Derroche de gasto en publicidad a discreción en el gobierno. Salud y Educación, los mayores
No solo es el gasto en publicidad, el gobierno federal sin respeto al presupuesto de egresos derrochó dinero a su antojo.
Ya sea utilizando el opaco Ramo 23 o por el exceso de gasto en publicidad, la administración de Peña Nieto será recordada por el sobreejercicio del presupuesto.
Los secretarios de estado que sonaban para ser candidatos presidenciales sobrepasaron y por mucho el presupuesto que tenían asignado en publicidad de acuerdo con lo publicado en la primera plana de Reforma el 16 de mayo.
Te puede interesar: Los datos del turismo siguen en la polémica. Inegi ve un lento crecimiento, el gobierno, no, 14 de mayo del 2018
En 2017, la Secretaría de Educación Pública tuvo un gasto en publicidad 28 veces mayor de lo aprobado; el de la Secretaría de Salud fue 15 veces mayor y el de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación fue del triple, de acuerdo con el análisis de la Cuenta Pública realizada por Reforma.
Gasto en publicidad sobreejercido. Fuente: Reforma
El gasto en publicidad sobreejercido por la Secretaría de Educación Pública en 2016 y 2017 equivale a mil 130 millones de pesos. Teniendo en cuenta que las becas que otorga esta misma secretaría para estudiantes de nivel licenciatura o Técnico Superior Universitario son de 6 mil pesos por semestre, con el exceso de dinero gastado en publicidad se pudieron haber becado a 45 mil 833 alumnos.
En el año 2016, el gasto en publicidad que realizaron las diferentes dependencias rebasó los 10 mil millones de pesos; en 2015 y 2016, las secretarías de Salud, Desarrollo Social y Educación, aún tras resentir recortes presupuestarios, gastaron alrededor de 5 mil 948 mdp, de acuerdo con la organización Fundar.
La solución a esta situación se planteó en la vía de una Ley de General de Comunicación Social que construyera un marco jurídico adecuado para el control de este tipo de gasto. La ley fue promulgada por le presidente, Enrique Peña Nieto, el 11 de mayo del 2018.
Te puede interesar: Con Ley de Comunicación Social mexicanos seguirán pagando la excesiva publicidad oficial, 4 de abril del 2018
Sin embargo, diversas organizaciones tanto nacionales como internacionales han criticado la ley -apodada Ley Chayote- pues dada su redacción, esta ley no soluciona el gasto discrecional que se le otorga a la publicidad.
El capítulo tercero de la ley, que refiere al gasto en comunicación social solo cuenta con tres artículos (18-20), y en ninguno prohíbe la promoción personal de funcionarios, ni prevé criterios claros y objetivos para la asignación de publicidad oficial.
A su vez, el capítulo séptimo “De la vigilancia y control de la contratación de la comunicación social”, no establece controles presupuestarios, ni limita o prohíbe los sobrejercicios. La ley se limita a obligar a las dependencias y entidades a informar cada mes a la Secretaría de la Función Pública sobre sus gastos.
Aunado, la ley todavía prevé la existencia de “mensajes extraordinarios” para cuando la ocasión lo amerite como en caso de desastres naturales. No obstante, la organización internacional artículo 19´acusa que los mensajes extraordinarios solo abonan a la discrecionalidad del manejo de la publicidad oficial.
El gasto discrecional en otros ámbitos
Desafortunadamente no es solo la publicidad el ámbito en donde el gobierno no respeta los presupuestos. Entre 2013 y 2017 el Ramo 23 gastó 494 mil millones de pesos por arriba de lo que se le aprobó; lo que equivale a casi 100 mil millones de pesos anuales, casi tres veces más que el presupuesto aprobado de la UNAM en 2018 que fue de 38 mil 300 millones de pesos.
“Una cosa es lo que el Congreso aprueba y otra lo que el ejecutivo ejerce: sistemáticamente observamos sobreejercicios y excedentes en los ingresos”, de acuerdo con la directora general de la organización México Evalúa, Edna Jaime, en la presentación del libro “Léase si se quiere gobernar en serio”.
De acuerdo con la politóloga e investigadora, es gracias a este esquema que casos como ´La Estafa Maestra´ son posibles, pues de manera literal, la ley lo permite.
En el gasto público es necesario revisar los espacios para la corrupción. @EdnaJaime Menciona el ramo 23, de contingencias económicas. Si bien se necesita flexibilidad en el presupuesto, hay poca rendición de cuentas. @CIDAC @mexevalua @JonathanHeath54 @Israel_HS pic.twitter.com/QmbJSXFBcu
— American Chamber Mx (@AmChamMexico) 16 de mayo de 2018
El nombre oficial del Ramo 23 es Provisiones Salariales y Económicas, y es la Secretaría de Hacienda la encargada de administrarlo. En 2018 la secretaría le etiquetó 107 mil 189 millones 207 mil 512 pesos.
Entre 2013 y 2017 el Ramo 23 gastó 494 mil millones de pesos por arriba de lo que se le aprobó; lo que equivale a casi 100 mil millones de pesos anuales, casi tres veces más que el presupuesto aprobado de la UNAM en 2018 que fue de 38 mil 300 millones de pesos.
El Ramo está compuesto por: el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, Fondo regional, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, Fondo Metropolitano, el Fondo de capitalidad, el Fondo para la transición, el Fondo para la modernización del patrimonio cultural federal, las Previsiones salariales y Proyectos para el desarrollo regional.
En febrero de 2018 la misma organización ´México Evalúa´ acusó al gobierno federal de utilizar al Ramo 23 de una manera política y como un mecanismo para premiar y castigar gobernadores.
El gobierno actual gasta lo que quiere y como quiere, sin correlación con lo aprobado. pic.twitter.com/ofL88mdcT6
— Jonathan Heath (@JonathanHeath54) 16 de mayo de 2018
El caso más reciente fue el del gobernador panista de Chihuahua, quien recibió anualmente un promedio de 70 millones de pesos por este concepto, mientras que su antecesor, el priista César Duarte recibió un promedio anual de mil 650 millones de pesos, 24 veces más.
Debido a que los fondos se atienen a reglas de operación y no a las leyes, estos están abiertos a interpretación y no están tan bien fiscalizados, en especial los proyectos de Desarrollo Regional.
La Auditoría Superior de la Federación en distintas oportunidades ha recomendado adecuar la normatividad aplicable a los Proyectos de Desarrollo Regional, así como incrementar los controles internos de supervisión y fortalecer la participación de la dependencia federal normativa.
MÁS INFORMACIÓN: Explotan 'tapados' gasto publicitario, 16 de mayo del 2018, periódico Reforma
MÁS INFORMACIÓN: Léase si quiere gobernar (en serio), México Evalúa
MÁS INFORMACIÓN: Contar “lo bueno” cuesta mucho. Publicidad oficial del gobierno federal de 2013 a 2016
MÁS INFORMACIÓN: Ley General de Comunicación Social, Diario Oficial de la Federación, 11 de mayo del 2018
