Políticas públicas

México brilla en paralímpicos, pero pocos tienen acceso a un trabajo

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica solo 38.5% de personas con discapacidad cuentan con un trabajo, formal o informal, en México.

05-09-2021 18:04 Por : Arena Pública
Menos del 40% de las personas con discapacidad en México tienen acceso a seguridad social a comparación del 71.8% promedio en la Américas. (Foto: @Conade)
Menos del 40% de las personas con discapacidad en México tienen acceso a seguridad social a comparación del 71.8% promedio en la Américas. (Foto: @Conade)

Los atletas mexicanos regresaron cargados de oro de Tokio 2020, pero más de la mitad de las personas con discapacidad (PcD) en México no tienen acceso a la seguridad social.

El equipo paralímpico mexicano obtuvo 22 medallas, entre ellas siete oros, muchas más que las obtenidas por su homólogo olímpico, que sólo obtuvo ocho preseas en esta edición de la justa deportiva mundial. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los deportistas “un orgullo nacional” e incluso adelantó que el gobierno entregará estímulos económicos a atletas y sus entrenadores

Sin embargo, la realidad para la mayoría de personas con discapacidad en el país dista del apoyo mostrado a los competidores paralímpicos, pues sus oportunidades de integración social y acceso a estabilidad económica son reducidas, empezando por una mucho mayor dificultad para encontrar un trabajo digno. 

“[El deporte] era algo que me daba para vivir, yo no tengo hijos y eso me servía, pero del deporte no vives, si yo tuviera familia o dependientes, la verdad no me alcanza, tampoco es que vivas súper holgado” dijo a El Economista Doramitzi González, ex nadadora paralímpica.

Según la Organización Mundial del Trabajo (OIT), las personas con discapacidades severas son quienes, además de los desempleados y los niños, tienen un menor porcentaje de acceso a la seguridad social a nivel mundial, alcanzando solo 33.5% de población protegida.

Históricamente los sistemas de protección social solo cubren a las personas con trabajos formales, lo cual ha excluido del sistema a quienes, como en el caso de las personas con discapacidad, no suelen laborar en empleos formales debido a sus limitaciones físicas o la discriminación que sufren aún cuando su discapacidad no les impide desempeñar las tareas del empleo.

Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 solo 38.5% de personas con discapacidad cuentan con un trabajo en México, sin embargo, esta cifra no diferencia entre quienes tienen un trabajo formal y uno informal, si bien el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señala que es un 25% más probable que las personas con discapacidad no cuenten con un contrato escrito

Los estudios estadísticos sobre discapacidad en el país son limitados. Desde 2016 no se ha vuelto a contabilizar cuántas personas con discapacidad tienen acceso a la seguridad social, aunque en ese año el porcentaje llegaba al 53.6% .

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que tenía registradas casi dos millones de PcD como derechohabientes, tan solo 32.4% de las 6,179,890 de personas con discapacidad contabilizadas en el último Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El porcentaje de cobertura es mucho menor si se considera el total de personas incluídas en materia de discapacidad por el Inegi (9.52% de 21 millones) entre los que se consideran personas con “algún problema o condición mental” (1,590,583), y aquellas con alguna “limitación” (13 ,934, 448).

Las cifras en México están muy por debajo del promedio en las Américas, dónde según la OIT la cobertura a PcD alcanza el 71.8%, el segundo más alto entre los continentes, sólo por debajo de Europa (86%).

Desde la aparición del Seguro Popular, el programa se volvió uno de los principales apoyos para las PcD pues les permitió acceder a la salud a pesar de no contar con un trabajo formal. Sin embargo, en medio de la pandemia, la desaparición del programa y su transición al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) significó la indefensión de este sector de la población durante el 2020. 

Pero aún con el Seguro Popular, la población de PcD en México ha sido excluida de otras prestaciones sociales como acceso a jubilaciones, créditos para la vivienda entre más beneficios obtenidos a través de un trabajo formal, limitando su posibilidad de tener una autonomía económica que les permita una vida digna e independiente, la principal demanda de la comunidad.

4T se ha concentrado en apoyos monetarios

La autonomía económica permite a las PcD no depender de sus familias para vivir lo que reduce su vulnerabilidad socioeconómica, sin embargo, pocas veces logran acceder a ella. 

“Como apuntan los datos, las personas con discapacidad no suelen tener acceso a un trabajo y menos a un trabajo formal [...] Necesitan una compensación que implica necesariamente la intervención gubernamental, la más común es mediante transferencias monetarias para compensar la falta de ingreso”, explicó Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

A partir del 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inició el reparto de apoyos económicos a las personas con discapacidad, que según señaló el propio presidente han significado 36 mil 889 millones de pesos destinados a través de pensiones mensuales de 2,700 pesos.

Sin embargo, el apoyo no cumple con las funciones que la seguridad social otorga para las personas con empleos formales además de que se limita a la atención de niños y jóvenes con discapacidad de hasta 29 años. 

Si bien el apoyo puede otorgarse luego de esta edad, solo son candidatos al apoyo aquellas PcD pertenecientes a comunidades indígenas y/o residentes de municipios de alta marginación, condición que no aplica para el apoyo infantil y juvenil. 

Esta focalización ha limitado la cobertura del programa que atiende alrededor de un millón de personas, solo el 17% de los 6 millones totales, según las cifras más recientes del gobierno federal.  

De la Torre señala que si bien, el gobierno actual ha tenido avances como elevar a rango constitucional las transferencias monetarias, para el tema de discapacidad la responsabilidad del Estado sobre el tema va más allá, como en promover el acceso al empleo a las PcD. 

Superar el primer filtro, acceder a un empleo no solo es difícil, lo es también superar la brecha de ingresos entre personas con y sin discapacidad, pues las primeras reciben por la misma actividad tan 66.5% de quienes no tienen discapacidad, según informó el Conapred. 

Sumado a ello la calidad y tipo de empleos, aún cuando sean formales, son muy limitados para las PcD más allá de sus limitaciones físicas, pues además se enfrentan a un alto nivel de competencia laboral en el que se ven superados por las pocas posibilidades de formación académica de las que gozan. 

Según la a Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 45% de las PcD tienen solo tienen la primaria, 23% no tienen escolaridad y tan solo 7% cuentan han acabado una carrera universitaria, minoría que en su mayoría lo ha logrado a través de la educación privada ante la falta de políticas de inclusión en la educación pública.

Además, la inclusión educativa suele limitarse a la inversión en estructura física como rampas y hasta elevadores sin considerar que las discapacidades son más que solo las motrices. No existe en México atención educativa en Lengua de Señas para la población sorda, material de cursos superiores en Braille para población ciega ni docencia especializada en educación para discapacidad intelectual.

El confinamiento derivado de la crisis de COVID 19 también desnudó esas fallas. En 2020, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), realizó el informe Impactos diferenciados por COVID-19: Diálogos con organizaciones de la sociedad civil en el que señaló que existe una constante discriminación contra las PcD, pues todos los medios de comunicación y las emisiones de información están pensados para personas que no viven con una condición de discapacidad. 

La discriminación estructural es fácilmente identificable en la educación en línea que excluyó aún más a los alumnos con discapacidad, profundizado y aumentado las brechas a las que de por sí ya se enfrentaban, algo que según la COPRED se obserba en el aumento del abandono escolar. 

“Hoy, algunas PcD no cuentan tampoco con medidas de inclusión en las plataformas de educación a distancia, por ejemplo. En tanto, las PcD visual no siempre pueden tener acceso a cualquier página web” señala el informe.