En la actualidad, la toma de decisiones sobre el futuro de las telecomunicaciones y, en específico sobre la Internet, requiere de la participación multisectorial.
Dichos procesos y normas que afectan la gestión de Internet se definen bajo el concepto de “gobernanza de Internet“. El objetivo es lograr que la gobernanza de Internet funcione de manera descentralizada y con un enfoque colaborativo.
Según datos de la organización Internet Society, los principios básicos de la gobernanza del Internet son: la participación abierta, inclusiva y transparente, la toma de decisiones basada en el consenso, la supervisión y empoderamiento colectivos, debates basados en evidencia, voluntarismo y la libertad de innovar sin necesidad de un permiso.
La naturaleza descentralizada de Internet implica que no puede existir una autoridad única a su cargo. Sin embargo, para lograr la interconexión y colaboración en la toma de decisiones, es necesario promover un equilibrio entre el Estado y la sociedad civil.
Entre los retos para lograr la colaboración, destacan la falta de recursos, el conflicto de intereses y, principalmente, la falta de consenso entre los intereses globales y locales.
Por otro lado, existen espacios de discusión como el Foro de Gobernanza de Internet (IGF) y personajes que trabajan en pro del tema como Dustin Phillips, director ejecutivo de ICANNWiki, el portal dedicado a la difusión de casos sobre gobernanza del Internet en Estados Unidos.
“La red de redes no sería nada sin la interconexión o los recursos compartidos de estándares y protocolos abiertos. La expansión más amplia, no más profunda, es esencial para la resiliencia y la fortaleza del ecosistema como un todo”, declaró.
En el caso de América Latina, la asociación Derechos Digitales destaca la importancia de extender los esfuerzos más allá de las agendas digitales a nivel local o regional. Tomando en cuenta la complejidad de los retos que implica la creciente demanda de Internet, se debe reconocer y apoyar un modelo de participación que atienda los intereses de la sociedad civil, sin excluir los proyectos comunitarios.
