Uso electoral del gasto social
La consulta de revocación de mandato ha sido un adelanto del posible uso del gasto social en las elecciones de 2024.
La elevación del gasto antes del proceso electoral, el cambio de foco de los programas sociales, de la pobreza a la ampliación de la base de votantes, y la amenaza de retiro de apoyos monetarios para orientar el voto son algunos de los comportamientos observados que pueden magnificarse en la próxima elección nacional.
Aunque la promoción indebida de la consulta y el acarreo fueron las irregularidades más denunciadas ante el INE el día de la votación, otras conductas, no necesariamente ilegales, fueron las que pudieron influir en mayor medida en la participación registrada y el sentido de la votación.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda analizados por México Evalúa, la Secretaría del Bienestar incrementó su gasto en el primer bimestre de 2022 en 45 mil millones de pesos, 156% más de lo que erogó en el mismo bimestre de 2021. Este aumento, casi en su totalidad para apoyos monetarios, no tiene precedentes en la última década, y es consistente con el propósito de crear un ambiente políticamente favorable al gobierno antes de una elección.
Otro elemento a considerar es la asignación del gasto social. También la Secretaría de Hacienda muestra, en su informe sobre recepción del gasto público, que la reciente política social ha reducido la proporción del gasto dedicado al 40% de la población más pobre para incrementarlo en 40% de ingresos intermedios. Esto amplía la base de posibles electores agradecidos por ser incluidos en los programas sociales, principalmente entre las clases medias urbanas.
Aunque puede cuestionarse el uso oportunista del gasto social que se desvía de atender prioritariamente a los más pobres, estas acciones no necesariamente son ilegales, pues pueden sacar provecho de los márgenes que permiten las reglas establecidas. De una naturaleza diferente son las amenazas de exclusión de los programas sociales o la coacción del voto como cobro de favores realizados a cierto grupo.
Diversos medios dieron cuenta de carteles sobre la revocación de mandato en donde se mencionaba que los apoyos sociales se encontraban en riesgo o que de plano serían retirados de no votar por la permanencia del presidente. También recabaron testimonios de beneficiarios de programas sociales que fueron presionados para participar en eventos para promover la consulta o para votar a favor del presidente.
Quizás el caso más dramático corresponde a la muerte de dos mujeres en el ejido de Nueva Victoria, municipio de San Fernando, Chiapas, que bajo amenaza de perder los apoyos de Sembrando Vida fueron conducidas a votar en la consulta y el camión donde viajaban volcó. Como compensación, la familia de una de las víctimas recibió 15 pollos, 6 kilos de arroz y 3 kilos de Maseca.
Es difícil saber hasta qué punto estas prácticas se extendieron en el país, cuestión que tendrá que determinar el INE examinando la validez de las denuncias presentadas al respecto. Por lo pronto se sabe que la región sur-sureste, donde los programas sociales tienen un mayor peso en el ingreso familiar, fueron los de mayor participación y apoyo al presidente en la consulta, y 58% de los votantes en el país fueron beneficiarios de programas sociales, según encuesta de El Financiero.
El panorama observado en la consulta de revocación de mandato muestra claramente la voluntad del gobierno en turno de manipular el calendario del gasto social, sesgar los apoyos a quienes no son pobres y coaccionar a los votantes amenazándolos con el retiro de los programas a los que tienen derecho. Esto, aunque no es nuevo, puede alcanzar dimensiones mayores a las del pasado y debe ser vigilado como una seria amenaza a nuestra democracia.
Rodolfo de la Torre
Actualmente es Director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Ha sido coordinador de la Oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, y Director de El Trimestre Económico, del Fondo de Cultura Económica (FCE). Fue parte del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Es economista por el ITAM, y maestro en Filosofía de la Economía por la Universidad de Oxford.
