Parteaguas

Los próximos meses definirán la presidencia de Claudia Sheinbaum en materia económica. La presidenta está parada justo en la coyuntura en la que, o se impulsa un plan económico con medidas arriesgadas, o se inicia un descenso del cual será muy difícil recuperarse.
El lamentable asesinato en plena vía pública de funcionarios y amigos muy cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con el modus operandi de una organización criminal de alto poder, trae de golpe a la memoria nacional que la inseguridad, aparejada con la corrupción política, es el mayor y más grave problema que enfrenta la mandataria para despejar el camino a la inversión.
Puntualmente, desde mayo de 2017 hasta la fecha la inseguridad pública aparece como la primera o segunda mayor preocupación de los expertos sobre los obstáculos para el crecimiento de la economía. Fue a partir de esa fecha que el Banco de México incluyó esa pregunta en su encuesta mensual. Estoy seguro de que, si la hubiera planteado antes, la respuesta hubiera tenido el mismo grado de preocupación. Hace mucho tiempo que la inseguridad es un grave problema para la economía mexicana y los empresarios y expertos lo han señalado.
Pero, nunca como ahora el poder y extensión de los grupos criminales representan un desafío para la gobernabilidad no solo de los municipios e incluso de los estados, que ha sido ampliamente documentada, sino también del Estado Mexicano a través de los partidos políticos, del poder judicial y legislativo, y de las empresas o instituciones del gobierno federal. Es innegable que en los últimos años ha avanzado la influencia del crimen organizado por políticas equivocadas del gobierno, alimentando un clima de inseguridad pública que inhibe la inversión.
Este preocupante panorama podría agravarse aún más con la próxima elección de jueces y magistrados de dudosa procedencia, bajo el aval de una elección judicial irresponsable. No solo es la politización de la justicia, que es cuestionable en sí misma porque rompe la necesaria imparcialidad y confiabilidad de la justicia para los ciudadanos y empresas, sino que abre una puerta aún más ancha a las poderosas organizaciones criminales para que accedan sin cortapisas al poder judicial.
Pero no solo es el tema de la inseguridad y del estado de derecho. En materia de comercio exterior, la presidenta ha manifestado repetidamente su apoyo al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC, que será renegociado en los próximos meses bajo las bases que ha impuesto el presidente Donald Trump.
Sin embargo, y contrario a su apoyo manifiesto, Sheinbaum ha seguido al pie de la letra la herencia de su antecesor para desmantelar los organismos autónomos de regulación y supervisión de mercados clave como la energía, telecomunicaciones o la propia competencia económica, contraviniendo las reglas del T-MEC y que, con alta probabilidad, se convertirán en importantes herramientas de negociación para los equipos de Trump.
En las definiciones de alto calibre que enfrenta la presidenta también está el futuro inmediato de Pemex que no encuentra salida viable, además de las agobiadas finanzas públicas que ha castigado los presupuestos para la educación o la salud públicas, negándose hasta ahora a plantear una necesaria reforma hacendaria de fondo.
La presidenta Claudia Sheinbaum está frente al parteaguas de su gobierno. El Plan México solo quedará en una lista de buenas intenciones de su gobierno, sino se decide a poner los cimientos para que lleguen las inversiones, y para que el nuevo comercio exterior de la era de Trump no pierda su rol como motor de la economía nacional.
