Políticas públicas

Nueva Constitución en Chile abre discusión para convertir el acceso al Internet en un derecho

Chile votó por crear una nueva carta constitucional y, que el acceso a Internet se reconozca como un derecho está entre la demandas.

26-10-2020 14:08 Por : DPL News
Las protestas de Chile fueron motivadas por la desigualdad, la cual también será digital el día de mañana.
Las protestas de Chile fueron motivadas por la desigualdad, la cual también será digital el día de mañana.

“Chile despertó”, “vamos a refundar el país” o “no son 30 pesos; son 30 años” fueron algunas de las consignas que se escucharon en las calles de la nación sudamericana en octubre del año pasado, en medio del estallido social a raíz de un aumento de 30 pesos al precio en el boleto del Metro de Santiago, que luego se extendió a un conjunto de exigencias sobre las desigualdades del país y la ilegitimidad de la actual Constitución Política, herencia del régimen militar de Augusto Pinochet.

Entre los reclamos de la población que buscan acogida en la formulación de una nueva carta constitucional, se escuchan demandas que ya tienen cierta longevidad en la agenda; entre ellas, el reconocimiento a la seguridad social como un derecho sustantivo, los derechos de los pueblos indígenas o incluso la definición de un Estado Social más que subsidiario.

Al debate también ha llegado un tema relativamente nuevo: la consideración del acceso a Internet como un derecho constitucional en el mundo contemporáneo. Sólo hace casi una década la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo declaró como un derecho humano, cuando el entorno digital, aunque en expansión, todavía no era lo que es hoy con su amplia gama de aplicaciones, plataformas y servicios, y una gran explosión en la transmisión de paquetes de datos.

Dos años después del pronunciamiento de la ONU, México consignó en el artículo 6 de la Constitución el derecho al acceso a las TIC, los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, con el fin de integrar a la población a la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Si bien el país ha sido una referencia para otros en América Latina que quieren ir en la misma dirección, aún enfrenta un reto en materia de conectividad y adopción digital.

Se han generado, en los últimos años, una serie de discusiones en diferentes naciones sobre la importancia de consagrar el acceso a Internet en las constituciones, o elevarlo a un servicio público o esencial con leyes o decretos, según las diferentes posturas de legisladores, políticos y especialistas. Así está sucediendo ahora en Chile y Colombia, por ejemplo.

La ebullición social y las protestas en Chile, y ahora el contexto de la pandemia de Covid-19, han encendido el debate sobre lo que falta por adoptar en la ley, y, entre todo el cúmulo de exigencias, el acceso a Internet figura como “uno de los mejores candidatos a ser considerados un derecho nuevo e independiente”, dado que, además de ser necesario para la vida actual, es una herramienta de intermediación para otros derechos, explicó a DPL News María Paz Canales, directora Ejecutiva de la organización Derechos Digitales.

“Consideramos que puede ser beneficioso un reconocimiento directo del derecho de acceso a Internet a nivel constitucional (…), pero no es la única manera, sino que tiene que ver con cómo en el tiempo se actualizan las obligaciones del Estado en relación al cumplimiento y la satisfacción de otros derechos fundamentales”, expresó.

Para la asociación que lidera Paz Canales, la conectividad digital es un insumo para otros derechos y, por tanto, es esencial garantizarla. Y el diálogo para reconocer a Internet como un derecho debe llevarse a cabo, porque pone de manifiesto las preocupaciones de los habitantes sobre la relevancia de este servicio en el desarrollo social, económico e incluso político.

Las protestas del año pasado fueron motivadas por la desigualdad. El día de mañana, esa desigualdad será también digital, marcando una franja entre quienes están conectados y han cultivado competencias digitales y quienes no, afirmó en entrevista Pedro Huichalaf, exsubsecretario de Telecomunicaciones de Chile.

De manera abrumadora, este 25 de octubre ganó el “apruebo” en el plebiscito nacional con el 78% de los votos. Más de 5 millones 885 mil chilenos dijeron que sí quieren que se cree una nueva Constitución. Además de que el hecho es en sí histórico para la democracia, hubo una alta participación a pesar del confinamiento: más de la mitad de las personas salieron a elegir.

Ayer también se definió que la carta fundamental será redactada por una Convención Constituyente, formada por 155 ciudadanos elegidos de manera popular y en la que habrá paridad de género. Ahora será tarea de esta asamblea pensar en una Constitución hacia el futuro, proyectando en lo que vendrá en los años o décadas siguientes.

El especialista consideró que la tarea de la Convención Constituyente no consistirá en reflexionar únicamente en el acceso a Internet, sino en todo el conjunto de tecnologías digitales que estarán disponibles para los ciudadanos en el contexto de una Sociedad de la Información y el Conocimiento.

“No sólo van a redactar los típicos derechos constitucionales, sino también tienen que pensar en el Internet del futuro, sobre todo con la incorporación de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (…); (tendrán que) entender el futuro y tratar de que Chile sea un líder en las políticas públicas”, señaló Huichalaf.

Paz Canales aseveró que en el texto deberá haber un reconocimiento acerca del impacto de la tecnología en el ejercicio de los derechos ya existentes, como la libertad de expresión, la privacidad, la protección de los datos personales, a la no discriminación, el acceso a la salud, la educación y otros tantos. En la actualidad son atravesados por las tecnologías, por lo que es importante vincularlas en la normativa.

Además, en este momento el Senado estudia una iniciativa para declarar el acceso a Internet como un servicio público, lo cual busca propiciar que el Estado asuma cabalmente la obligación de fomentar su adopción universal. En mayo, la Sala de Sesiones del Senado aprobó en primer trámite el proyecto de ley, el cual data de dos años atrás, cuando dos legisladores presentaron una moción para incluir un número en el artículo 19 de la Constitución, en el que se definiera a Internet como un servicio público.

El objetivo de declararlo así, y ahora también como un derecho, renació en Chile en medio de la contingencia provocada por la Covid-19, pues se ha puesto de manifiesto la relevancia de la conectividad y las redes. Los legisladores confían en que debe determinarse como una necesidad básica, a fin de que en un plazo de seis meses, a partir de la solicitud del usuario, las empresas estén obligadas a prestar efectivamente la conexión.

 

* Este artículo fue publicado originalmente en digitalpolicylaw.com