Las finanzas públicas del próximo sexenio

Es lógico que la atención se centre en las finanzas públicas del próximo año (el Paquete Económico 2024), sin embargo, me parece que lo más relevante es un casi inminente replanteamiento fiscal que iniciaría en 2025.

A diferencia de ajustes fiscales menores, los efectos potenciales de este replanteamiento perdurarían en las siguientes dos generaciones, es decir los siguientes 40 años.

Parto de una premisa sencilla: querer mantener requerimientos financieros del sector público federal (RFSPF) de 5.4% del PIB sería riesgoso y quizá no sostenible. Una meta realista sería bajar los RFSPF a 3.5% del PIB en dos años. Es decir, necesitamos una consolidación fiscal (aumento de ingresos, baja de gastos, o una combinación) de casi 2 puntos del PIB. Tendría que ocurrir en los primeros dos paquetes económicos del próximo sexenio. 

Cuando vemos lo que actualmente ocurre con Argentina, donde se está proponiendo un ajuste de 5% del PIB, el nuestro se ve más inocuo. De cualquier forma quiero argumentar que la consolidación fiscal referida pudiera ser bastante complicada para México. Encuentro por lo menos cuatro razones.

La primera razón es Pemex, un resumidero fiscal que ha gozado de enormes privilegios durante la presente administración. Entre rebajas en los derechos, aportaciones de capital, pagos de inversiones y pensiones, etcétera, la empresa ha recibido cerca de 1.5 billones de pesos. Sin medidas disciplinarias y objetivos financieros bien alineados, la debacle no pararía. Además, el problema fiscal concreto es la última reducción en los derechos, la renta petrolera ya es cercana a cero, y se perdió un instrumento de financiamiento público.

Políticas públicas

Crítico para Pemex que el precio del petróleo se mantenga alto

Una segunda razón se relaciona con el servicio de la deuda. Para 2024 la Secretaría de Hacienda proyecta un gasto de 3.7% del PIB. Si bien México tiene una deuda relativamente baja cuando se compara a economías similares, el aumento en tasas de interés tuvo un efecto considerable. La prevalencia de tasas altas por algunos años, volvería complicado reducir el servicio de la deuda. Es otro escollo para realizar una consolidación fiscal. 

Con una economía política muy difícil, el tercer obstáculo para la consolidación fiscal sería el pago de pensiones. Si bien el país realizó una reforma importante (en mi opinión bastante positiva considerando restricciones) en 2020, ésta se centró en Pilar 2, el sistema de contribución definida. La cuestión es que México tiene una enorme generación de transición con derecho a jubilarse bajo las reglas del sistema antiguo, de beneficio definido. Un replanteamiento fiscal pasa obligatoriamente por la contención del gasto público dedicado a pensiones^1.

La cuarta razón es por las necesidades de gasto público en salud. El 2.9% del PIB que se destina actualmente es insuficiente y los convenios recientes del IMSS-Bienestar van a presionar a desembolsos considerables. Secuelas de la pandemia, envejecimiento poblacional, infancia desatendida y una infraestructura deteriorada requieren mayor gasto público. Cómo fondear el gasto en salud es quizá el problema social más apremiante para la nueva administración. 

¿Necesitamos una reforma fiscal? Pues sí, la cuestión es que una pequeña ampliación del espacio fiscal no bastaría para garantizar la sostenibilidad de mediano plazo y atender las enormes presiones que tenemos actualmente. Debemos pensar en un replanteamiento fiscal como eje articulador de todas las políticas públicas. En mi opinión, hay tres “patas” que darían sustento al nuevo sistema. 

1. Reforma fiscal clásica. Se tendrían que revisar las bases gravables y de contribuyentes. Esto implicaría una discusión de los gastos fiscales, hay deducciones y tratos preferentes que resultan muy onerosos para el fisco, y sus beneficios sociales pueden buscarse con otras políticas públicas. También es necesario redoblar esfuerzos con respecto a la evasión, de la mano de control de efectivo y mayor digitalización en nuestro sistema financiero.  
2. Un nuevo modelo hacendario estatal. Más allá de la coordinación fiscal actual, donde modificar las fórmulas es juego de suma cero, debemos pensar el rol de las entidades federativas. Tienen que fortalecer sus ingresos propios y comprometerse a funciones de gasto, probablemente en infraestructura, salud y educación. Es muy importante que el aumento de ingresos llegue de la mano con transparencia fiscal y políticas públicas que mejoren el bienestar de la población. 
3. Modernización de la seguridad social. Un replanteamiento fiscal en México tiene que revisar el rol de la seguridad social; financiamiento de la salud, las pensiones, un sistema de cuidados, diseñar un seguro de desempleo, etcétera. En la gran mayoría de los países desarrollados las contribuciones a la seguridad social representan un gran componente de los ingresos públicos, México no tiene por qué ser la excepción. Obviamente, el reto es incorporar a la enorme población informal².

La viabilidad del próximo sexenio requiere un nuevo sistema fiscal. Tratar de resolver los problemas por medio de unos cuantos parches, quizá nos libraría de un problema financiero. Sin embargo, restringiría enormemente la capacidad del estado para realizar políticas públicas y mejorar nuestro bienestar. Esperemos que la coyuntura sirva para formular un nuevo pacto social vía lo fiscal; es una oportunidad inédita para México. 

[1] El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) ha proyectado que el gasto público federal en pensiones crecería más del 6% anual durante los siguientes doce años. Si la economía creciera 3% anual durante el próximo sexenio, el gasto pasaría del 5.8% en 2024 (proyección de SHCP) a casi el 7% del PIB en 2030. 

[2] Aquí desarrollo la idea: Necesidad de una nueva seguridad social.