¿Cómo hacer realidad la gobernanza de Internet?
En la actualidad, la toma de decisiones sobre el futuro de las telecomunicaciones y, en específico sobre la Internet, requiere de la participación multisectorial.
Dichos procesos y normas que afectan la gestión de Internet se definen bajo el concepto de “gobernanza de Internet“. El objetivo es lograr que la gobernanza de Internet funcione de manera descentralizada y con un enfoque colaborativo.
Según datos de la organización Internet Society, los principios básicos de la gobernanza del Internet son: la participación abierta, inclusiva y transparente, la toma de decisiones basada en el consenso, la supervisión y empoderamiento colectivos, debates basados en evidencia, voluntarismo y la libertad de innovar sin necesidad de un permiso.
La naturaleza descentralizada de Internet implica que no puede existir una autoridad única a su cargo. Sin embargo, para lograr la interconexión y colaboración en la toma de decisiones, es necesario promover un equilibrio entre el Estado y la sociedad civil.
Entre los retos para lograr la colaboración, destacan la falta de recursos, el conflicto de intereses y, principalmente, la falta de consenso entre los intereses globales y locales.
Por otro lado, existen espacios de discusión como el Foro de Gobernanza de Internet (IGF) y personajes que trabajan en pro del tema como Dustin Phillips, director ejecutivo de ICANNWiki, el portal dedicado a la difusión de casos sobre gobernanza del Internet en Estados Unidos.
“La red de redes no sería nada sin la interconexión o los recursos compartidos de estándares y protocolos abiertos. La expansión más amplia, no más profunda, es esencial para la resiliencia y la fortaleza del ecosistema como un todo”, declaró.
En el caso de América Latina, la asociación Derechos Digitales destaca la importancia de extender los esfuerzos más allá de las agendas digitales a nivel local o regional. Tomando en cuenta la complejidad de los retos que implica la creciente demanda de Internet, se debe reconocer y apoyar un modelo de participación que atienda los intereses de la sociedad civil, sin excluir los proyectos comunitarios.
