La salud en las precampañas

2 Febrero, 2018

Hay candidaturas presidenciales que podrían accidentarse, otras que lucen anémicas y alguna más que tal vez padezca una enfermedad terminal.

Sin embargo, la preocupación por lo saludable de las campañas de los principales aspirantes a la presidencia del país no debería distraernos de lo que tendrían que proponer para mejorar la salud de los mexicanos.  Una referencia al respecto la ofrece el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), en su reciente análisis sobre el Estado y perspectivas del Sistema Nacional de Salud.

El documento, fruto del diálogo con especialistas en salud del sector público y privado (el cual puede consultarse aquí: https://goo.gl/sc7nzh ), muestra que México, pese a incrementar cinco años la esperanza de vida al nacer de su población en las últimas tres décadas, se ha rezagado cada vez más respecto a otras naciones.

Así, mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se vivían cuatro años más que en México hace treinta años, esta distancia se ha incrementado a seis en la actualidad. Una de las razones por las que ha ocurrido lo anterior es por la pérdida de sintonía del sistema de salud con sus nuevos retos.

 

En México la esperanza de vida sólo ha incrementado cinco años

 

El sistema, debe enfrentar, cada vez  más,  enfermedades crónico degenerativas propias del envejecimiento de la población, como la diabetes y los males cardiacos, cuando todavía no termina de atender apropiadamente los padecimientos transmisibles, como los respiratorios y gastrointestinales, que llegan a reducir en ocho años la vida saludable de los menores de edad.

Esta falta de capacidad adaptativa del sistema de salud se debe principalmente a su organización fragmentada, lo inadecuado de su gasto y lo incompleto y costoso de la prestación de servicios.

 

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La fragmentación del gasto se observa en la coexistencia de múltiples agentes (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, instituciones de las entidades federativas y privadas y otros) que funcionan de forma paralela, captando recursos, administrándolos y prestando los servicios. El gran número de agentes y de las funciones que realizan obstaculizan la especialización, la coordinación y en último término la eficiencia en la atención a las necesidades de salud.

Lo inadecuado del gasto en salud puede percibirse en que la porción ejercida por el gobierno es apenas de 3% del PIB, cuando lo recomendado internacionalmente es el doble. Además, el gasto público suele beneficiar desproporcionadamente a las personas en mejor situación económica, es decir, es inequitativo.

Por si fuera poco, el gasto privado (2.8% del PIB) es gasto de bolsillo, que remedia y no anticipa los problemas de salud, como lo sería un seguro de vida, por lo que frecuentemente vulnera económicamente o empobrece a los hogares.

La dispersión organizativa y la falta de recursos tienen como consecuencia una cobertura incompleta de la población y el encarecimiento de la prestación de algunos servicios. 13.4% de la población se encuentra sin afiliación a algún sistema de salud público, siendo frecuente que la población que si está afiliada se haya registrado con más de un tipo de prestador de servicios.

Adicionalmente, la insuficiente presencia del sector público, podría estar permitiendo la existencia de poder monopólico en los proveedores de servicios de salud privados, evidenciada en sus altos precios.

Hay diversas medidas que podrían tomarse para comenzar a atacar estos problemas, pero todas conducen a construir un sistema universal de salud unificado, financiado con impuestos  y no mediante contribuciones laborales o cuotas familiares, como parte de un sistema de seguridad social universal. Este sistema, inevitablemente, requiere plantear una reforma fiscal para financiarlo, con posibles aumentos al IVA, a los impuestos a los ingreso o a la riqueza.

 

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Al respecto, la oferta de los candidatos presidenciales es muy disímbola. El puntero en la mayoría de las encuestas, López Obrador, plantea el derecho a la atención médica y medicamentos gratuitos para todos.

Esto apunta a un sistema de salud universal, en las líneas de lo que intentó para el Distrito Federal siendo Jefe de Gobierno, con la limitante de que no dice cómo lo conseguirá ni aclara que en realidad nada es gratuito, pues alguien tendrá que cubrir los costos del sistema.

 

En México, 13.4% de la población se encuentra sin afiliación a algún sistema de salud público.

 

El perseguidor más cercano de AMLO, Ricardo Anaya, no se ha involucrado directamente en decisiones sobre el sistema de salud, ni ha hecho una propuesta concreta sobre el tema. Por otra parte, pese a que ha hablado de reordenar los programas sociales teniendo como uno de sus ejes la salud, su propuesta de un Ingreso Básico Universal puede ser un elemento distractor al respecto. Este ingreso no debe ser la prioridad de la política social, sino la adecuada provisión de servicios públicos, como los de salud o los necesarios para una educación de calidad.

Finalmente, el candidato más rezagado, José Antonio Meade, heredó como secretario de hacienda un presupuesto público donde el ramo de salud se redujo 4% en términos reales y ahora plantea mantener el actual sistema, aunque fortaleciendo el Seguro Popular. Esto es un doble retroceso, pues no sólo se aleja del aumento recomendado para el gasto público, sino que abandona la promesa que en su momento hizo el presidente Peña Nieto de crear un sistema de seguridad social universal, con su correspondiente componente de salud.

Aún es tiempo para que los candidatos ofrezcan planteamientos concretos en materia de salud y, sin duda, una vara para medirlos será qué tanto se acercan a un verdadero sistema universal de salud financieramente sostenible.

 

Centro de Estudios Espinosa Yglesias

Twitter: @equidistar

Rodolfo de la Torre Rodolfo de la Torre Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.