede exigir cuentas de verdad: con información clara, accesible y sin adornos.
Este septiembre, más que nunca, la exigencia debe ser simple pero contundente: realismo económico, responsabilidad fiscal y cero simulaciones.
Delia Paredes Mier
Delia Paredes apoya la toma de decisiones a inversionistas internacionales, líderes empresariales y gestores de activos a través del análisis económico desde hace casi 20 años. Es socia en TransEconomics, firma que brinda servicios de planificación patrimonial y gestiona activos alternativos. Es docente en la Universidad de Anáhuac y en el Tec de Monterrey. Miembro del Comité de Estudios Económicos en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI). Delia Paredes es Maestra en Economía por la London School of Economics (LSE).
