Paquete navideño

El reducido espacio fiscal visto en el presupuesto llama a reflexionar sobre las urgentes necesidades de reformas.
26 Diciembre, 2018

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019 se aprobó en la Cámara de diputados recientemente.  

En menos de 10 días de análisis y discusión los diputados encontraron la manera de incrementar el presupuesto en más de 23 mil 700 millones de pesos y, con ello, compensar a quienes habían sido afectados por las reducciones presentadas por el Ejecutivo federal en el proyecto de presupuesto.

Varios temas quedaron fuera en la aprobación del paquete económico 2019. Entre ellos están la capacidad técnica para el debate fiscal, la transparencia y rendición de cuentas, además de la transición hacia una política social con equidad intergeneracional, por mencionar algunos.

El incremento de ingresos, aprobado por los diputados y senadores, supone una eficiencia recaudatoria por IVA e ISR por menor evasión y elusión. Es decir, que los contribuyentes paguen sus obligaciones fiscales y que se utilicen menos recursos legales para disminuir los montos a pagar.

Resalta que esta decisión no fue acompañada por un análisis técnico y público que permitiera dar certeza del aumento que se espera. La débil discusión respecto de este tema pone en evidencia la necesidad de un consejo fiscal que pueda servir como proveedor de análisis técnicos, rigurosos y de largo plazo en el poder legislativo.

De no logar recaudar los recursos anunciados en la Ley de ingresos, el poder ejecutivo podría hacer uso de los fondos de estabilización. Al cierre del tercer trimestre de 2018 el Fideicomiso fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios tenía disponibles 246.7 mil millones de pesos, monto suficiente para cubrir la posible sobreestimación de los ingresos en 2019.

La transparencia y rendición de cuentas también es una debilidad del paquete económico aprobado para el siguiente año. En materia de ingresos, a la fecha se desconocen los detalles para la disminución del IVA e ISR en la frontera. Además, se eliminó el artículo 8 transitorio de la LIF 2018 donde se estipula que el Ejecutivo federal debe proporcionar información de manera trimestral sobre los costos que representan los gastos fiscales (como la disminución del IVA e ISR en la frontera), así como de los beneficiarios de estos.

 

De no logar recaudar los recursos anunciados en la Ley de ingresos, el poder ejecutivo podría hacer uso de los fondos de estabilización.

 

La forma de ejercer el presupuesto, en especial el correspondiente al desarrollo social, también se modificó. La nueva política se enfocará en dar transferencias de dinero directas a los beneficiarios. Se priorizaron los programas emblemáticos que realizó en campaña el presidente, dejando menos recursos para programas que habían trascendido los sexenios anteriores. Por ejemplo, las disminuciones en programas como PROSPERA (57.9%), Programa de fomento a la agricultura (83.2%) y Seguro Popular (0.6%) se compensan con asignaciones para programas dirigidos a personas adultas mayores y jóvenes.

Empero, programas emblemáticos como Crédito ganadero a la palabra, Fertilizantes, Sembrando Vida y las pensiones a personas con discapacidad, por mencionar algunos, carecen de reglas de operación y el presupuesto aprobado no obliga a que las tengan. De no existir un seguimiento cercano a la ejecución de estos programas, los recursos aprobados para los mismos podrían utilizarse con fines distintos a los del desarrollo social.

La nueva priorización de grupos vulnerables como los adultos mayores y jóvenes dejan de lado a una generación en edad productiva. Lo anterior se refleja en la disminución de recursos para programas que impulsan el emprendimiento y las MiPyMes. Al vincular esto con la baja inversión en obra pública (1.5% del PIB), la esperanza de un pronto crecimiento y mayores ingresos a dicha generación disminuye. Así las consecuencias de un espacio fiscal en reducción.

 

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Con el incremento de los gastos ineludibles como el pago de pensiones, el costo financiero de la deuda y las participaciones, el margen de maniobra para la ejecución de nueva política pública es cada vez menor. Ante las demandas por las reducciones en el campo, la educación y programas para la equidad de género, los ramos autónomos y los proyectos anteriormente discrecionales también se tuvieron que ajustar.

Ante un cada vez más reducido espacio fiscal, este paquete económico y en especial el presupuesto aprobado es un llamado a reflexionar sobre las necesidades de reformas que tiene nuestro país. Y es que las necesidades son ilimitadas y los recursos cada vez más escasos.

La población requiere, entre otras cosas, de mejores servicios públicos otorgados por los gobiernos locales; de un sistema de salud universal digno donde se pueda disponer de más de 600 pesos por persona al año; de un sistema de pensiones más equitativo entre personas y entre generaciones que no absorba toda la recaudación por IVA; de una educación de calidad comparable con los estándares internacionales para poder competir a nivel global, y de infraestructura que además de subsidios asegure el crecimiento.

 

Este paquete económico, y en especial el presupuesto aprobado, es un llamado a reflexionar sobre las necesidades de reformas que tiene nuestro país.

 

Para cumplir con estas y otras demandas será necesaria una nueva reforma fiscal integral. La cual nos incluya a todos, diseñada con bases técnicas, apartidistas con la confianza de que la transparencia y la rendición de cuentas está asegurada. Por el momento los legisladores ya están de vacaciones, esperemos que el próximo año esté lleno de ganas, conocimiento y voluntad para legislar respecto de estos temas.

 

@SunnyArely

Sunny Villa Sunny Villa Economista y maestra en administración pública y políticas públicas por el ITESM. Directora de gasto público y fortalecimiento institucional en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria AC. Especialista en estudios del presupuesto y gasto público, análisis de incidencia, políticas públicas y prospectivas. Ha participado en proyectos de finanzas públicas y sostenibilidad fiscal con organismos nacionales e internacionales.